Bajo la amenaza de retirarle el programa Prospera, con engaños y con el argumento de que ya tenía seis hijos, una doctora lo obligó a que le practicaran la vasectomía. Tlachinollan documentó el caso del hombre de Barranca Tecoani, municipio de Ayutla, y ombudsman estatal llama a aplicar la ley de responsabilidades contra dos médicos y a que la planificación familiar se haga con base en la norma.
Chilpancingo, Guerrero, 24 de septiembre de 2019. A 25 años de los primeros casos documentados de indígenas esterilizados, la Comisión de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum) emitió una recomendación a la Secretaría de Salud por un caso ocurrido en abril de 2018 contra un indígena me’phaa de la comunidad de Barranca Tecoani, municipio de Ayutla de los Libres.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan documentó y presentó la queja por la violación al derecho reproductivo de Bernardo, un hombre de 37 años de edad ante la Codehum el 16 de octubre de 2018, explicó la abogada Fidela Hernández Vargas.
El hombre quien no habla castellano pero sí lo entiende fue inducido por la doctora Brenda Gallardo Cruz quien trabajaba en el centro de salud de la comunidad para que se practicara la vasectomía porque ya tenía cinco hijos y tendría para esas fechas un sexto con su esposa de 36 años.
“La doctora estuvo hostigando e induciéndolo para que se practicara la vasectomía. La doctora le decía que se hiciera la vasectomía, y a cambio de eso le iban a dar becas, y que ya no le pondrían falta a su esposa en el carnet del programa Prospera, del que recibía cada dos meses 5 mil 800 pesos”, dijo la abogada.
El hombre amedrentado y bajo la amenaza de que su esposa sería sacada del programa, el 22 de abril del 2018 se realizó la vasectomía en el centro de salud de la cabecera municipal donde el hombre pagó mil 906 pesos, a pesar de que le habían dicho que la operación sería gratuita.
La abogada explicó que la doctora y el médico incurrieron en otra agraviante porque para realizar la vasectomía se necesitan dos testigos y un documento por escrito donde conste que se le explicaron sus derechos al hombre y las consecuencias de la operación.
Una vez que la operación pasó en julio la doctora le puso falta en el carnet del programa Prospera (desaparecido por el actual gobierno desde enero de este año) a la esposa de Bernardo a pesar de la promesa hecha de que no sería así, si él aceptaba la operación.
El caso del hombre permaneció durante casi tres meses en el silencio, hasta que llegó a oídos de Inés Fernández Ortega quien el 22 de marzo de 2002 fue violada por militares y cuyo caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien canalizó al hombre a Tlachinollan.
El viernes pasado el Centro de Derechos Humanos fue notificada por la Codehum, que emitió la recomendación 049-2019 del expediente CDHEGDRCCH/046/2018 por esterilización forzada por parte de la Secretaría de Salud contra Bernardo por la violación al derecho de decidir libremente sobre la reproducción.
La recomendación de la Codehum puntualiza que la Secretaría de Salud a través de su órgano interno de control debe de intervenir y actuar conforme la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Guerrero en contra de la doctora Brenda Gallardo Cruz, y quien le practicó la cirugía a Bernardo, el doctor José Díaz Zacarías.
Además se ordena al secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos instruir y coordinarse con la Comisión Especial de Atención Víctimas del Estado para que se proceda a la reparación del daño causado y que incluya una compensación económica y atención médica y psicológica.
Girar órdenes para que en lo sucesivo las políticas de planificación familiar se ajusten a la a la norma oficial mexicana NOM-0055/SSA2-1993 sobre servicio de planificación familiar y al convenio 169 de la OIT, sobre los derechos indígenas, así como realizar cursos a los trabajadores de derechos humanos a la jurisdicción sanitaria 06 de la costa chica.
El 15 de abril de 1998 Tlachinollan documentó 14 casos de indígenas de la comunidad El Camalote de Ayutla, que fueron esterilizados a través de engaños como el recibir becas y mejoras para sus hijos, en aquel entonces la Comisión Nacional de Derechos Humanos remendó al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo que la Secretaría de Salud indemnizara a las víctimas.
Por este caso la Codehum emitió una recomendación el 16 de agosto de 2004 pero el entonces gobernador René Juárez Cisneros las rechazó y dijo que había intereses electorales y políticos atrás.
Pero hay otros 16 casos no documentados por la organización de indígenas mixtecos de las comunidades de La Fátima y Ojo de Agua que fueron esterilizados en 1994.
Hernández Vargas dijo que el caso de Bernardo es delicado por los antecedentes que ya había en el mismo municipio, y porque pueden existir otros casos en esa misma comunidad u otras, además de que ahora también el hombre sufre de un rechazo por parte de su propio pueblo donde le han apodado “el capado”.
Texto: Jacob Morales Antonio / Foto: El Sur
