Relata el corresponsal de El Sur, Carlos Acuña, el proceso amañado mediante el cual lo desalojaron del departamento donde habitaba, a un lado de la Alameda Central. Bancos e inmobiliarias se confabulan para convertir edificios de vivienda popular en lujosos hoteles y centros comerciales.
El Sur / Ciudad de México, 26 de agosto de 2019. Eran alrededor de 25 hombres: una tropa pequeña y discreta que esperaba instrucciones en una de las esquinas de la Alameda Central, en la Ciudad de México. Pasaban las 11 de la mañana del martes 20 de agosto cuando la orden llegó. Yo regresaba a mi casa y los vi avanzar, desde el otro lado de la acera. No pude evitar sonreír: venían por mí pero yo iba detrás de ellos.
Sus servicios pueden contratarse afuera de la sede del Tribunal Superior de Justicia. Les llaman cargadores o lanzadores, pueden costar hasta 450 pesos por cabeza y su trabajo consiste en entrar a tu casa y echarlo todo a la calle. Su brutalidad depende de las órdenes que reciban. A veces destrozan las ventanas y los baños, o lanzan los muebles desde el quinto piso por la ventana; si hay mujeres llegan a ejercer cierta violencia sexual.
–¡Tú! –me señaló la abogada, una mujer con ojos de pistola y cara de doberman que siempre viste un traje sastre de colores muertos–. Venimos por ti.
Me pidió abrir la puerta de mi departamento, el 32 de la cerrada Cristóbal Colón número 1, al poniente de la Alameda Central, en el Centro Histórico de la capital. El edificio ahí ubicado atraviesa por una situación que bien podría calificarse de “guerra de baja intensidad”: es la batalla de las grandes inmobiliarias contra nosotros, los ciudadanos.
El desalojo no fue del todo una sorpresa: sabíamos –mis vecinos y yo– que podría suceder. No soy ni el primero ni el último que termina con sus muebles en la calle sin una justificación válida. Menos, en los últimos meses.
Nos están sacando de nuestros hogares
En junio del año pasado, jóvenes amedrentaron con armas a los vecinos de Palma 413. Tenían el objetivo de tomar el edificio.
Hace unos meses, en mayo de 2019, en el número 45 de la histórica avenida Madero, desalojaron a todos los vecinos y locatarios, propietarios incluidos, mediante un juicio en contra de una persona que nadie conoce y que tal vez ni siquiera existe.
En Isabel la Católica 99 una familia fue desalojada apenas en junio pasado, a la fecha mantienen un campamento en la calle.
En Zapata 68, detrás de Palacio Nacional, Rufina Galindo, de 65 años, fue desalojada en 2014 junto con todos sus vecinos; en la operación fueron utilizados cientos de granaderos. El proceso fue tan turbio y Rufina tan insistente en demostrarlo, que le tuvieron que devolver la posesión de su casa; pero fue la única que se atrevió a regresar al edificio donde había vivido más de medio siglo; en los departamentos ya vacíos que la rodean se instalaron jóvenes armados que se empeñan en robarle tanques de gas, hacer el mayor escándalo posible a las tres de la mañana, fumar piedra en los pasillos e intimidar a cualquiera que ose visitarla.
Una solicitud de información bastó para que supiéramos la dimensión del problema: en promedio, en la capital del país se ejecutan 3 mil 200 desalojos al año con apoyo de la fuerza pública; la gran mayoría, lo sabemos hoy, se ejecutan mediante lanzadores, sin apoyo policiaco, lo que significa que la cifra real podría ser dos veces más grande.
No todos los desalojos son ilegales, arbitrarios o forzados, pero los que hemos atestiguado cerca de la zona Centro están regidos por procesos al menos turbios.
Por si fuera poco, en Ciudad de México es común que las desarrolladoras inmobiliarias construyan pisos de más en zonas de alto riesgo sísmico. Lo que es raro es que los vecinos logren detener estos procesos.
Cristina Chavarría había conseguido una orden de demolición contra la torre que se construía a un costado de su casa –ocho pisos ilegales–, en la calle Baja California de la colonia Condesa. La asesinaron en su propio departamento a principios de julio.
Los demandas y te contestan con demandas absurdas… que proceden
El Código Civil de la Ciudad de México contiene un artículo, el 2448-J, que otorga a los inquilinos el derecho de comprar el inmueble que han rentado, antes de que el arrendador lo ofrezca a un tercero. La lucha por ese pequeño derecho fue lo que desató la situación actual del edificio Trevi, donde he vivido casi una década.
Se trata de un inmueble con valor patrimonial a un costado de la Alameda Central que fue concebido para vivienda social.
En marzo de 2018 se nos notificó que el edificio iba a ser vendido: si queríamos comprar nuestro departamento –esto es, acceder a nuestro derecho al tanto– tendríamos que desembolsar 80 millones de pesos. Sí, cada uno de los inquilinos. De lo contrario, el edificio se convertiría en un hotel de lujo.
Claramente era una estrategia turbia para conseguir que un edificio cuya vocación era la vivienda popular se convirtiera en un espacio meramente comercial. De 30 departamentos y cinco negocios ubicados en la planta baja, 13 inquilinos decidimos demandar para que se respetara nuestro derecho preferente.
Necesitábamos contar con un contrato vigente y no dejar de consignar nuestras rentas ante un juez –para que existiera la certeza de nuestro pago– puntualmente y sin falta.
Gracias a este juicio supimos que quienes deseaban adquirir lo que hasta entonces era nuestro hogar estaban dentro de un fideicomiso –un grupo de empresas o particulares cobijados por una figura que les otorga invisibilidad– encabezado por Banca Mifel SA, Institución de Banca Múltiple, en representación de la inmobiliaria Interactiva SAPI, que tiene como nombre comercial Público Coworking, además de otras figuras morales de las cuales no conocemos nada.
Por el expediente de la demanda también nos enteramos de que se le habían pagado más de 6 millones de pesos al notario Miguel Alessio Robles –subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y consejero jurídico de la Presidencia en el sexenio de Felipe Calderón– solamente por redactar el documento que nos negó de tajo el acceso al derecho al tanto.
Para no enfrentar nuestra demanda, Banca Mifel y Público Coworking interpusieron a su vez una serie de demandas en otros juzgados por razones cada vez más insólitas.
A la fecha lidiamos contra al menos otras nueve demandas. Nos acusan, por ejemplo, de no pagar nuestro alquiler pese a que todos nuestros pagos están consignados ante un juzgado.
Nos acusan también de falsificar nuestras propias firmas; en el colmo del absurdo, la demanda fue admitida: será un perito quien determine si nuestras firmas son reales o no, por tanto, si tenemos derecho de reclamar un derecho.
Increíblemente, estas demandas no sólo han procedido, sino que se nos ha negado la posibilidad de defendernos mediante amparos.
Del desalojo al despojo
Para lograr el desalojo en mi contra, dado que el juez me había otorgado el pago de una contragarantía que hubiera suspendido la orden de desalojo –cuyo plazo vencía el día miércoles 21–, se secuestró el expediente tres días, de modo que mi defensa no pudiera acceder a él, y se forzó el plazo de vencimiento: mi desalojo se ejecutó un día antes de que venciera.
No sólo eso. Aunque el departamento sigue en disputa por el juicio de preferencia al tanto y los amparos aún pueden ser admitidos en otros juzgados, no habían pasado 24 horas cuando un ejército de trabajadores de la construcción procedieron a desmantelar los muros internos con picos y martillos, consumando así un despojo.
Para ese entonces, las obras dentro del edificio Trevi habían durado ya dos semanas: un ejército de martilleros entraba cada mañana a los departamentos ya vacíos y se dedicaba a provocar un estruendo que cimbraba paredes, puertas, ventanas desde la mañana hasta la noche, sometiendo a los vecinos que viven ahí a una tortura que se extendía prácticamente todo el día.
Desalojos y procedimientos legales aparte, las obras eran tan irregulares que el mismo miércoles 21 la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) acudió a clausurarlas después de una denuncia interpuesta por los vecinos.
Mariana Boy, la procuradora, acudió a la diligencia y se enfrentó a una empresa que operaba sin ningún tipo de permiso y que, en su afán por echarnos fuera, había puesto nuestra vida en peligro.
Mientras tanto, nos enteramos que otros vecinos del edificio tienen juicios abiertos pero que no han sido notificados. Es posible que exista un mar de demandas de las cuales ignoramos su existencia pero que de un día para otro pueden ser aprobadas por un juez.
Estas irregularidades –secuestrar expedientes, adelantar procesos, negar posibilidad de defensa, abrir juicios invisibles– sólo pueden explicarse por la existencia de una estructura de corrupción en los juzgados.
Las disputas por el territorio
Casi el mismo tiempo que tengo de vivir en el edificio Trevi lo tengo de ser reportero. Mi carrera periodística ha estado marcada por las coberturas de movimientos involucrados en la defensa del territorio.
He documentado al pueblo wixárika en su histórica defensa de Wirikuta y su lucha por expulsar de sus montañas sagradas a las mineras; he dormido en Cherán, Michoacán, y hablado con un pueblo que expulsó a todos los partidos políticos y se levantó en armas contra narcos y talamontes; he estado en Ayutla de los Libres y en Olinalá, siempre documentando cómo se organiza la gente para defenderse a veces de una minera, a veces de un proyecto hidroeléctrico, a veces del crimen organizado.
Guardadas las proporciones, el suelo urbano vive disputas similares. Un ejemplo es la Cooperativa Palo Alto, en Santa Fe: un barrio popular que resiste los embates de los grandes desarrolladores de una de las zonas con mayor plusvalía en la ciudad; una pequeña colonia de casitas rodeada ya por los más grandes rascacielos de la ciudad.
O el pueblo organizado de Xoco, al sur de la ciudad, que ha dado la batalla contra Mitikha, un complejo de más de un millón de metros cuadrados construidos que pretende levantar una torre departamental de 60 niveles, un centro comercial con 10 mil cajones de estacionamiento. Los vecinos de Xoco han logrado que el proyecto se cancele varias veces y se postergue por años.
El edificio Trevi es parte de estas disputas territoriales; su defensa está inspirada en lo que ocurre tanto en los estados como en otros litigios emblemáticos de la capital del país. Nos organizamos en torno a la 06000 Plataforma Vecinal y Observatorio del Centro Histórico como una comunidad que vio la guerra urbana que se avecinaba; a la fecha existen por lo menos otras cinco organizaciones vecinales que han decidido nombrarse usando su código postal.
Los académicos llaman gentrificación a los procesos que expulsan a los habitantes de las clases sociales más desprotegidas hacia zonas donde la seguridad es más baja y los servicios básicos no están del todo cubiertos, al tiempo que se beneficia al turismo y a las clases privilegiadas; nosotros lo llamamos llanamente racismo y despojo.
Esta ciudad la siguen construyendo los miles de migrantes indígenas que laboran en el campo de la construcción, por poner un ejemplo, pero ellos jamás tendrán acceso a las torres que construyen.
Emilio Illanes, uno de los socios de Público Coworking y encargado de llevar todo el proyecto a nivel de tierra en el edificio Trevi, es hijo de Emilio Illanes Díaz Rivera: consultor especialista en microfinanciamientos, entidades de ahorro en crédito popular, que no pocas veces ha colaborado con autoridades. No deja de parecer curioso que el hijo de una persona que ha forjado su patrimonio en otorgar créditos a las clases trabajadoras, sea hoy el encargado de echarlas a la calle.
