Un juez impuso una multa a los cuatro coordinadores de El Paraíso, al comisario de la misma comunidad y el de El Coyul, municipio de Ayutla, luego de no acatar un amparo, y solicitó liberar a un hombre acusado de asesinar a su hermano. Los comunitarios piden respetar su sistema de justicia.
Chilpancingo, Guerrero, 11 de octubre de 2019. La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) denunció que el juez segundo de distrito del estado, José Artemio Navarrete Sánchez, inició una campaña de hostigamiento y criminalización de la organización comunitaria.
En conferencia de prensa en la capital, representantes de las cinco Casas de Justicia informaron que el juez impuso una multa total de 190 mil pesos a los cuatro coordinadores de El Paraíso, al comisario de la misma comunidad y el de El Coyul, municipio de Ayutla, luego de no acatar un amparo recibido el 8 de octubre.
Dijeron que en dicho amparo el juez ordena poner en libertad al señor Teodoro Crisóforo Jiménez, quien está acusado y procesado en el sistema comunitario por el delito de homicidio calificado contra su hermano, ocurrido el 17 de mayo.
En la resolución del juez se ordena al Ministerio Público federal una investigación por el delito de desacato y privación de la libertad contra los coordinadores y las autoridades municipales por la detención de Crisóforo Jiménez.
El amparo ordena al gobernador Héctor Astudillo Flores y al fiscal general Jorge Zuriel de los Santos “hacer los actos y operativos necesarios para que los coordinadores y comisarios pongan en libertad al detenido”.
Por esta situación los coordinadores de Espino Blanco, El Paraíso, San Luis Acatlán, Las Juntas Caxitepec, y de Zitlatepec, Taurino Reyes, Ángel García, Adulfo Esteban de la Cruz, Federico Cantú, Alberto Rojas, respectivamente, y el consejero regional, Juan Antonio García, exigieron a las autoridades estatales y federales respetar el sistema de justicia comunitario reconocido en la Ley 701 y en los convenios internacionales.
Asimismo, afirmaron que las comunidades indígenas se van a defender de los jueces “criminales” que están liberando a delincuentes confesos.
Texto: Jacob Morales / Foto: Jessica Torres
