Hay que quitar la restricción, vigente desde la época del ex presidente Miguel de la Madrid, de crear plazas, dice arqueólogo.
Ciudad de México, 14 de enero de 2019. El INAH cumple 80 años de fundación entre protestas por la incertidumbre laboral de sus trabajadores, la ausencia de reglamento para su Ley Orgánica y el desafío de culminar la restauración del patrimonio dañado por el sismo del 19 de septiembre de 2017, entre otros retos que señalan especialistas de la institución.
“Hay que quitar la restricción, vigente desde la época del ex presidente Miguel de la Madrid, de crear plazas en el INAH. Seguimos siendo unos 870 investigadores, de los cuales más o menos la mitad somos arqueólogos y tenemos 50 mil sitios arqueológicos registrados”, contrasta Gustavo Ramírez, director de la Red Mexicana de Arqueología.
La desproporción es similar para los arquitectos: más de 120 para atender 100 mil monumentos históricos registrados, añade. Funcionarios, en cambio, son 500.
Salvo algunas plazas de investigación abiertas durante la dirección del etnólogo Sergio Raúl Arroyo y de la historiadora Teresa Franco, el INAH no ha renovado cuadros, expone el antropólogo Bolfy Cottom, ex secretario técnico del Instituto.
“El personal tiene un promedio de edad que supera los 60 años: hace falta una renovación. Y cada administración pide al INAH, por ejemplo, abrir zonas arqueológicas, pero no lo dota de personal”.
Para cubrir sus necesidades, el Instituto ha contratado jóvenes profesionistas que laboran sin prestaciones y en una incertidumbre atizada el 7 de enero por el director del organismo, el antropólogo Dieto Prieto, quien en un video institucional pidió a los titulares de áreas una “revisión escrupulosa de contratos”.
Cada año el Instituto contrata, sin prestaciones, unos mil 200 profesionistas que desempeñan tareas de investigación, de acuerdo con el Movimiento 26 de julio, promotor de denuncias ante organismos de derechos humanos nacionales e internaciones por esta situación.
“Detrás de las grandes exposiciones museográficas, de los hallazgos de relumbrón, de la atención diaria de las funciones sustantivas, hay trabajadores muy comprometidos, pero muchos de ellos laborando en condiciones precarias”, señala el arqueólogo Joel Santos, dirigente del sindicato de investigadores del INAH.
El sismo del 19 de septiembre de 2017 evidenció la insuficiencia de personal especializado para el rescate del patrimonio dañado –alrededor de 2 mil 500 inmuebles–, apunta Ramírez, también arquitecto y restaurador.
“No hay suficiente personal en el INAH para atender los monumentos responsabilidad del gobierno, aparte de los edificios privados, que son muchísimos”.
Del cobijo al desamparo
No siempre fue así. El INAH surgió en 1939 arropado por el Estado, y se convirtió en la institución más importante del sector cultural, con representación en todo el país, destaca Cottom.
“En 80 años ha logrado construir una historia, independientemente del tipo de régimen en el que se encuentre, eso significa que tiene experiencia política, académica, intelectual, un cúmulo de conocimientos, y ha influido en distintos ámbitos de la vida nacional: se ha ganado un lugar”.
Fue una institución fundamental para entender el pasado, protegerlo y afianzar la identidad mexicana, dice Santos, hasta que el neoliberalismo la consideró un “estorbo” y la expuso al acecho de intereses económicos y políticos que pretenden explotar comercialmente al patrimonio.
“El INAH sobrevivió a los intentos de desaparecerlo por asfixia presupuestal, en convertirla en una institución administradora del patrimonio, para lo cual, la investigación y la docencia ya no tienen sentido. No se logró, pero la institución quedó tan afectada como los daños que los sismos recientes ocasionaron a los monumentos históricos y arqueológicos”, añade el arqueólogo.
Los problemas se agudizan hoy ante la falta de un reglamento para la Ley Orgánica que rige al instituto.
La ausencia de este instrumento profundiza los desencuentros en el interior del organismo y lo coloca, también, en desventaja al exterior, señalan los investigadores.
Actualmente funcionan consejos como el de Arqueología o el de Monumentos Históricos creados por la Dirección General, sin la participación de otros investigadores que equilibren las decisiones, lamenta Ramírez.
“No hay contrapesos y eso ha provocado que gobernadores impongan sus criterios y realicen proyectos como el luz y sonido en Teotihuacán, o las obras de Cholula”, ejemplifica.
La coyuntura política actual es propicia para transformar al INAH, aconseja, desde su marco legal en una época de megaproyectos, hasta sus prácticas, que deben involucrar a la sociedad para que atienda su patrimonio, insta el arqueólogo.
“Las soluciones”, aconseja, “requieren una intervención adecuada del patrimonio, no solo para cumplir un requisito legal, sino para que esos bienes y la información que se recupere de ellos estén al alcance de la población y esta asimile, haga suyo y defienda su patrimonio”.
Santos apremia a refundar la institución, si se pretende fortalecerla.
Texto: Yanireth Israde / Agencia Reforma / Foto: INAH (En la imagen, el secretario del INAH, Diego Prieto)
