Texto: Apro/ Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México, 30 de agosto de 2018. El sistema de justicia penal en nuestro país es un coctel de abusos por parte de las autoridades contra los adolescentes que encaran proceso por algún ilícito.
Así lo deja ver la primera Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal (ENASJUP), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la cual reveló que 50.2 por ciento de los adolescentes que enfrentaron el sistema de justicia penal durante 2017, tuvo algún tipo de violencia física al momento de su detención.
De ese total, el 87.5 por ciento fue pateado o golpeado con las manos; 44.8 por ciento fue golpeado e impedido de respirar; 32.9 por ciento padeció descargas eléctricas, mientras que cerca de 29.1 por ciento fue atado.
No sólo eso, 68.8 por ciento de los adolescentes que se encontraron en el sistema de justicia penal en el año pasado sufrió algún tipo de violencia psicológica al momento de su detención. De ellos, 70.8 por ciento fue insultado y 57.5 por ciento incomunicado o aislado por parte de la autoridad que realizó su detención.
Asimismo, el INEGI tomó como marco muestral la población de adolescentes que en noviembre pasado se encontraba en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que contaba con una medida de sanción, o bien se encontraba vinculada a proceso, en espera de recibir una medida de sanción por la comisión de un delito del fuero común o del fuero federal.
La encuesta también proporciona información sobre las experiencias de corrupción que pudo padecer la población de adolescentes en el sistema de justicia penal con autoridades y servidores públicos durante su detención, su procedimiento penal y su estancia en el Centro de Internamiento.
De esta forma, durante el año pasado, 31.3 por ciento de la población de adolescentes en el sistema de justicia penal con medida de internamiento fue víctima de algún delito dentro del Centro de Internamiento: El 84.9 por ciento fue víctima de robo de objetos personales, 42.6 por ciento sufrió lesiones y 13.3 por ciento reportó acciones de extorsión.
En cuanto a la corrupción durante el proceso, 170 de cada mil jóvenes a nivel nacional declaró haber sido víctima de algún acto de corrupción en cualquier etapa de su proceso o vida en internamiento, aunque la mayoría de los hechos se dan durante la detención. Mientras que, por su ubicación geográfica, en el centro del país se dan hasta 255 casos de corrupción y, en el sureste, 220 casos por cada mil adolescentes.
De acuerdo con el INEGI, cerca de 59.4 por ciento de los adolescentes en el sistema de justicia penal tenía entre 18 y 22 años, mientras que 25.5 por ciento tenía entre 16 y 17 años en 2017.
Asimismo, 95.3 por ciento de los adolescentes sabía leer y escribir. El 75.9 por ciento tenía estudios de educación básica, es decir, preescolar, primaria, secundaria o carrera técnica con secundaria terminada. Cuatro de cada 10 adolescentes declararon abandonar su hogar por lo menos una vez en su vida. Asimismo, 46.5 por ciento de las mujeres de dicha edad estuvo embarazada.
Por otra parte, 37.8 por ciento de los adolescentes que se encontraron en el sistema de justicia penal que contaron con medida de sanción fueron acusados por el delito de robo; 16.8 por ciento por homicidio; 12.5 por ciento por violación sexual; 9 por ciento por lesiones; 7.1 por ciento por portación ilegal de armas y drogas, y 5.3 por ciento por secuestro.
Ya en el proceso judicial, 82.2 por ciento de los adolescentes que se encontraron en el sistema de justicia penal había recibido al menos una medida de sanción.
De ellos, 78.8 por ciento recibió medidas de sanción no privativas de la libertad por parte del juez penal; 32.6 por ciento recibió medidas de sanción privativas de la libertad, seguido de aquellos con medidas de sanción de estancia domiciliaria, con 14 por ciento.
Por último, a nivel nacional, cerca de 96.5 por ciento de los adolescentes en el sistema de justicia penal que cumplía una medida de sanción en internamiento consideró que, una vez que haya cumplido su medida de sanción, podría tener una reinserción laboral, mientras que 87.3 por ciento consideró que podría tener una reinserción escolar.
