Global Witness advirtió que no será posible garantizar un futuro sostenible para las comunidades si éstas no pueden decidir y participar en la toma de decisiones sobre su futuro y sus recursos naturales.
Texto: Agencia Reforma / Apro / Foto: Twitter @Global_Witness
Ciudad de México, 24 de julio de 2018. La organización internacional Global Witness hizo hoy martes un llamado al virtual Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a priorizar la protección y defensa de las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente.
Durante la presentación del informe ¿A qué precio?, que da cuenta del asesinato de 15 ambientalistas en México en 2017, Ben Richard Leather, encargado de incidencia de la ONG, advirtió que estos activistas enfrentan altos riesgos en el país.
Encargado de incidencia de la organización no gubernamental, Leather pidió en un videomensaje a López Obrador que se comprometa a que durante su gobierno se implementará de manera “eficaz y cabal” la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como que se garantizará la participación de las comunidades en la toma de decisiones de mega proyectos.
En la misma pauta, pidió terminar con impunidad que permea en los casos de los activistas asesinados, y que sus actividades pro defensa de los derechos de la tierra se conviertan en la principal línea de investigación a seguir por las instancias de justicia.
“Sabemos que (López Obrador) ha dicho que su gobierno será de derechos humanos y sin corrupción, pero va a ser imposible si quienes los defienden están en situaciones de riesgo, si quienes denuncian están sufriendo agresiones y asesinatos y si no los incluyen en su toma de decisiones sobre el futuro”, señaló Leather.
“Queremos hacer un llamado al Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, queremos que el aborde esta temática de una forma prioritaria en su nuevo gobierno, garantizando la participación de comunidades en la toma de decisiones”, agregó.
“A través de leyes prácticas que funcionan, implementando de forma eficaz y cabal la ley de protección e implementando las recomendaciones del espacio de organizaciones de la sociedad civil”.
Dicho informe advierte que los asesinatos de ambientalistas creció cuatro veces el año pasado, pues pasó de tres en 2016 a 15 en 2018.
“Por lo tanto, esa–su activismo por la defensa de la tierra y los recursos naturales– tiene que ser una prioridad para su gobierno y para su equipo de transición”, enfatizó Leather en el mensaje grabado, transmitido en las oficinas de Cencos.
Destacó que, además del Estado mexicano, es importante que otros actores actúen para frenar la violencia contra los ambientalistas, entre ellos las empresas.
Recomendó acciones para quitar las causas fundamentales del problema y garantizar que las comunidades puedan participar y decidir sobre el uso de su tierra y recursos; apoyar y proteger a los defensores; y garantizar rendición de cuentas y justicia ante ataques y amenazas.
Acusan incursión del crimen en la Tarahumara
Isela González, de la Alianza Sierra Madre, alertó que distintas comunidades de la Sierra Tarahumara de Chihuahua están tomadas “fácticamente” por grupos del crimen organizado.
Explicó que dichos grupos no sólo explotan ilegalmente los recursos naturales, sino que ocasionan desplazamientos forzados y recurren a la violencia para amedrentar a los defensores de la tierra.
Las agresiones van desde amenazas de muerte y hostigamientos, hasta asesinatos, como los ocurridos en 2017 en contra de los activistas Juan Ontiveros e Isidro Baldenegro.
“Pueden imaginar la dificultad que encierra defender los derechos humanos, pero sobre todo la dificultad que encierra para los propios integrantes de las comunidades, que están defendiendo su territorio”, manifestó.
“Hay falta de atención por parte del Estado mexicano; nos estamos enfrentando a intereses económicos, empresas madereras, a intereses de caciques que por décadas han tratado de despojar de los territorios principalmente muy ricos en madera de pino”.
Por su parte, Alejandra Leyva del colectivo Espacio OSC explicó que existe un aumento de las personas, organizaciones y colectivos que han pedido la protección al mecanismo federal de protección para Periodistas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, sin que a la par existan políticas públicas adecuadas que garanticen la labor de estas personalidades.
La petición de las organizaciones que conforman el Espacio OSC consiste en que los tres órdenes del nuevo gobierno cumplan con las 58 recomendaciones que las organizaciones de este colectivo entregaron al gobierno federal en 2017, con el objetivo de defender a periodistas y activistas, destacando como aspecto primordial la capacitación al personal del mecanismo de protección.
Durante su intervención, Alberto Solís, integrante de Serapaz, también pidió a López Obrador reunirse con las organizaciones sociales que llevan el tema.
El informe
De acuerdo con el informe 2017 de Global Witness, ese año fue el “más violento y sangriento” para los defensores de la tierra, el territorio y el medio ambiente al registrar 207 asesinatos de activistas a nivel mundial.
La frecuencia de asesinatos de ese año fue de cuatro activistas asesinados cada semana; los enfrentamientos con la agroindustria fue la principal causa de muerte de estos defensores, después de la minería, la tala de árboles, las empresas hidroeléctricas y la caza ilegal de animales.
En contraste, el 60 por ciento de los asesinatos ocurrieron en América Latina, porcentaje que lo posicionó como la región más violenta para los defensores de la tierra. Dentro de este porcentaje, 15 casos ocurrieron en México.
Ben Richard Leather refirió que, si bien México ya había ocupado reflectores por sus altas agresiones, este año la organización le dedicó un apartado especial en su informe anual por la tendencia “bastante fuerte” de los asesinatos en el último año.
Las causas que la organización logró registrar para este incremento fueron la propagación del crimen organizado en las comunidades con recursos naturales, la impunidad persistente, la falta de protección del gobierno, y la falta de garantías de las comunidades en la toma de decisión sobre el uso de su tierra y sus recursos naturales.
“Es un deber del estado proteger a sus ciudadanos, sus derechos y que los defensores pueden llevar a cabo sus labores sin miedo”.
