Denuncian ante el Tribunal Internacional de Conciencia la complicidad de los cuerpos policiacos con los grupos criminales. En uno de los casos se han entregado datos de cuántos y quiénes levantaron a un familiar y en dónde se encuentra, pero los agentes no han querido intervenir.
Texto: Zacarías Cervantes / Foto: Jesús Guerrero
Chilpancingo, Guerrero, 16 de agosto de 2018. Familiares de víctimas de desaparición y secuestro denunciaron ante el Tribunal Internacional de Conciencia que por la complicidad de los cuerpos policiacos con los grupos criminales no se investigan los casos, y demandaron respaldo internacional para promover acciones legales en contra de las autoridades.
Entre sollozos de rabia e impotencia familiares de víctimas de la violencia contaron sus testimonios a los integrantes del organismo en la segunda audiencia este miércoles, en las instalaciones del ex seminario del Padre Humberto Osorio.
Escucharon los testimonios James Smit, José Luis Fuentes, Gilberto Saucedo, Stefany Bello, Carmen Matus y Raymundo Díaz Taboada que formaron parte del jurado.
Ante ellos la presidenta del colectivo de Padres y Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados en el Estado y en el País (Colectivo Chilpancingo), Guadalupe Rodríguez Narciso contó que ha sido ella la que ha investigado la desaparición de su hijo Josué Molina Rodríguez, ante la omisión de las autoridades.
Su hijo fue levantado en junio de 2014, y aún cuando ha aportado datos tanto a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a la Procuraduría General de la República (PGR) para la ubicación de su hijo, así como para encontrar a los responsables, no han actuado, debido a la complicidad con el grupo criminal que se lo llevó.
Josué Molina Rodríguez es abogado y su sueño era llegar a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia, por eso comenzó a trabajar con una magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado que después llegó a ser presidenta, manifestó la madre del desaparecido, en referencia a la magistrada Lambertina Galeana Marín. Ella le prometió que lo ayudaría para que entrara a trabajar en algún juzgado, pero le pidió que esperara la oportunidad.
Sin embargo no alcanzó a lograr su sueño porque aproximadamente a las 4 de la tarde del 4 de junio de 2014, al menos tres hombres armados lo levantaron frente a la Escuela Secundaria Técnica número 30 en la colonia Alianza Popular, cerca de su casa. Antes había recibido una llamada telefónica de una joven que lo citó en ese lugar, y a pesar de que hubo quien reportó la privación de su libertad al número de emergencia, ningún cuerpo policiaco llegó para auxiliarlo, cuando las instalaciones de la Policía Municipal se encuentran a una cuadra.
Rodríguez Narciso contó que las cámaras de vigilancia registraron que los hombres armados pasaron frente a las instalaciones del cuartel de la Policía Municipal custodiado por vehículos adelante y atrás.
Dijo que durante casi una hora lo anduvieron paseando por la ciudad y que aproximadamente a las 5 de la tarde lo llevaron a sacar dinero de un cajero, y que durante ese tiempo ninguna corporación policiaca intervino para rescatarlo.
Agregó que presentó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y ante la Procuraduría General de la República (PGR), pero no han hecho nada para detener a los responsables y ubicar el lugar en donde se encuentra su hijo.
Contó que ha entregado datos de cuántos y quiénes son los que intervinieron para levantarlo y en dónde se encuentra, porque aseguró que sabe que está vivo, pero no han querido intervenir.
Denunció que ha recibido amenazas y persecución de los integrantes del grupo criminal que se lo llevó. Aseguró que han ido a vigilarla a su casa y que a raíz de ello fue beneficiada con medidas cautelares, pero que lo único que le han proporcionado es un botón de pánico y una alarma.
En conclusión denunció que “la policía no apoya a los familiares de las víctimas, sino a los grupos criminales”.
Otra de las víctimas es Yolanda Álvarez Antúnez, integrante del colectivo Madres Igualtecas, ella contó un caso de impunidad similar por el secuestro de su esposo Luis Alberto Castillo y el de ella.
Narró que en 2013 su esposo fue secuestrado por varios hombres armados afuera de una tienda que tenían en Iguala. Durante 7 días le estuvieron exigiendo el pago del rescate pero no alcanzaba a reunir la cantidad que le pedían. La noche del séptimo día le exigieron que les llevara lo que tenía.
Acompañada de su cuñado en una camioneta vieja casi a las 9 de la noche, salieron rumbo a un pueblo en donde les indicaron que entregarían el dinero, pero allí un grupo armado los interceptó y se los llevó por un camino de terracería a un sitio despoblado, en donde les dijeron que estaban secuestrados porque Luis Alberto Castillo se les había escapado y que además no les habían llevado el dinero completo. Entonces le exigieron a Yolanda que les diera algún nombre de quien pagaría su recate.
Yolanda les dio el nombre de su hermano con quien los secuestradores se comunicaron para exigirle el pago por su libertad.
Cuando su hermano reunió el dinero lo mandó con el hijo mayor de Yolanda, pero al llegar los secuestradores contaron el dinero y aseguraron que les faltaban 2 mil pesos y que ahora se quedaría el joven para que ella fuera a conseguir el resto. Mediante súplicas de ella y su cuñado los secuestradores finalmente los dejaron libres a todos.
En el camino Yolanda preguntó a su hijo cómo estaba su padre y le contestó que no había llegado.
Añadió que presentó la queja ante la Procuraduría de Justicia del Estado (hoy Fiscalía General del Estado), pero que en vez de que investiguen, los agentes siempre la cuestionan cuando les proporciona datos, “¿y usted cómo sabe eso”?.
Además aseguró que los agentes nunca han ido a investigar al sitio donde ella les ha dicho que la tuvieron secuestrada y que cree que también pudieron haber tenido a su esposo.
Admitió que no tiene esperanza de encontrarlo vivo porque cuando lo secuestraron padecía de diabetes y ya estaba muy enfermo, “ya no veía bien y tenía que aplicarle constantemente insulina”.
Contó que su mayor anhelo es encontrar cuando menos sus restos, “no me hago a la idea de que esté vivo, él ya estaba muy mal”, insistió, pero dijo que la ahora Fiscalía no investiga aun cuando ha proporcionado datos importantes que pudieran llevar a la localización de sus restos.
Yolanda Álvarez y Guadalupe Rodríguez demandaron el respaldo del organismo internacional no sólo para la localización de sus desaparecidos, sino para promover acciones legales por la omisión de las autoridades, que no hacen nada por investigar los casos.
Denunciaron que la causa es por la complicidad de los cuerpos policiacos con los grupos criminales, y que por eso también los familiares se encuentran en grave riesgo y tienen miedo a denunciar.
Rodríguez Narciso aseguró que incluso hay algunos familiares que han sido privados de su libertad saliendo del Ministerio Público o de la Fiscalía, cuando van a presentar denuncias o a proporcionar datos para localizar a sus desaparecidos.
