La sentencia destaca que ante falta de pruebas debe quedar la prevalencia de la presunción de inocencia del partido y los involucrados, por lo que se revoca lisa y llanamente la resolución.
Texto: Guadalupe Irízar / Agencia Reforma / Foto: Twitter @TEPJF_informa
Ciudad de México, 1 de septiembre de 2018. Los magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) revocaron, por unanimidad, la sanción de 197 millones de pesos que se le impuso a Morena por el Fideicomiso Por los demás a causa de violaciones graves al procedimiento realizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) para inculpar al partido y no haber acreditado presuntas irregularidades de ese partido.
“Se revoca lisa y llanamente la resolución impugnada”, señala la sentencia.
La sentencia destaca que ante falta de pruebas debe quedar la prevalencia de la presunción de inocencia del partido y los involucrados.
Aprobada por unanimidad, la resolución señala la incongruencia interna de la indagatoria de la autoridad electoral, al no realizar una investigación exhaustiva y violar además la garantía de audiencia de las personas involucradas en el Fideicomiso.
El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón sostuvo que entre las incongruencias del expediente están que el INE sostuvo un posible fraude a la ley y un posible financiamiento paralelo de Morena con el Fideicomiso, pero no se pudo documentar esa relación ni algún beneficio al partido con ese instrumento creado para ayudar a los damnificados de sismos de 2017.
El INE, sostiene la sentencia, no acreditó el uso de recursos públicos en el Fideicomiso, ni uso electoral del mismo, y le dio la razón a Morena en el sentido que la decisión de la autoridad electoral careció de debida motivación y fundamentación legal.
Dejó clara la sentencia de los magistrados, sin embargo, que en contra de lo que alegó Morena en sus impugnaciones el INE sí tiene competencia y está facultado para fiscalizar los recursos públicos y privados de un partido político.
El magistrado Reyes dijo que el procedimiento y la investigación carecen de elementos esenciales para su validez y por eso la propuesta de revocación.
La magistrada presidenta Janine Otálora, al explicar su apoyo a la propuesta, recordó que hay una presunción de irregularidades que no quedó acreditada en la resolución del INE.
Recordó que la denuncia original fue presentada fue por presunta utilización indebida de recursos del partido político, que fue declarado infundado y posteriormente se amplió la queja solicitando indagar el origen de recursos de Fideicomiso y mecanismos de entrega de recursos.
Pero, no fueron acreditadas las irregularidades, dijo.
El magistrado Felipe Fuentes se manifestó de acuerdo con la propuesta y señaló que los indicios no tienen valor probatorio pleno, porque en documentos del Fideicomiso hay personas que no tienen relación con Morena y la autoridad admitió que no hay prueba de que se hayan recibido recursos públicos.
No hay esa relación directa o indirecta de Morena con ese Fideicomiso y las manifestaciones de su dirigente sólo denotan intención de ayudar a damnificados, indicó.
Aclaró Fuentes que no se trata de dar carpetazo y no se derrotó la presunción de inocencia no hay indicios de que se hubiera recursos públicos ni el uso partidista de instrumentos para apoyar damnificados.
El magistrado José Luis Vargas, por su parte, dijo que se trataba de un tema complejo, pero en donde se observó déficit en torno a la exhaustividad de la investigación del INE.
Muchas de las líneas de investigación, dijo Vargas, no se agotaron. Y entre esos déficits de indagatoria está el que tiene que ver con la presencia sólo de indicios y no pruebas plenas de presuntas conductas irregulares e ilegales de Morena en el Fideicomiso.
En el expediente se señaala presunto financiamiento paralelo de Morena a partir de indicios, pero no se acredita origen, uso y destino del dinero y es indispensable probar, acreditar y fundar conforme a la ley las presunciones. Hubo una precipitación de la investigación por parte de la autoridad y se afectó el principio de objetividad y principio de imparcialidad con que debe actuar.
Vargas sostuvo que la autoridad responsable contaba con datos suficientes para ampliar la línea de investigación para acreditar cuál era el origen y destino de recursos y ver si eran para los damnificados,y a pesar que en el expedientes había ahí elementos de fotografías de datos de personas damnificadas que sirven de indicios, esos datos completos no fueron solicitados por el INE al partido.
Cuando no hay todos los elementos de legalidad, y hay dudas, se debe privilegiar presunción de inocencia y revocar lisa y llanamente sanción impuesta, dijo Vargas.
La magistrada Mónica Soto sostuvo que el INE no tenÌa un plazo perentorio para concluir la indagatoria de manera exhaustiva y fue omiso sobre el destino de recursos, a pesar de que ya contaba con informes anuales y de campaña del partido.
La magistrada Soto estuvo de acuerdo en que fue una indagatoria deficiente y no acreditó el vinculo entre partido y fideicomiso y sus integrantes; solo acreditó y vínculos formales entre ellos, pero no uso electoral.
Además, defendió derechos de los ciudadanos para organizarse en lo individual en lo que decidan, como es el caso de un fideicomiso.
El magistrado Indalfer Infante, por su parte, expuso que apoyaba la propuesta por considerar que todos los indicios en los que se basó la autoridad para sancionar son insuficientes para sostener que el Fideicomiso fue creado u operado por Morena y destacó la transparencia del dirigente del partido sobre el Fideicomiso al hacer anuncios de un instrumento diferente a Morena.
