Texto y foto: EFE
Tegucigalpa, Honduras, 20 de junio de 2018. Un juzgado de Honduras ordenó la apertura de juicio oral contra ocho hondureños acusados por el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, asesinada el 3 de marzo de 2016 en el occidente del país, informó este martes una fuente oficial.
El proceso oral se celebrará en el Tribunal de Sentencia con jurisdicción nacional entre el 10 y 28 de septiembre próximo, indicó el Ministerio Público en un comunicado de prensa.
Los imputados son Mariano Díaz Chávez (oficial del Ejército), Douglas Geovanny Bustillo (exmilitar), Sergio Ramón Rodríguez, gerente de la empresa Desarrollo Energéticos (DESA), una compañía a la cual Cáceres se enfrentó por defender el río Gualcarque, donde esa firma pretendía construir la represa hidroeléctrica Agua Zarca.
También están imputados Elvin Heriberto Rápalo, Henry Javier Hernández, los hermanos Edilson y Emerson Duarte Meza, y Óscar Arnaldo Tareas.
Los ocho son acusados por el Ministerio Público del asesinato en perjuicio de Cáceres y asesinato en su grado de ejecución de tentativa del ambientalista mexicano Gustavo Castro, único testigo del crimen y quien ese día era su huésped y resultó herido de bala, aunque no de gravedad.
Cáceres, quien era coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fue asesinada el 3 de marzo de 2016 en su casa en la ciudad de La Esperanza, occidente del país, por dos hombres armados.
El delito de asesinato es castigado en Honduras con una pena de hasta 30 años de cárcel, mientras el de asesinato en su grado de ejecución de tentativa con hasta 20, según el Código Penal.
Las autoridades hondureñas arrestaron en marzo a un ejecutivo de alto rango de la empresa DESA acusado de ser uno de los autores intelectuales del asesinato de Cáceres, tras cumplirse dos años del crimen.
Roberto David Castillo, presidente ejecutivo de DESA, supuestamente fue el encargado de proporcionar la logística y otros recursos a uno de los autores materiales ya procesados por el asesinato de la líder indígena, según el Ministerio Público.
Un informe presentado a finales de octubre de 2017 presentado por el Grupo Internacional de Personas Expertas (GAIPE) responsabiliza de la muerte de Cáceres a ejecutivos de DESA, a la que la ambientalista se oponía.
