Texto y foto: EFE. En la imagen, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Julio César Reyes.
Caracas, Venezuela, 26 de junio de 2018. El Parlamento venezolano, controlado por la oposición, repudió hoy las “torturas” a los “presos políticos militares” y exigió su libertad, luego de que familiares de algunos de los detenidos denunciaran golpes y maltratos por parte de funcionarios del Estado.
“Reiteramos el repudio a la tortura y violación de derechos humanos”, dijo el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Julio César Reyes, tras un extenso debate sobre la “violación de los derechos humanos a los militares privados de libertad”.
Los diputados opositores, que como de costumbre fueron los únicos en asistir a la Cámara, pidieron también la libertad de los 152 “presos políticos militares” que aseguran hay en el país por “cumplir” y “defender” la Constitución.
Dentro de estos considerados “presos políticos militares” el Legislativo venezolano asegura que hay “oficiales generales, oficiales superiores, oficiales subalternos y personal profesional de tropa”.
El Parlamento venezolano recibió el miércoles pasado un proyecto de Ley de Amnistía por parte de la ex fiscal general Luisa Ortega Díaz –destituida luego de mostrar sus diferencias con el Gobierno de Nicolás Maduro–, que asegura seguir trabajando desde el exilio a favor de la justicia venezolana.
Ortega Díaz dijo en ese momento que la norma –que será evaluada por el Legislativo que la sigue reconociendo como fiscal general– servirá “para adoptar tratamientos especiales para civiles, militares y policías del Estado que hayan ejecutado acciones destinadas al restablecimiento del orden democrático”.
Desde el Gobierno venezolano, el propio presidente Nicolás Maduro ha reconocido supuestos planes de “conspiración” dentro de la Fuerza Armada y a finales de mayo pasado ordenó que fuese firmado en los cuarteles un documento que exige lealtad a su Gobierno.
El domingo pidió a los militares mantener “la guardia en alto” ante los supuestos “cantos de traición” que salen desde Colombia, una nación a la que con frecuencia responsabiliza de los problemas del país petrolero.
