“La presente administración tiene claro que no habrá justicia plena si no se sabe la verdad, ya que es un imperativo de este gobierno dar con el paradero de los estudiantes desaparecidos”, establece el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Texto: Antonio Baranda / Agencia Reforma
Ciudad de México, 4 de diciembre de 2018. El Poder Ejecutivo federal fijó a las secretarías de Gobernación (Segob) y Relaciones Exteriores (SRE) un plazo no mayor a 30 días para instalar la comisión especial del Caso Iguala —la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.
La finalidad de la comisión será coadyuvar al esclarecimiento del caso a fin de dar un correcto acceso a la justicia y contribuir al conocimiento de la verdad.
Así lo establece el Decreto que firmó la mañana de este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, y publicado este martes en el Diario Oficial de la Federación.
“El Ejecutivo a mi cargo hace una categórica manifestación de la urgente necesidad del debido esclarecimiento de los hechos, no sólo para encontrar y procesar a todos los responsables y reparar las violaciones a los derechos humanos, sino además porque no saber lo que realmente pasó nos afecta a todos y todas. La incertidumbre se equipara a la información”, advierte el decreto.
“La presente administración tiene claro que no habrá justicia plena si no se sabe la verdad, ya que es un imperativo de este gobierno dar con el paradero de los estudiantes desaparecidos”.
La comisión podrá “reconducir” las investigaciones del caso como coadyuvante de la Procuraduría General de la República o Fiscalía General de la República, para asegurar la verdad de lo sucedido.
Como se adelantó este lunes, estará integrada por familiares de los 43 desaparecidos –o quien ellos designen que los represente–, un representante de Segob, uno de CancillerÌa y uno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
También podrán integrarse los expertos “profesionales y técnicos” que se requieran, previamente contratados con los recursos con los que se provea a la comisión.
La Segob, por conducto de la Subsecretaría de Derechos Humanos, armará un equipo de trabajo autónomo interdisciplinario que proporcione toda la ayuda legal y material que se requiera.
“Implementará los mecanismos necesarios para procurar que las investigaciones se realicen sin sesgos, con independencia, imparcialidad y en estricto apego a la legalidad, hasta el debido esclarecimiento de la verdad”, señala.
Otra responsabilidad de la Segob es celebrar los convenios que sean necesarios con los estados a fin de que éstos colaboren en el ámbito de sus comentarios competencias.
Asimismo, implementar medidas de protección o de colaboración eficaz, para aquellas personas que apoyen en la búsqueda de la verdad y el esclarecimiento de los hechos.
En tanto, la Cancillería deberá celebrar los convenios o acuerdos que permitan la asistencia y cooperación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y cualquier otro organismo, autoridad o experto internacional que pueda coadyuvar en el esclarecimiento del caso.
La Secretaría de Hacienda realizará las adecuaciones presupuestarias necesarias y emitirá las disposiciones administrativas necesarias para el cumplimiento del decreto.
“La comisión que se crea será la encargada de proveer a los familiares de las víctimas y sus asesores, como parte coadyuvante de las investigaciones realizadas por la PGR, de todos los recursos materiales y humanos que se requieran.
“Para fortalecer el ejercicio del derecho que tienen para que las investigaciones se reconduzcan adecuadamente, a satisfacción de los ofendidos y de la sociedad en general, que reclaman el esclarecimiento de los hechos y las consecuencias que de ello se deriven”, agrega.
Texto: Antonio Baranda / Agencia Reforma
Foto: Fotograma
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