Según la propuesta del ministro Alberto Pérez Dayán, no hay justificación constitucional para excluirlas del régimen obligatorio, por lo que se violan los derechos de no discriminación y acceso a la seguridad social.
Ciudad de México, 27 de noviembre de 2018. La Suprema Corte de Justicia discutirá el 5 de diciembre un proyecto que, por primera vez, declara inconstitucional que las trabajadoras domésticas no estén sujetas al régimen obligatorio del Seguro Social.
El ministro Alberto Pérez Dayán propuso a la Segunda Sala de la Corte fallar contra el artículo 13 fracción segunda de la Ley del Seguro Social, que ubica a las trabajadoras del hogar en el régimen voluntario, y en la práctica ha llevado a que no tengan acceso a ese beneficio.
Según la propuesta, no hay justificación constitucional para excluirlas del régimen obligatorio, por lo que se violan los derechos de no discriminación y acceso a la seguridad social.
“(No sólo es) una actuación discriminatoria que perpetua y fortalece la marginación social de las mujeres que se dedican al hogar, sino que además, esa violación no puede ser superada simplemente porque dichas trabajadoras puedan acceder al régimen voluntario”, afirma el proyecto.
También se proponen recomendaciones y sugerencias al gobierno y al IMSS para que instrumente, durante 18 meses, un programa piloto “de fácil implementación para los patrones”, y luego proponga al Congreso reformas legislativas.
No está claro aún si la mayoría de ministros de la Sala aprobará propuestas de este tipo, pues algunos tienden a rechazar que la Corte incluya en sus fallos recomendaciones o sugerencias a otras autoridades.
La sesión del 5 de diciembre será la última de la sala en 2018, por lo que de no lograr consenso el proyecto, sería discutido de nuevo hasta mediados de enero.
Por ahora, el amparo sólo beneficiaría a María Rosario Garduño, quien durante 57 años laboró para la misma familia, y después de renunciar en 2016, demandó el pago de múltiples prestaciones y su inscripción retroactiva al IMSS.
Garduño no obtendría su pretensión de que se condene a sus ex empleadores a pagar las cuotas por su seguro social desde 1959, pues el proyecto aclara que no eran obligatorias, pero la Junta Local de Conciliación y Arbitraje sí tendría que dictar un nuevo laudo sobre su caso.
En el laudo original, la Junta condenó a los ex patrones a pagar vacaciones, prima vacacional, horas extra y aguinaldo, pero sólo por el año anterior a la renuncia.
Texto: Víctor Fuentes / Agencia Reforma / Foto: Internet
