El ministro José Ramón Cossío presenta un proyecto que declara inconstitucional el artículo 42, fracción primera, de la Ley de Instituciones de Crédito, que obliga a los bancos a entregar la información que les requiera la PGR.
Ciudad de México, 22 de noviembre de 2018. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició hoy jueves la discusión sobre el acceso de la Procuraduría General de la República (PGR) a información bancaria de sospechosos de delitos sin orden judicial previa, uno de los temas más importantes del año.
El ministro José Ramón Cossío Díaz, a ocho días de retirarse de la Corte, presentó un proyecto que declara inconstitucional el artículo 42, fracción primera, de la Ley de Instituciones de Crédito, que obliga a los bancos a entregar la información que les requiera la PGR.
Los ministros iniciaron la discusión pero rechazaron un tema inicial sobre legitimación de uno de los agentes del Ministerio Público que presentaron la revisión ante la Corte, por lo que el caso quedó para el lunes, cuando Cossío exponga el documento corregido.
Este proyecto retoma el criterio que la Primera Sala de la Corte aprobó, con voto de cuatro ministros, en sesión del 22 de noviembre de 2017.
Desde entonces, varios jueces han aplicado el punto de vista de manera retroactiva, favoreciendo a personas acusadas de fraude fiscal y lavado de dinero, entre ellas, la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo Morales; el contador del ex gobernador veracruzano Javier Duarte de Ochoa, y Álvaro Emir Garduño, conocido como Lord Rolls Royce.
El caso que ahora se revisa es la condena de dos años de cárcel contra Pedro Guillén Mariscal por fraude fiscal de 1.4 millones de pesos, que originalmente se iba a votar en la Sala, pero fue llevado al Pleno de 11 ministros ante reiteradas peticiones de la PGR, la Secretaría de Hacienda y otras autoridades.
Como se trata de un amparo, bastará que dos de los siete ministros que no han opinado se sumen al grupo de la Primera Sala, para que el artículo 142 sea declarado inconstitucional.
“El artículo 142 sí vulnera el derecho a la privacidad para fines de investigación penal, pues al permitir la interferencia de la actividad ministerial en el ejercicio del derecho fundamental a la intimidad, resulta violatorio del artículo 16 de la Constitución federal, que regula los presupuestos bajo los cuales el Estado puede realizar intervenciones en los derechos de las personas, previa solicitud a autoridades judiciales”, señala el proyecto.
“De ahí que la información bancaria que se solicita por parte de la autoridad ministerial sí debe estar precedida de autorización judicial”.
Fuentes oficiales informaron que al menos cinco casos de fraude fiscal que suma 21.8 millones de pesos han caído en tribunales desde noviembre de 2017 por este criterio.
Más aún, entre 2014 y 2018, la Unidad Especializada de Análisis Financiero de la PGR hizo al menos mil 500 solicitudes de información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, todas sin orden judicial pues la ley lo permite, mismas que sustentan muchos de los casos más relevantes por lavado y delitos fiscales y financieros.
Texto: Víctor Fuentes / Agencia Reforma
Foto José Ramón Cossío Díaz: Agencia Reforma