Gaspard Estrada
La semana pasada, ocho presidentes de América del Sur (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay y Perú) firmaron en la sede de cancillería Chilena la Declaración Presidencial sobre la Renovación y el Fortalecimiento de la Integración de América del Sur, que establece la constitución del Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur), que tendrá como presidencia pro tempore a Chile durante el primer año, antes de ceder el lugar a Paraguay.
Esta nueva organización, que fue impulsada por el presidente chileno Sebastián Piñera, plantea una serie de interrogantes. La primera tiene que ver con el funcionamiento mismo del Prosur. América Latina es la región del mundo con más organizaciones dedicadas a la integración regional. Entre ellas, podemos mencionar a la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), el Parlamento latinoamericano (Parlatino), El Parlamento centroamericano (Parlacen), El Sistema Económico Latinoamericano (Sela), el Mercado Común de América del Sur (Mercosur), la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el Sistema de Integración Centroamericana (Sica), el Caricom, la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), la Alianza Bolivariana de las Américas (Alba), la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (Celac), y la Alianza del Pacífico. Sin embargo, a pesar de la multiplicación de instancias de coordinación y de representación, pocas iniciativas estructurales han surgido de estos organismos. Por su parte, la gran mayoría de los ministerios de relaciones exteriores de la región han sido reticentes a abandonar parte de su soberanía en aras de aumentar la integración regional.
Paradójicamente, contrariamente a lo que sucede hoy en día, Chile siempre ha tenido una larga tradición de compromiso con el regionalismo latinoamericano. No es casualidad que Santiago de Chile sea sede de la Cepal, que el presidente fundador del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) haya sido un chileno, Felipe Herrera, que Chile haya sido uno de los impulsores y fundadores del Pacto Andino, ni que la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) haya sido fundada en Chile.
Ahora bien, la declaración firmada por los jefes de Estado y del gobierno en Santiago de Chile no establece un tratado fundacional del Prosur. No se crean instituciones ligadas a este acuerdo. Tampoco hay cesiones de soberanía de parte de los Estados. Tampoco se menciona un presupuesto específico para esta organización. Es decir, los jefes de Estado y de Gobierno presentes en esta reunión firmaron un documento que no lo obliga a nada, salvo golpear a sus antecesores en el cargo. En estas condiciones, es difícil poder prever el futuro de un organismo internacional tan endeble, con tan pocos respaldos institucionales y financieros, y tan poca visión estratégica del futuro de los procesos de integración regional.
Para numerosos analistas, esta organización vendría a reemplazar a la Unasur. No se trata acaso únicamente de la constitución de un bloque para institucionalizar la ofensiva en contra del régimen –indefendible– de Nicolás Maduro en Venezuela. Con todo lo grave que es la situación en Venezuela, y los réditos que le pueden dar en las encuestas al resto de los gobiernos de la región el atacarlo, no pareciera ser una base muy sólida para fundar una entidad regional, que por definición debe tener un horizonte algo más amplio.
Los eventos del 23 de febrero en la frontera de Venezuela con Colombia y Brasil fueron un fiasco mayor. En particular, el acto de Cúcuta en la frontera colombiana dejó mal parados a los tres países que participaron en ella con sus jefes de Estado: Colombia, Chile y Paraguay. Fue una demostración palpable de que la improvisación y la política-espectáculo son malos consejeros de la diplomacia. Muchos dirían que Cúcuta fue solo un adelanto de lo que será Prosur. De ser así, sería un desastre para la integración de América Latina.
* Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.
Twitter: @Gaspard_Estrada
