La Oficina de Investigación del caso Ayotzinapa se negó a investigar la comunicación telefónica de los políticos al mando de los tres poderes de gobierno, mandos policiacos y militares en la zona, denuncia el padre Mario González
Lourdes Chávez
Chilpancingo
Desde que tomó el caso la Procuraduría General de la República (PGR) debió hacer el análisis de datos que hizo la agencia civil de investigación Forensic Arquitecture, a partir de estudios geográficos y pruebas públicas, que confirman la coordinación, colusión y omisión de autoridades de los tres niveles de gobierno en los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala contra los normalistas de Ayotzinapa, recriminó el padre de uno de los 43 desaparecidos, Mario González Contreras.
Denunció que la mayor preocupación de los padres es que las autoridades sigan encubriendo a los funcionarios públicos que intervinieron en los hechos, porque hay avances sustantivos a casi tres años de los ataques.
Mencionó que de 180 detenidos por este proceso sólo 70 están acusados por hechos relacionados con sus hijos, pero no por desaparición forzada, sino por secuestro.
También denunció que las autoridades no han tocado a los policías municipales de Huitzuco ni a lo policías federales, implicados en la escena del crimen frente al Tribunal Superior de Justicia, de donde se llevaron a un grupo de los 43 desaparecidos.
Señaló que ningún juez quiere asumir el caso porque los obliga a ir a un juicio oral público, tal vez sin las pruebas apropiadas.
Ratificó que los padres no van a aceptar ninguna información oficial de la investigación sin respaldo científico, pues especialistas independientes confirmaron por enésima vez, con la propia información oficial, que los crímenes contra los normalistas en Iguala fueron cometidos por el Estado, no por criminales de una banda de narcotraficantes.
Lamentó la cerrazón del gobierno federal porque no ha desmentido ante la opinión pública la versión oficial del basurero de Cocula que sostuvo todo este tiempo, de que los estudiantes fueron cremados y las cenizas lanzadas a un río, lo que llamó “la verdad histórica”.
La agencia de investigación con base en Goldsmiths, Universidad de Londres, examinó las versiones públicas del expediente e informes derivados de la investigación de la PGR, los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI) y trabajos de periodistas como John Gibler, para diseñar una plataforma que permite relacionar múltiples piezas de evidencias, que revelan contradicciones entre diferentes declaraciones de presuntos implicados en los hechos, y muestran el nivel de colusión entre diferentes actores de gobierno que operaron en las escenas del crimen.
El jueves en conferencia de prensa en la Ciudad de México informó las conclusiones de su análisis, y está a disposición de la población el material digitalizado en un mapa interactivo de Iguala, en la página www.plataforma-ayotzinapa.org.
Pese a que no había pruebas científicas que permitieran verificar la veracidad de la tesis del basurero de Cocula, el cruce la telefonía celular que se presenta derriba por completo los testimonios que sostenían esa versión.
El señor Mario González aclaró que los padres han accedido a muchos datos en decenas de reuniones con las autoridades, y ningún especialista del gobierno fue capaz de hacer cruces de información para definir el paradero de sus hijos, “porque la PGR no quiere decir que los tres niveles de gobierno están involucrados, como lo hemos gritado todo este tiempo”.
Con este material, indicó, son claros todos los elementos que se tienen y a los que se puede recurrir para resolver el caso.
Mencionó que seis cámaras de circuito cerrado del Palacio de Justicia se perdieron en algún lado, sin que haya ningún responsable de la evidencia, y que el trabajador del poder Judicial que observó el material videográfico no fue llamado a declarar.
Afirmó que con lo que se tiene es posible avanzar, pero en el análisis de la telefonía hay temas que la Oficina de Investigación del caso Ayotzinapa se negó a hacer, y es investigar la comunicación telefónica de todos los políticos al mando de los tres poderes de gobierno, los principales mandos policiacos y militares en la zona la noche de los ataques y los días siguientes.
Destacó el trabajo de la agencia civil de investigación, porque la investigación científica con respaldo de la tecnología, “nos abre más el panorama, desgraciadamente la PGR no ha hecho su trabajo, por cerrazón o encubrimiento”.
