Empresas entregan datos casi a cualquier “autoridad” que los solicita, aunque no tengan facultad para ello; el año pasado se recibieron 146 mil 532 solicitudes de acceso a datos reservados y localización geográfica.
Texto: César Daniel Martínez Cisneros / Agencia Reforma / Foto: Archivo El Sur-Cuartoscuro
Ciudad de México, 8 octubre de 2018. Prácticamente una de cada tres autoridades que obtuvo información sobre usuarios de celulares, como su geolocalización en tiempo real, no estaban facultadas para ello o se desconoce su identidad.
Según el informe “¿Quién no defiende tus datos?”, elaborado por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), entre 2016 y 2017 los concesionarios y autorizados de telecomunicaciones recibieron 146 mil 532 solicitudes de acceso a datos reservados y localización geográfica.
Las empresas entregaron la información requerida en 138 mil 190 peticiones; sin embargo, en 40 mil 839 de estos casos; es decir, el 29.6 por ciento, las autoridades no estaban autorizadas para recibir los datos personales o los concesionarios los dieron a instituciones indeterminadas.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió en 2016 que las instancias mencionadas en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para solicitar la vigilancia celular son la Procuraduría General de la República, sus homólogas estatales, la Policía Federal y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).
Pese a ello, los datos de usuarios fueron entregados a instancias como la Marina, el Instituto Electoral de la Ciudad de México y Oaxaca, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, las Policías de Chiapas y Yucatán y juzgados como el Tercero Familiar de Morelia Michoacán.
En 26 mil 350 casos los datos de los usuarios fueron entregados a autoridades indeterminadas, reportadas por los concesionarios en los informes semestrales de 2016 y 2017 que entregaron al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) con los nombres de “otros”, “otras” y “otros diversos”.
“Esto significa que entre los años 2016 y 2017 datos como la ubicación geográfica, los números con los que se sostuvieron llamadas telefónicas y conversaciones mediante mensajes de texto, entre otros datos, de más de 26 mil usuarios fueron compartidos con autoridades no identificadas, potencialmente sin facultad legal para realizar dichos requerimientos”, indica el informe de la R3D.
La organización criticó que pese a la obligación del IFT de hacer públicos los informes semestrales de las empresas sobre colaboración en materia de seguridad, esa información la tuvo que obtener mediante solicitudes de transparencia.
Además, en abril pasado el IFT eliminó dichas obligaciones, “favoreciendo así la opacidad e incrementando el riesgo de invasiones ilegítimas en la privacidad de las y los usuarios”.
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