El gobierno del ex Presidente privilegió el Pacto por México para sacar sus reformas estructurales y decidió no actuar contra sus aliados políticos, que daban señales preocupantes.
Ciudad de México, 30 de enero de 2019. La administración del ex presidente Enrique Peña Nieto fue indiferente ante la corrupción y privilegió los pactos políticos antes que perseguir a quienes fueron sus aliados a pesar de las acusaciones que pesaron sobre ellos, advirtió Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana (TM).
Esta indiferencia, indicó en entrevista, explica por qué el país cayó 33 lugares en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) en los últimos seis años.
“Lo que ocurrió fue que en el primero trienio se privilegió el Pacto por México para sacar las reformas estructurales y en ese marco se decidió no actuar contra los aliados políticos de la administración, que ya empezaban a dar señales de temas preocupantes”, explicó.
En la segunda parte del sexenio, añadió, tras la elección intermedia de 2015, ya era evidente el malestar de la sociedad por el tema de la corrupción, pero el presidente Peña no supo calibrar adecuadamente el nivel de esta inconformidad y actuó con paliativos en lugar de enfrentar a fondo el problema.
“Trató de adoptar medidas anticorrupción, pero a una lentitud y un paso que no funcionó y lo que es un hecho es que no ha habido sentencias que, al final, es lo que importa, desmantelen las redes de corrupción”, dijo.
El lunes, Transparencia Internacional dio a conocer el IPC 2018 en el que México ocupa el lugar 138 de entre 180 países y tiene una calificación de 28 sobre 100, en la que cero es altamente corrupto y 100 muy limpio.
Esta posición contrasta con la que tenía el país en el 2012, cuando ocupó el lugar 105 con una calificación de 34.
Durante el sexenio pasado, los ex gobernadores de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa; de Chihuahua, César Duarte Jáquez; de Quintana Roo, Roberto Borge Ángulo; y de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, fueron señalados de cometer diversos actos de corrupción.
El propio Peña y uno de sus colaboradores más cercanos, el ex secretario de Hacienda y ex canciller, Luis Videgaray Caso, fueron investigados administrativamente por presunto conflicto de interés al adquirir casas a uno de los contratistas del gobierno.
Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó y denunció desvíos por cerca de 7 mil millones de pesos desde distintas secretarías a través de una red de empresas fantasma.
Ante todos estos hechos, indicó Bohórquez, la administración anterior fue incapaz de actuar.
“Lo que se presentó (el Índice) es el balance de lo que le deja la administración Peña Nieto y le hereda al presidente Andrés Manuel López Obrador y, por lo tanto, va a ser la línea de base sobre la cual se va a medir a nivel internacional, más allá de las interpretaciones que se puedan hacer en lo local, se va a medir si el mundo está registrando cambios importantes (en México) o no”, dijo.
“Entonces, hay una línea de base, hay una oportunidad histórica de mejorar en el Indice, cuando menos de frenar la caída”.
Texto: Rolando Herrera / Agencia Reforma
Foto: Agencia Reforma
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