Además de su papel en las tareas de seguridad pública, también tendrán mayor presencia en labores tradicionalmente reservadas a instituciones civiles en cuestiones económicas, señala el Consejo Consultivo de la CNDH.
Ciudad de México, 19 de febrero de 2019. El Consejo Consultivo de la CNDH –Comisión Nacional de los Derechos Humanos– advirtió hoy martes que con la Guardia Nacional aumentaría el poder político y económico de las Fuerzas Armadas.
En un pronunciamiento, ese grupo colegiado criticó que también se busque aumentar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa; es decir, que se encarcele a una persona sin que se le haya comprobado su culpabilidad.
“Es motivo de preocupación el nuevo papel que, como consecuencia del replanteamiento de la Guardia Nacional, se pretende dar a las Fuerzas Armadas, al asignarles tareas de obra pública, adquisiciones y otras funciones ajenas a las que constitucionalmente tienen encomendadas”, criticó el Consejo.
“Con lo cual incrementan no sólo su presencia en labores tradicionalmente reservadas a las instituciones civiles, sino sobre todo su poder político y económico, lo cual generaría el riesgo de reducir los incentivos para que, una vez superada la situación de emergencia por la que atraviesa el país, renunciaran a tales atribuciones en favor de las autoridades e instancias civiles”.
Para el Consejo es importante que a la par de dar certeza jurídica a los integrantes de las Fuerzas Armadas para una labor que realizan de manera extraordinaria, también se fortalezcan las corporaciones civiles que deberían hacerse cargo de la seguridad pública.
“En los términos planteados y desde la perspectiva de los derechos humanos, la propuesta para la Guardia Nacional no es pertinente ni viable, ya que no garantiza ni contribuye sustantivamente a terminar con la impunidad, debilita la institucionalidad civil y democrática”.
Sobre la prisión preventiva oficiosa, la consideró un contrasentido a la reforma al sistema de justicia penal.
“Lejos de buscar la ampliación de este catálogo de delitos, el papel de las distintas autoridades tendría que buscar el fortalecimiento de las treinta y tres fiscalías generales de justicia mediante el ejercicio de una autonomía plena y efectiva”, expuso.
“Resulta conveniente hacer más eficiente el uso de las medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva actualmente consideradas en la legislación nacional”.
César Martínez / Agencia Reforma
Texto: Agencia Reforma
