Texto: Daniel Velázquez / Foto: El Sur
Acapulco, Guerrero, 12 de julio de 2018. Este año el gobierno federal destinó 9 millones 700 mil 889 pesos para Guerrero como parte del Programa Nacional de Prevención del Delito (Pronapred), los que se repartirán entre Acapulco y Chilpancingo, que son los dos únicos municipios donde se aplicará el programa.
El monto etiquetado para Guerrero es 14 veces menos a lo que se ejerció en 2016 cuando fueron 149 millones 326 mil 095 pesos con 76 centavos. El Programa Nacional de Prevención del Delito fue suspendido en 2017 porque no fue presupuestado dinero para su operación.
Para este año Acapulco recibirá 5 millones 996 mil 382 pesos para la prevención del delito, una cantidad 11.5 veces menor a la que se destinó en 2016 que fue de 73 millones 871 mil 512 pesos con 72 centavos.
Para Chilpancingo se destinarán 3 millones 704 mil 507 pesos, una cifra 5.5 veces menor a la que ejerció en 2016 cuando fue de 25 millones 167 mil 456 pesos con 66 centavos.
Iguala, Cocula, Zihuatanejo y Chilapa, quedaron fuera del Programa Nacional de Prevención del Delito para este año, de acuerdo con el convenio de coordinación y adhesión para el otorgamiento de apoyos a las entidades federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito suscrito entre el gobierno federal y el gobierno del estado, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado.
En 2016 se destinaron para el estado de Guerrero 149 millones 326 mil 095 pesos con 76 centavos, de los cuales 73 millones 871 mil 512 pesos con 72 centavos fueron para Acapulco; 25 millones 167 mil 456 pesos con 66 centavos para Chilpancingo; 18 millones 591 mil 991 pesos con 86 centavos para Iguala y Cocula; 15 millones 259 mil 958 pesos con 17 centavos para Zihuatanejo, y 16 millones 435 mil 176 pesos con 35 centavos para Chilapa.
De acuerdo con el convenio, los objetivos que deberá perseguir el gobierno del estado con el dinero etiquetado son incrementar la corresponsabilidad de los ciudadanos y actores sociales en la prevención social de la violencia y la delincuencia mediante su participación y desarrollo de competencias; reducir la vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia de las poblaciones de atención prioritaria.
Además, generar entornos que favorezcan la convivencia y seguridad ciudadana y fortalecer las capacidades institucionales para la seguridad ciudadana en los gobiernos municipales, demarcaciones territoriales, entidades federativas y federación.
Entre las estrategias que sugiere están las de desarrollar medidas que disminuyan los factores de riesgo de que niñas, niños, adolescentes, mujeres, migrantes vivan situaciones de violencia y delincuencia.
Otras de las sugerencias son brindar atención integral a los reos en los penales, fomentar la apropiación de los espacios públicos y favorecer la proximidad entre las instituciones policiales y los ciudadanos.
También propone “impulsar mecanismos que posibiliten la evaluación, comunicación y rendición de cuentas en acciones y resultados de prevención social”.