Al lugar de la protesta llegaron policías del estado armados y el encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad amenazó con desalojar a los manifestantes y les advirtió que tenían 10 minutos para retirarse o actuaría. Después de una hora y media del cierre de la carretera, se retiraron con el compromiso de una audiencia con el gobernador este día.
Chilpancingo, Guerrero, 29 de diciembre de 2018. Integrantes del Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos en el Estado de Guerrero bloquearon la Autopista del Sol y la carretera federal a Acapulco, para exigir al gobierno del estado y a la Fiscalía que se desistan de los delitos por los que se mantienen presos 25 dirigentes campesinos, de la Policía Comunitaria y los opositores a la presa La Parota.
Desde las 11:30 y hasta la una de la tarde, unos 80 manifestantes cerraron la circulación en el sentido México-Acapulco, en el entronque de la autopista con la carretera federal, al sur de la capital, ante la mirada de un número igual de policías antimotines, ministeriales y federales, que desde las 10 de la mañana se encontraban en el lugar, esperando la manifestación anunciada desde hace una semana.
La protesta provocó una larga fila de automóviles que llegó hasta el Congreso del Estado, tanto en los carriles centrales de la autopista como en el bulevar del río Huacapa.
La mayoría de los automovilistas eran turistas. Uno de ellos llegó hasta el bloqueo y demandó que los manifestantes se fueran al Palacio de Gobierno, que no afectaran a terceros. En el lugar se vivió un ambiente tenso, porque en un primer momento los policías del estado se encontraban armados, aunado a que el encargado de despacho de la secretaría de Seguridad, Rafael Beltrán Noverola, insistía al subsecretario de Asuntos Políticos, Martín Maldonado del Moral, que autorizara el desalojo, incluso fue y advirtió a los manifestantes que tenían 10 minutos para retirarse o actuaría.
En el lugar también sobrevoló un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública del estado. Los manifestantes en su mayoría eran mujeres, esposas de los presos y niños, hijos de éstos, quienes para detener el intento de desalojo se tomaron de las manos y se colocaron frente a los antimotines, a quienes les reclamaron el porqué no estaban enfrentando a los delincuentes en la sierra, que mantienen a cientos de personas desplazadas.
Hasta el lugar llegó también el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, quien justificó la presencia de los policías estatales armados diciendo que “mientras no estén accionando”, al ombudsman se le recordó que en 2011 dos estudiantes de Ayotzinapa fueron asesinados por elementos policiacos en ese mismo lugar.
Durante la hora y media del bloqueo, el representante de la Secretaría General de Gobierno trató de convencer a los manifestantes de abrir la circulación de vehículos y de iniciar una mesa de diálogo con autoridades menores; sin embargo, los dirigentes de las organizaciones que aglutina el movimiento, exigieron que fuera el gobernador Héctor Astudillo el que los atendiera.
Para la 1:10 de la tarde, una vez que el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, mandó un escrito con el compromiso de que hoy se recibirá a los manifestantes en Casa Guerrero, éstos decidieron trasladarse en marcha a la cárcel de Chilpancingo, para dar palabras de ánimo al promotor de la CRAC, Gonzalo Molina González.
En el escrito que mandó el secretario de Gobierno se especifica que además de la asistencia del gobernador y el fiscal, estarán presentes el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alberto López Celis; el delegado federal único, Pablo Amílcar Sandoval, y el presidente de la Codehum, Navarrete Magdaleno.
Libertad inmediata
En declaraciones durante la protesta, los integrantes de la CRAC, Kenia Hernández Montalbán, y el ex preso Arturo Campos, indicaron que tienen una lista de 26 presos políticos que son inocentes porque los delitos que se les imputa el gobierno del estado y la Fiscalía son improcedentes, y fabricados, por la lucha social que han abanderado.
Afirmaron que en el caso de Gonzalo Molina, preso desde hace cinco años, éste es inocente y se ha demostrado en los juzgados, donde cada uno de los delitos de los que es acusado se ha rechazado, por eso creen que la ley de amnistía no se debe de aplicar, porque quedarían sus nombres en los expedientes como delincuentes y que fueron perdonados.
Hernández Montalbán dijo que a pesar de que el 21 de diciembre fueron recibidos por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, en la Ciudad de México, no hubo una solución al planteamiento de liberar a los presos, pero se comprometieron a buscar una reunión con el gobernador y el fiscal, lo que no ocurrió.
La activista dijo que a pesar de que la ley de amnistía podría beneficiar a los presos, el tiempo de espera es mucho, porque hay tres proyectos diferentes de los diputados y senadores de Morena; además de que no se ha presentado de manera formal en las cámaras.
El integrante de la casa enlace de Tecoanapa de la CRAC, Prócoro Valente, dijo que a un mes de la toma de protesta del presidente López Obrador, éste no ha liberado a los presos, lo que prometió hacer en el primer día de su mandato, como en el caso de los presos del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop).
En el lugar, la esposa del señor Pablo Carmen García denunció que él fue sacado de su casa en el poblado de La Concepción, por cinco policías del estado que lo acusaron de cómplice del vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui, y que vendían droga, “llegaron cateando la casa y nos tiraron la puerta”.
La señora dijo que su esposo no estaba en el lugar donde ocurrió el desarme del 7 de enero, en la comandancia de la CRAC, “nosotros ya queremos la liberad de ellos, porque ellos con inocentes, y el gobierno es cómplice de los meros asesinos”. Además, denunció que los policías ministeriales siguen realizando rondines para detener a quienes tienen órdenes de aprehensión.
El director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos, Manuel Olivares, expresó que el gobierno con sus reformas a las leyes aprovecha para fincar delitos contra los dirigentes sociales, con eso “judicializar” la lucha y quitarles el carácter de preso políticos, a pesar de que el propio Astudillo Flores niega la existencia de esta figura.
El defensor recriminó que el actual gobierno no actúa contra algunos grupos que “se dicen policías comunitarios”, que asesinan, saquean y que “hacen muchas cosas a favor de los grupos delincuenciales y el gobierno no hace nada”.
Lamentó que el gobierno del estado utilice a la policía para reprimir las protestas, mas no para garantizar seguridad en la sierra, y por la presencia de otras corporaciones soltó: “Para eso va a servir la Guardia Nacional, y que nada va a cambiar”.
Después del bloqueo, los manifestantes se trasladaron marchando a la cárcel de Chilpancingo y desde afuera, con la ayuda de altavoces, lanzaron expresiones de apoyo al promotor de la CRAC en Tixtla, Gonzalo Molina, y donde una vez más exigieron que el gobierno no dilate más el proceso de su libertad.
Durante la protesta, los manifestantes no dejaron de consignar expresiones como “presos políticos liberad”, “libertad, libertad a los presos por luchar” y “ni presas en los ríos, ni Marco Antonio preso”.
Texto: Jacob Morales Antonio