Texto: Apro / Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro
Ciudad de México, 29 de abril de 2018. El pasado 18 de marzo, al registrar su candidatura en el Instituto Nacional Electoral (INE), José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México, exclamó: “Nadie con fuero, todos iguales ante la ley; ningún privilegio más que el de ser mexicanos”. Y anunció que solicitaría a los legisladores eliminar el fuero en todos los niveles. Un mes después, el jueves 19 de abril, los diputados aprobaron la reforma constitucional que eliminaba el fuero incluso para el presidente. Tres días después, durante el primer debate entre los cinco aspirantes a la Presidencia, Meade pudo vanagloriarse de que él podría ser el primer mandatario sin fuero.
Los priistas y sus aliados (los partidos Verde Ecologista de México y Nueva Alianza) cuentan con 255 diputados; por lo tanto, pueden aprobar por sí mismos las reformas legislativas, como sucedió con las leyes de Seguridad Interior y de Comunicación Social. Y aunque en este caso se trata de una reforma constitucional, por lo cual los legisladores requerían el voto de las dos terceras partes de los presentes, la irritación social es tal que ningún grupo parlamentario se opuso a la reforma, que fue aprobada por unanimidad.
Unos días antes, el martes 10, los diputados aprobaron la Ley de Comunicación Social para cumplir formalmente con el mandato del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación antes del 30 de abril de este año, sin bien en este caso lo hicieron con el rechazo de todos los legisladores de la oposición, de las organizaciones de la sociedad civil y hasta de los relatores especiales para la libertad de expresión de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos.
Las motivaciones son muy distintas. En el primer caso, los legisladores de los partidos integrantes de la coalición que postula a Meade querían darle armas a su candidato presidencial para tratar de alentar su desangelada campaña, aunque la eliminación del fuero en la Constitución no modificará en nada la impunidad de la que gozan los funcionarios mexicanos de primer nivel, pues lo que realmente falta es voluntad política para sancionar sus atropellos, arbitrariedades, abusos y corruptelas.
Un estudio elaborado por la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República señala que de 1917 a la fecha han sido desaforados ocho legisladores o funcionarios, de los cuales únicamente dos han sido condenados y uno se encuentra prófugo. El desafuero de estos ocho políticos de alto rango demuestra que el fuero no es sinónimo de inmunidad; sin embargo, el hecho de que más de la mitad de estos desaforados fueran exonerados sin ser sometidos a juicio penal también demuestra que la motivación para proceder no es la gravedad del delito o la contundencia de las pruebas, sino la consigna política que reciban los legisladores.
Un caso muy representativo de la anterior afirmación es el de Carlos Madrazo Becerra, en 1945, quien fue perseguido por el presidente Manuel Ávila Camacho por haber apoyado la precandidatura de Javier Rojo Gómez. Madrazo fue desaforado, encarcelado y sometido a juicio, del que fue exonerado, tras lo cual se reintegró a sus funciones como legislador; luego fue gobernador de Tabasco de 1959 a 1964 y, finalmente, presidente del CEN priista en el periodo 1964-1965.
Primero le fabricaron a Madrazo y a dos colegisladores un delito de tráfico de braceros para sancionarlos por su cercanía política con quien había competido con el presidente en turno. Sin embargo, con el cambio de presidente, pudo continuar su carrera política hasta que se confrontó con otro presidente: Gustavo Díaz Ordaz.
Otros casos sintomáticos son el de Jorge Díaz Serrano, en 1983, quien sí fue condenado; el de René Bejarano, en 2004, que tras estar en prisión preventiva fue exonerado, y en 2005 el de Andrés Manuel López Obrador, quien ni siquiera fue sometido a proceso, pues el juez negó la orden de formal prisión.
Es evidente que la clave para proceder o no en contra de un legislador o de un alto funcionario protegido por el fuero es su cercanía o lejanía con el gobernante en turno. Y mientras no exista una fiscalía autónoma, la situación no cambiará, haya fuero o no haya fuero constitucional, pues seguirá siendo el presidente quien lo ordene.
En el segundo caso, la motivación es simplemente cumplir formalmente con el mandato de la Corte, pero no perder la discrecionalidad para seguir usufructuando el presupuesto público para fines particulares. La apuesta en ese caso es que a la población en general no le interesa el tema del gasto en publicidad y, por lo tanto, la nueva legislación pasará inadvertida.
La ley aprobada por los diputados, de acuerdo con lo señalado por los relatores especiales Edison Lanza, de la CIDH, y David Kaye, de la ONU, deja un amplio margen de discreción a las autoridades para establecer criterios para la asignación y uso de los fondos gubernamentales para publicidad; no prohíbe claramente el uso de la publicidad oficial para fines electorales o partidarios; tampoco tiene un sistema efectivo de rendición de cuentas en caso de que la norma sea incumplida.
Según las organizaciones de la sociedad civil, esa ley no limita la capacidad de la Secretaría de Hacienda de realizar adecuaciones presupuestarias; permite la difusión de los informes de labores o gestión, pues no los considera campaña de comunicación social; centraliza el poder en la Secretaría de Gobernación al darle la atribución de elaborar el padrón de medios, y no establece criterios que permitan distinguir información de publicidad.
Como esta ley se atoró en las comisiones del Senado y existe el riesgo de que quien emerja de las elecciones del 1 de julio no tenga mayoría, los priistas ya operaron para pasarla directamente al pleno y aprobarla por mayoría de votos, pues lo importante es cumplir con la Corte y mantener el manejo discrecional del recurso público.
Se trata de dos procesos legislativos que arrojan una reforma constitucional y una nueva legislación, las cuales no cambiarán absolutamente nada de la vida política de los mexicanos, en el primer caso por la falta de voluntad política para realmente perseguir los delitos cometidos al amparo de un puesto público; y, en segundo, por una legislación que lo único que hace es legalizar el reparto discrecional del dinero público a los medios de comunicación, para utilizarlo como un medio más de control político.
Pero eso sí, el candidato presidencial de la coalición que encabeza el PRI se encargó de presumir la ley antifuero en el primer debate, aunque su iniciativa fue la última de las 33 que se incluyeron en el dictamen que aprobó la Cámara de Diputados, mientras que en el caso de la Ley de Comunicación Social se pretenderá ocultar el atropello que cometieron nuevamente los legisladores priistas.
