Texto: Apro / Foto: Diego Simón Sánchez, Cuartoscuro
Ciudad de México, 22 de abril de 2018. Durante el segundo semestre de 2015, cuando José Antonio Meade Kuribreña asumió la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la dependencia consiguió incrementos presupuestales por 12 mil 645 millones de pesos que, sin pasar por el Congreso ni consultar a las dependencias previstas por la ley, tuvieron un destino incierto.
Un análisis presupuestal del gobierno permitió observar que dichos recursos servirían para beneficiar a 2 millones 466 mil adultos mayores y a otros 2 millones y medio de niños, ambos entre la población indígena y que, según estadísticas oficiales, no existen.
La anomalía en el manejo presupuestal fue informada a Miguel Ángel Osorio Chong, cuando era secretario de Gobernación; a las comisiones de Asuntos Indígenas y de Presupuesto y Cuenta Pública, de la Cámara de Diputados, así como a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que, sin embargo, no indagaron ni hicieron público lo ocurrido.
Mediante un programa llamado Pensión para Indígenas Adultos Mayores, de la Sedesol, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2015 había previsto fondos por el orden de 12 mil 958 millones de pesos. Pero a la llegada de Meade –hoy candidato a la Presidencia por la coalición Todos por México– se aplicaron modificaciones en el tercer y cuarto trimestres que, de manera inexplicable, aumentó a 23 mil 376 millones de pesos.
Los datos fueron identificados en 2016 por Jaime Martínez Veloz, entonces titular de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México (CDPIM), dependiente de la Secretaría de Gobernación, que denunció el comportamiento presupuestal anómalo del segundo semestre de 2015.
Al notar la modificación presupuestal, Martínez Veloz vio que el mencionado programa estaba destinado a indígenas de 65 años o más, una población objetivo variable, dependiendo de la definición estadística y la metodología, pero que en el gobierno federal tiene como base los resultados de la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).
Los datos del Inegi fueron interpretados por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), que contabilizó 892 mil 190 indígenas mayores de 65 años en todo el país.
El cálculo de Martínez Veloz fue elemental: un beneficiario del programa recibe una pensión mensual de 580 pesos, esto es 6 mil 960 pesos anuales. Por lo tanto, con el presupuesto de 12 mil 958 millones se podía atender a 1 millón 861 mil 800 personas, una cantidad que, conforme a la estadística oficial, era más del doble de la población objetivo.
Ya con el incremento presupuestal a 23 mil 376 millones de pesos se podría atender a 3 millones 358 mil 588 personas. Esto es, 3.8 veces la cantidad de adultos mayores indígenas que hay en México. Dicho de otra manera: partiendo del supuesto poco probable de que todos los adultos mayores indígenas hubieran recibido el beneficio, quedan 2 millones 466 mil 398 beneficiarios que no existen.
Conforme al análisis realizado por la CDPIM, en 2016 y 2017 los recursos asignados al programa Pensión para Indígenas Adultos Mayores, volvió a los niveles que tenía originalmente en el PEF de 2015.
“La cuestión es: ¿qué hicieron con los millones de indígenas mayores de 65 años que incorporaron en 2015? ¿En 2016 ya no los apoyaron? ¿Los desaparecieron de los padrones? ¿O en realidad nunca existieron?”, plantea Martínez Veloz en entrevista.
También los niños
Como ocurrió con los recursos para los adultos mayores pasó también con lo destinado a niños beneficiarios del Programa de Estancias Infantiles Indígenas: hubo un incremento de mil por ciento, pero los recursos no reflejaron una ampliación de estancias ni de niños beneficiarios.
En el mismo segundo semestre de 2015 la partida para dicho programa se incrementó de 228 millones a 2 mil 515 millones de pesos.
Según datos oficiales, disponibles en el Portal de Obligaciones de Transparencia de la Sedesol, en 2014 había 9 mil 504 estancias infantiles indígenas en el país que atendían a 290 mil 175 niños.
Al concluir 2015, los datos oficiales establecen que había 9 mil 534 estancias infantiles –sólo 30 más– en las que se atendía a 303 mil 374 niños, esto es 13 mil 199 infantes más, una cifra que de por sí, parece desproporcionada en el análisis de la CDPIM.
Una vez más la operación es sencilla y el contraste insostenible, asumiendo que la información sobre cantidad de estancias y niños beneficiarios es verídica: el presupuesto para esas estancias creció 1,000%, pero la cantidad de estancias aumentó sólo 0.3% y el número de beneficiarios, 4.5%.
Para 2016 el presupuesto volvió a ser como se había programado en el PEF 2015, por lo que el entrevistado vuelve a plantear:
“¿Dieron de baja a niños no indígenas para incorporar indígenas? ¿A mitad de año? ¿Cómo supieron que eran indígenas los que incorporaron? ¿Y dónde están los expulsados del programa?”
En total, con esos dos programas, la cantidad irregular asciende a 12 mil 645 millones de pesos.
Los denunció
El pasado 10 de enero Martínez Veloz presentó su renuncia a la CDPIM, pero aclara: “Que no se cuestione por qué no denuncié antes”. Luego ofrece los documentos con sello de recibido en 2016 y 2017.
En dos oficios dirigidos a Osorio Chong (SG/CDPIM/109/2017 y SG/CDPIM/110/2017, del 2 y el 5 de octubre de 2017, respectivamente, de los que Proceso tiene copia), Martínez Veloz entregó un análisis del presupuesto destinado a programas relacionados con la población indígena.
Los oficios fueron entregados también, en las mismas fechas, a los diputados Vitalico Cándido Coheto Martínez, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, y a Charbel Jorge Estefan Chidiac, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, ambos priistas, así como al auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal.
Con base en el artículo 26, fracción I, del PEF 2017, las disposiciones de operación de programas en materia indígena deben considerar la participación de la CDI, así como de la CDPIM, por lo que Martínez Veloz hizo la revisión, encontrando una reducción drástica a todos los programas del rubro, así como las irregularidades respecto a las que expuso:
“En diversos análisis de las erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos indígenas, elaborados por esta Comisión, se ha documentado la falta de claridad acerca de los criterios y metodologías usadas por estos programas para identificar a la población indígena y ejercer los recursos etiquetados, lo que implica que mientras los recortes al presupuesto sí impactaron directamente a la población indígena, los incrementos compensatorios no representaron beneficios adicionales a este sector de la población.”
Añade: “Nos dimos cuenta de que en el tercer trimestre de 2015, cuando entra José Antonio Meade a Sedesol, se disparó la inversión. Naturalmente no consultaron a la CDI ni a la CDPIM, fue un acuerdo de Sedesol con Hacienda, donde era titular Luis Videgaray”, explica.
Y suelta: “A los indígenas en términos presupuestales les fue mal con Meade. Tuvimos reuniones con el Congreso, con representantes de pueblos indígenas, y aunque hubo diputados que apoyaban que al menos se establecieran los mínimos para esta dependencia, a final de cuentas quedó tal como lo presentó Meade.”
Su conclusión: “Lo que puedo decir es que inventaron 1 millón y medio de indígenas mayores de 65 años que no existen en el país, que son fantasmas. No hay forma de justificarlo, te lo digo categóricamente. Lo que hizo (Meade) con la CDI fue quitarle recursos, y de eso que le quitó lo mandó a la Sedesol para atender un grupo fantasma, un grupo que no existe, de beneficiarios”.
