Texto: DPA y EFE / Foto: Andrés Yáñez, Cuartoscuro. Alumnos de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa se manifestaron en contra del gobernador de la entidad, Héctor Astudillo, el pasado 9 de agosto de 2018.
Ciudad de México, 29 de agosto de 2019. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, actúa de manera “negligente e indolente” al insistir en que 43 estudiantes desaparecidos en 2014 fueron quemados en un basurero para eliminar rastros, afirmó hoy Amnistía Internacional (AI).
La organización de defensa de los derechos humanos con sede en Londres cuestionó que Peña Nieto repitiera esa versión refutada por peritos independientes, en un video de balance de su Gobierno que se difundió hoy en redes sociales.
“Es un acto negligente e indolente de parte del presidente de México continuar defendiendo públicamente la supuesta ‘verdad histórica’ de una investigación ya desacreditada por diversas organizaciones y personas expertas independientes que la han analizado rigurosamente”, dijo en un comunicado la directora para las Américas de AI, Erika Guevara.
“Es una muestra más de la decisión política del Gobierno del presidente Peña Nieto de invertir todos los recursos disponibles para ocultar los hechos en vez de garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familias”, añadió.
En los últimos días Peña Nieto insistió varias veces en esa teoría, en entrevistas y ahora en el video, al referirse al caso de los 43 jóvenes, uno de los que más marcó y afectó la credibilidad de su Gobierno.
Los estudiantes de la escuela rural de formación docente de Ayotzinapa fueron secuestrados por policías municipales y entregados a un grupo criminal en el sur de México entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014.
Según las autoridades, fueron confundidos con miembros de un grupo rival, asesinados y calcinados en un basurero. Sólo se encontró un fragmento de hueso calcinado identificado con certeza como correspondiente a uno de los jóvenes.
ONU-DH pide a López Obrador priorizar lucha contra desapariciones forzadas
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) pidió hoy al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que el combate contra las desapariciones forzadas sea “una prioridad para el próximo gobierno federal”.
“Es momento de que México inicie una nueva etapa y ponga fin a la angustia sin tregua que han enfrentado las miles de víctimas de desaparición en el país”, dijo Jan Jarab, representante de ONU-DH en México.
Con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, Jarab sostuvo que “México tiene que superar la pesada herencia de decenios de negación, falta de reconocimiento de la dimensión del problema, ausencia de voluntad, ineficacia y revictimización”.
En ese sentido, urgió a López Obrador, quien asumirá el poder el 1 de diciembre, a que implemente una ley sobre este tema para “erradicar las desapariciones, buscar de manera apropiada a las personas desaparecidas y garantizar la atención y reparación a las víctimas”.
Pidió que las familias de las víctimas tengan una “participación efectiva” en la aplicación de dicha ley y saludó “las señales” emitidas por el equipo de López Obrador que anticipan que esa es la intención del próximo gobierno.
“Pero el reto no solamente es de la Federación. Los estados y los municipios también tienen que comprometerse, reconocer el problema, su trágica incidencia y el dolor causado a las víctimas, así como abrir espacios de participación auténticos para las familias”, subrayó Jarab.
Asimismo, pidió incluir en el combate contra las desapariciones forzadas los casos sucedidos durante la llamada “guerra sucia” que ejerció el Estado mexicano durante la década de los 70 contra disidentes políticos.
Hace hoy 40 años, un grupo de madres mexicanas emprendió una huelga de hambre en el centro de Ciudad de México para exigir la búsqueda de sus hijos desaparecidos por la represión estatal.
De acuerdo con registros oficiales, al menos 37.436 personas permanecen no localizadas en México.
Bajo el mandato de Enrique Peña Nieto (2012-2018), del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el caso más mediático ha sido la desaparición en 2014 de los 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa en manos de policías corruptos.
“Es una muestra más de la decisión política del Gobierno del presidente Peña Nieto de invertir todos los recursos disponibles para ocultar los hechos en vez de garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familias”, añadió.
En los últimos días Peña Nieto insistió varias veces en esa teoría, en entrevistas y ahora en el video, al referirse al caso de los 43 jóvenes, uno de los que más marcó y afectó la credibilidad de su Gobierno.
Los estudiantes de la escuela rural de formación docente de Ayotzinapa fueron secuestrados por policías municipales y entregados a un grupo criminal en el sur de México entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014.
Según las autoridades, fueron confundidos con miembros de un grupo rival, asesinados y calcinados en un basurero. Sólo se encontró un fragmento de hueso calcinado identificado con certeza como correspondiente a uno de los jóvenes.
ONU-DH pide a López Obrador priorizar lucha contra desapariciones forzadas
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) pidió hoy al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que el combate contra las desapariciones forzadas sea “una prioridad para el próximo gobierno federal”.
“Es momento de que México inicie una nueva etapa y ponga fin a la angustia sin tregua que han enfrentado las miles de víctimas de desaparición en el país”, dijo Jan Jarab, representante de ONU-DH en México.
Con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, Jarab sostuvo que “México tiene que superar la pesada herencia de decenios de negación, falta de reconocimiento de la dimensión del problema, ausencia de voluntad, ineficacia y revictimización”.
En ese sentido, urgió a López Obrador, quien asumirá el poder el 1 de diciembre, a que implemente una ley sobre este tema para “erradicar las desapariciones, buscar de manera apropiada a las personas desaparecidas y garantizar la atención y reparación a las víctimas”.
Pidió que las familias de las víctimas tengan una “participación efectiva” en la aplicación de dicha ley y saludó “las señales” emitidas por el equipo de López Obrador que anticipan que esa es la intención del próximo gobierno.
“Pero el reto no solamente es de la Federación. Los estados y los municipios también tienen que comprometerse, reconocer el problema, su trágica incidencia y el dolor causado a las víctimas, así como abrir espacios de participación auténticos para las familias”, subrayó Jarab.
Asimismo, pidió incluir en el combate contra las desapariciones forzadas los casos sucedidos durante la llamada “guerra sucia” que ejerció el Estado mexicano durante la década de los 70 contra disidentes políticos.
Hace hoy 40 años, un grupo de madres mexicanas emprendió una huelga de hambre en el centro de Ciudad de México para exigir la búsqueda de sus hijos desaparecidos por la represión estatal.
De acuerdo con registros oficiales, al menos 37.436 personas permanecen no localizadas en México.
Bajo el mandato de Enrique Peña Nieto (2012-2018), del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el caso más mediático ha sido la desaparición en 2014 de los 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa en manos de policías corruptos.
Notas relacionadas
https://devtest.suracapulco.mx/2018/08/29/defiende-pena-conclusiones-de-la-pgr-en-el-caso-ayotzinapa-video/
