Cuando el abogado defensor del líder petrolero Carlos Romero Deschamps –y cercano a los ex presidentes Salinas de Gortari y Peña Nieto– salió, agentes lo arrestaron en la vía pública, le leyeron sus derechos y, según los testigos, le dijeron que tenía derecho a un abogado.
Ciudad de México, 10 de julio de 2019. Alrededor de las 17:00 horas, el abogado Juan Collado Mocelo salió del restaurante Morton’s, donde comió, y fue detenido en la calle por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR).
No opuso resistencia. Sin que le fueran colocadas unas esposas, subió a una de las camionetas que dispuso la Policía Federal Ministerial (PFM) para efectuar la aprehensión.
De acuerdo con testigos, el abogado del líder petrolero Carlos Romero Deschamps llegó varias horas antes al establecimiento localizado en el 405 de Avenida Paseo de las Palmas.
Acompañado de otras personas, que no fueron identificadas, el litigante ocupó una de las mesas de la terraza, a un costado de una agencia automotriz.
Afuera del restaurante, la PFM montó un operativo desde las 15:30 horas aproximadamente, con elementos de élite y al menos seis camionetas de la corporación.
Cuando Collado salió del restaurante, agentes lo detuvieron en la vía pública, le leyeron sus derechos y, según los testigos, le dijeron que tenía derecho a un abogado.
“No sé si salió a fumar o ya había terminado, pero en ese momento llegaron unas Suburban, eran federales o algo así, venían armados y se lo llevaron, escuché que le dijeron que tenía derecho a un abogado”, contó un valet parking.
Al momento de la captura, dos camionetas se estacionaron en frente del restaurante, otras dos a unos metros, en la esquina de Palmas y Sierra Mojada, y dos vehículos más del otro lado del camellón.
Participaron alrededor de 20 agentes federales, unos vestidos de civil y otros de color obscuro, de acuerdo con los testimonios.
“Llegaron directo sobre él, cuando lo agarraron se subió tranquilamente (a un vehículo) y no opuso resistencia en ningún momento”, abundó un trabajador de la zona.
Sin uso de violencia, como reportó la Fiscalía General de la República, Collado fue subido a una camioneta blanca, justo debajo de una cámara de videovigilancia del Gobierno de la Ciudad de México.
Aunque en un principio se especuló que la captura se realizó dentro del restaurante, fuentes del negocio confirmaron que ésta se efectuó en la vía pública.
Aclararon que en ningún momento ingresaron agentes al establecimiento, por lo que éste siguió operando de manera normal tras el operativo.
“Nada pasó adentro del restaurante, ningún policía entró al restaurante, llegó un grupo de fuerzas de élite, porque así se veían, y lo subieron a una Suburban”, explicaron.
“Los agentes de hicieron señas entre sí y se fueron. Atrás de la camioneta en la que se fueron venía otra con gente armada, pero adentro no pasó nada”.
Collado fue detenido con base en una orden de aprehensión por lavado de dinero y delincuencia organizada, afuera de uno de los restaurantes que más frecuenta, según escoltas consultados.
Texto: Antonio Baranda / Agencia Reforma
Foto: Mario Miranda / Agencia Reforma
Cae Collado por trama financiera
Juan Collado Mocelo, abogado cercano a los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, desde hace unos años había incursionado en los negocios financieros a través de la Caja Popular Libertad, radicada en Querétaro.
Fundada en 1960, esta la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) ha estado en el centro de varios escándalos desde la década pasada, por investigaciones de lavado de dinero y fraudes.
En el 2003, los empresarios Jorge y Alejandro Vázquez Mellado, junto con la Caja Libertad, adquirieron el club Gallos Blancos de Querétaro.
Meses más tarde, se reveló que el colombiano Paul Solórzano Lozano, un presunto lavador de dinero del narcotráfico que usaba el alias de Giovani de Ávila Morantes, estuvo a cargo de la liquidación de adeudos a los jugadores despedidos, tras la compra del equipo.
Una década después, se dio a conocer que en el acta circunstanciada UEIORPIFAM/74/2013, los hermanos Francisco Javier y Óscar Rodríguez Borgio, propietarios de las casas de apuestas Big Bola, fueron señalados como accionistas de la Caja Popular Libertad.
En dicho expediente, se acusó que sus compañías Grupo Queroil, Gasolineras Grupo Mexicano, Grupo de Gasolineros de México e Inmobiliaria GGM, supuestamente lavaban dinero del “huachicol” en la Sofipo y los casinos.
En el 2014, la PGR congeló las compañías gasolineras.
En marzo de ese año Carlos Septién Michel, presidente del Consejo de Administración de Caja Libertad de Servicios Financieros, dijo que la compañía no tenía ningún vínculo con los Rodríguez Borgio.
Precisamente en ese mes, Septién había relevado en el consejo de la Sofipo a Martín Díaz Álvarez, quien a su vez tenía una participación minoritaria en Oceanografía, la empresa de Amado Yáñez Osuna que en ese entonces ya era la dueña de los Gallos Blancos de Querétaro.
En junio de 2014, Díaz Álvarez fue acusado de despojo por socios fundadores de Caja Libertad. A los pocos días, un juez federal ordenó su aprehensión, pero por el Caso Oceanografía, donde le imputaron haber presentado documentos falsos para obtener un crédito de Banamex por más de 5 mil millones de pesos.
Martín Díaz huyó a Estados Unidos y, como estrategia, tramitó un juicio migratorio; aunque la PGR pidió su detención provisional con fines de extradición, el país vecino nunca hizo llegar su expediente a una Corte de Florida.
Según datos hemerográficos, a fines de 2015 la cadena de casas de empeño Prenda Oro se fusionó con Libertad Servicios Financieros y a partir de entonces Juan Collado Mocelo apareció como presidente de administración.
Texto: Abel Barajas / Agencia Reforma
Dicta juez prisión preventiva
Un juez federal impuso la prisión preventiva oficiosa al abogado Juan Collado, aunque hasta las 4:00 horas aún no podía vincularlo a proceso debido a la salud de imputado.
A las 3:30 horas la defensa pidió un receso luego de que Collado presentó varios espasmos y parálisis en una parte de la cara, del lado izquierdo.
Collado fue acusado por la Fiscalía General de la República de lavado de dinero y delincuencia organizada, por ser supuestamente parte de una red financiera ilícita que simuló, mediante empresas fantasmas, la compra venta de inmuebles.
En el caso específico de Collado se ventiló que está involucrado en la simulación de la venta de un terreno de unos 3 mil 877 metros cuadrados que vendió Operadora de Inmuebles de Centro a Libertad y Servicios Financieros, donde el acusado llegó a ser presidente del consejo de administración.
La FGR indicó que la venta se realizó con suplantaciones de identidad, fraudes y simulaciones en asambleas de Libertad y Servicios Financieros.
La transacción del terreno, que se ubica en Bernardo Quintana número 9791 fue de 156 millones de pesos más IVA.
Ahora ese terreno es la Zona Comercial Centro Sur, un edificio de seis pisos y otros seis niveles de estacionamiento con valor actual de 700 millones de pesos.
En el teje y maneje del dinero se indicó que por la transacción fue beneficiado con 24 millones de pesos, depositados directamente a su cuenta de Bancomer.
En la venta están también implicados cuatro personajes José Antonio Rico Rico, por parte de Libertad Servicios Financieros, y José Antonio Vargas Hernández Roberto Isaac Rodríguez Gálvez y Tania Patricia García Ortega por parte de Operadora de Inmuebles del Centro, sobre quién también se liberaron órdenes de aprehensión.
En los señalamientos salió a relucir el zar de los casinos, José Rodríguez Borgio, como socio de Collado en Libertad Servicios Financieros.
Martín Díaz Alvarez, ex jefe financiero de Oceanografía, estuvo seis meses también en el consejo de administración de esa empresa, se reveló.
Incluso salpican al actual Gobierno Francisco Domínguez, quien supuestamente recibió dos maletas de dinero en efectivo con unos 10 millones de pesos en cada una para financiar su candidatura, enviadas por el zar de los casinos y autorizado por Collado.
El principal denunciante de la acusación contra Collado es Sergio Hugo Bustamante Figueroa, quien dice que fue defraudado al ser dueño del terreno y arrebatado por Operadora de Inmuebles del Centro, donde lo hicieron socio sin saber.
La acusación también salpica a Administradora Cimatario y Administradora Ario para lavar dinero, además del Club de Fútbol Gallos Blancos.
Bustamante denunció a quienes le quitaron su terreno el 4 de junio pasado y ante la UIF el pasado 7 de julio.
El doctor de Collado acudió a la audiencia ante la hipertensión y diabetes de su cliente.
El juez Jesús Eduardo Vázquez encabeza la audiencia.
Texto: Benito Jiménez / Agencia Reforma
Entérate más:
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