En la primera sesión con el Estado mexicano el CAT pide información sobre la situación de las indígenas violadas por militares, Valentina Rosendo e Inés Fernández, y reprueba la falta de resultados en el asesinato de Arturo Hernández. “El uso de la tortura parece ser endémico”, advierte el organismo.
Ginebra, Suiza, 26 de abril de 2019. El Comité Contra la Tortura (CAT) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señaló que la tortura a 34 encarcelados por el caso Ayotzinapa no se investigó, e incluso se encubrió.
Pidió información sobre los casos de las indígenas violadas por militares, Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega para que las sentencias sean firmes.
Reprobó la falta de resultados en el asesinato del luchador social de Iguala Arturo Hernández Cardona junto a dos de sus compañeros después de casi 6 años, y la opacidad del Estado en las muertes violentas dentro de cárceles, como la de los 28 reos en el penal de Acapulco en julio de 2017.
Ayer se celebró la primera sesión de dos que dura el séptimo examen a México del CAT en su 66 sesión que se desarrolla en Ginebra, Suiza, donde está una delegación del gobierno mexicano encabezada por la subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Martha Delgado.
El integrante del CAT, Diego Rodríguez Pinzón dijo que el organismo “está interesado en conocer si el Estado (mexicano) está dando cumplimiento a la reciente sentencia de tortura sexual en Atenco y en los casos Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega para garantizar que las sentencias contra los responsables de tortura queden en firme”. En 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) emitió sentencias condenatorias por la tortura sexual que sufrieron las dos indígenas por militares.
Señaló que los datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de Libertad (Enpol) muestran que “el uso de la tortura parece ser endémico”.
De la cárcel de Acapulco
El presidente del CAT, Jens Modvig criticó que las autoridades no investigaron “de forma adecuada” los indicios de tortura que documentó la ONU en 34 personas detenidas por el caso de Ayotzinapa.
“De hecho los cubrieron, los taparon. Dijeron que habían sido daños autoinfligidos, se habían caído, intoxicación etílica”, el informe detalla diversos tipos de tortura “incluso parece que una persona fue torturada hasta la muerte con asfixia”, expuso y pidió información al respecto.
Reprendió que el Estado mexicano informó cero muertes violentas en cárceles mexicanas a pesar de la ocurrida en la de Acapulco en julio de 2017, donde fueron asesinados 28 reos, y 49 presos más en la cárcel de Topo Chico en Monterrey en febrero de 2016.
Preguntó por qué el gobierno no está recopilando datos, qué procedimientos se realizan ante estos hechos y quién investiga.
Mencionó que el Comité pidió información sobre diversos casos de asesinatos como el de Arturo Hernández Cardona, Félix Román y Ángel Román Ramírez, miembros de la organización Unidad Popular de Iguala asesinados el 30 de mayo de 2013.
Recordó al defensor indígena Herón Sixto López y al periodista Alberto López Bello de Oaxaca.
Expuso que en el caso de Cardona y sus compañeros el Estado respondió que hay una “investigación preliminar. Todos estos asesinatos son del 2013, han pasado seis años y no se han concluido los exámenes de ninguno de ellos. Sírvanse a hacer comentarios sobre estos resultados”.
La delegación mexicana responderá formalmente hoy a las observaciones aunque en su participación la subsecretaria Martha Delgado reconoció el problema de tortura, el cual se tiene que resolver con la ONU mediante acuerdos como el firmado hace unas semanas con la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y con la sociedad civil.
El miércoles pasado representantes de organizaciones civiles presentaron ante integrantes del CAT el informe alternativo hecho por 120 organizaciones en el que Guerrero ilustra varios tipos de tortura, como se informó en la edición de ese día de El Sur.
Vía telefónica la coordinadora de incidencia del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Sandra Alarcón explicó que además de ese documento la delegación de las organizaciones que viajó a Suiza hizo llegar más información sobre casos emblemáticos en el estado como Inés Fernández y Valentina Rosendo, los integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (Cecop) que se encuentran presos, los normalistas de Ayotzinapa asesinados en 2011 y los desaparecidos en 2014, y de Antonio Vivar asesinado por la Policía Federal en una protesta en Tlapa, con el objetivo de “visibilizar la situación del estado de Guerrero y que se haga énfasis en esos casos”.
Texto: Ramón Gracida Gómez / Foto: Especial
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