El lunes por la tarde, cuando Rosario Robles llegó a las puertas del juzgado en su camioneta BMW lanzó retadoramente: “Vengo con las faldas bien puestas, tomando el toro por los cuernos y dando la cara”; hoy amaneció en el frío penal de Santa Martha.
Ciudad de México, 14 de agosto de 2019. El lunes a las 17:10 horas, al arribar al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, Rosario Robles se bajó de una camioneta BMW y lanzó retadoramente: “Vengo con las faldas bien puestas, tomando el toro por los cuernos y dando la cara”.
Pero ayer martes al amanecer, y casi al final de una audiencia de 12 horas, el fiscal federal Manuel Granados Quirós le reviró con una puya.
“Qué bueno que dijo que vino a dar la cara, sin embargo, lo hizo mucho tiempo después de que nos vieran la cara a todos los mexicanos”.
En ese momento Robles ya había sido vinculada a proceso por ejercicio indebido del servicio público y desvío de casi 5 mil millones de pesos cuando encabezó la Sedesol y luego la Sedatu.
Las principales pruebas eran 24 dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación, testimonios de tres testigos colaboradores, ocho oficios que ellos enviaron a Robles para advertirle de irregularidades y falsificación de firmas para operar el saqueo.
Con las pruebas aceptadas y valoradas por el juez, el fiscal Granados le tiró a Robles un par de banderillas y le reprochó la protección política y jurídica que tuvo en el anterior gobierno de Enrique Peña.
“Quizá puede argumentar (Robles) que vino a dar la cara, como cuando creía tener el manto protector del ‘No te preocupes, Rosario’ (que le dijo el Presidente Peña Nieto), cuando finalmente fue tocada con el pétalo de una denuncia penal”.
Después de la intervención del fiscal, Robles pidió la palabra.
“Aquí he estado y siempre he dado la cara. En consecuencia, debe actuar conforme a las leyes y no para la tribuna”.
Para el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, Rosario Robles estaba inmersa en una “unidad de propósito delictivo” que operaba de manera organizada para obtener en forma ilícita recursos del erario federal.
Además consideró como increíble que la ex funcionaria no se percatara de los miles de millones de pesos que fueron extraídos por sus subordinados.
“Rosario Robles debió informar a su superior jerárquico o bien evitar que se desviaran los recursos. Debió velar por los recursos con honradez (…) Es increíble que no estuviera al tanto”.
Y luego como juez de plaza, Delgadillo no se dejó presionar por Robles quien le había pedido no emitir un fallo para recibir los aplausos de la tribuna.
“No somos un tribunal de carácter social. Aquí no se dictan sentencias populares”, dijo el juez al final de la audiencia que concluyó a las 6:25 horas.
Un toro difícil de lidiar
Al arribar al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, Rosario Robles, ataviada con un vestido blanco, alpargatas y una mascada roja con una franja de colores, se abrió paso entre un remolino de reporteros que avanzó atropelladamente y envió a dos de ellos al suelo.
La ex titular de la Sedatu no imaginó que 14 horas más tarde se retiraría de la audiencia en otra camioneta azul, pero esta vez de la Policía Federal, que tendría como destino final el Penal de Santa Martha Acatitla, al oriente de la capital.
En la sala judicial, la arroparon los abogados Alexandro y Xavier Olea Trueheart, Juan Manuel Méndez Arroyo, Julio Hernández Barros, José Saucedo Ortiz y Óscar Ramírez Santiago, este último a cargo de la mayor parte de las intervenciones.
Durante casi la totalidad de las 12 horas de audiencia, Robles guardó la calma. La mitad de los lugares para el público estaban ocupados por familiares y amigos, teniendo en primera fila a su hija Mariana Moguel y su pareja sentimental.
Parecía confiada en el caudal de documentos que habían preparado sus defensores. Eran 39 pruebas, entre ellas 5 resoluciones del Órgano Interno de Control (OIC) de la Sedesol, en los que se concluyó archivar las investigaciones de desvíos por falta de elementos.
Agregaron 5 entrevistas, incluidas la suya y su hija, y diversos oficios girados al OIC, la Fiscalía General de la República y Emilio Zebadúa, ex Oficial Mayor de la Sedatu y Sedesol.
A este último le ordena en esas comunicaciones dejar de contratar bienes y servicios conforme al artículo primero de la Ley de Adquisiciones, que eximen la licitación y que había sido el principal mecanismo empleado para simular contrataciones.
Robles también ofreció el fallo de la Secretaría de la Función Pública, dictado en un procedimiento de verificación patrimonial, que concluye que no había ninguna irregularidad ni aumento en sus bienes.
Adicionalmente, habían agregado al expediente el registro de acceso de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para probar que ella no estuvo en junio de 2014 en una reunión llevada a cabo en esas oficinas y en donde, como dicen unos testigos colaboradores, fue informada de los desvíos.
Después de 12 horas y cuatro recesos, el juez Felipe de Jesús Delgadillo dictó la vinculación a proceso por ejercicio indebido del servicio público porque, en su opinión, estas pruebas no atacaban la tesis principal de la FGR.
Es decir, que no desvirtuaban que entre el 2014 y el 2018 ella tuvo pleno conocimiento de la falsificación de firmas y contratos para desviar 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos y que fue omisa para impedir estas operaciones ilegales.
“El dolo se dio porque sabía que no dar aviso continuaría el daño; no quiso actuar porque los involucrados formaban parte de su equipo de trabajo y continuaron con sus actividades ilícitas”, dijo el juez.
Delgadillo puntualizó que las evidencias que acreditan que Robles fue informada durante esos años de las anomalías y no actuó en consecuencia, son 8 oficios que le enviaron dos ex subordinados que hoy son testigos colaboradores de la FGR.
A las 4:56 horas de ayer el juez dictó la vinculación a proceso y a las 6:25 horas le decretó la prisión preventiva justificada. Allí cambió el semblante de Robles. En el intervalo, su hija estuvo profundamente dormida en el hombro de su pareja.
“Estamos ante un tribunal de estado, ante un tribunal de consigna, es la más aberrante impartición de justicia que he visto en 35 años de ejercicio profesional, está de luto la justicia mexicana”, dijo el abogado Julio Hernández.
Mientras el litigante hablaba a las cámaras, una camioneta de la Policía Federal salía del estacionamiento del centro de justifica con Robles a bordo, con rumbo al Penal de Santa Martha Acatitla. Eran las 7:08 horas.
Un día martes 13, un día sin suerte para Robles
Nuevas compañías: “Miss Moni” y la homicida de Plaza Artz
Rosario Robles quería llevar su proceso en libertad. Era martes 13.
Para convencer al juez, entregó comprobantes de domicilio y dijo que vivía en la misma casa desde hace 24 años, en Coyoacán.
Pero la fiscalía exhibió que había tramitado una licencia de conducir el pasado 7 de agosto con un domicilio distinto.
Es por eso que el juez decidió mandarla al frío penal de Santa Martha Acatitla, donde hay problemas de agua y camas insuficientes.
Robles estará por ahora en el área de Medidas Cautelares, a la espera la investigación complementaria.
En esa misma zona, enfrentan su proceso con prisión preventiva oficiosa Mónica García Villegas, “Miss Moni”, dueña del Colegio Rébsamen, y Esperanza Gutiérrez, acusada de asesinar a dos israelíes en Plaza Artz.
Texto: Redacción / Abel Barajas / Agencia Reforma / Foto: Archivo
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