Ningún militar ha sido castigado por la Guerra Sucia de los 1970 y por la impunidad sigue cometiéndose ese delito en el país, señala Tita Radilla en foro organizado por la UAG. Familiares de desaparecidos de la Guerra Sucia y la narcoviolencia señalan que un factor para que no los encuentren es la corrupción que prevalece.
Acapulco, Guerrero, 25 de octubre de 2019. Durante el segundo día del tercer Foro Ciudadano Anticorrupción que se desarrolló en el auditorio de la Escuela de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), familiares de desaparecidos de la Guerra Sucia y la narcoviolencia señalaron que no encuentran a sus seres queridos por la corrupción que prevalece.
Tita Radilla recordó que ningún militar ha sido castigado por los hechos de hace cinco décadas, mientras que María Herrera Magdaleno y María Mora Liberato lamentaron que la sociedad sea indiferente.
Asimismo, pidió que el presidente Andrés Manuel López Obrador declarar al país en emergencia nacional y solicite apoyo internacional para la búsqueda e identificación de desaparecidos en el país, que oficialmente son 40 mil.
“Yo sólo quiero saber dónde están mis hijos, que alguien me diga ‘están en tal lugar’ y yo voy por ellos. La justicia ya no me pertenece a mí”, dijo uno de los emblemas de la búsqueda de personas en el contexto actual de violencia en el país, María Herrera Magdaleno, en el evento organizado por la Comunidad Creativa de Emprendedores Revolucionarios (Crea).
Con la foto de sus cuatro hijos desaparecidos, un par en Atoyac en 2008 y el otro en Poza Rica, Veracruz, dos años después, junto con el retrato del periodista Javier Valdez, asesinado en 2017, indicó que “somos víctimas de la corrupción, de la indolencia, de la falta de atención del gobierno”.
El gobierno se escuda culpando a la delincuencia organizada de levantar personas, pero son las instituciones que cometen estos crímenes, dijo quien señala a la policía de la extracción de sus descendientes.
Al borde del llanto y con el reconfortante brazo izquierdo extendido de Tita Radilla, vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos y Vícti-mas de Violaciones a Derechos Humanos (Afadem), Herrera Magdaleno dijo que la situación que viven “para nosotros es la muerte misma, nos tienen en una agonía tremenda y pareciera que nadie de la sociedad se entera”.
Pues tener a un pariente desaparecido representa perder la paz, “nos arrebatan nuestra forma de vida, nos destruyen totalmente”, y quienes más sufren son los huérfanos que crecen con dolor e impotencia.
La fundadora de Familiares en Búsqueda María Herrera interrumpió su testimonio para realizar una dinámica con los 70 alumnos presentes, de los cuales algunos fueron sacados del auditorio para luego ser buscados por sus compañeros tras la pregunta de Herrera Magdaleno: ¿Falta alguien de sus compañeros que estaban a su lado?
La activista explicó que esta dinámica la realiza reiteradamente para sensibilizar a los jóvenes ante las desapariciones que se perpetran en el país y el desinterés que muestra la sociedad ante ellas.
Otro pilar de la lucha por los desaparecidos en México pero en el contexto de la Guerra Sucia, Tita Radilla, leyó un documento sobre la lucha que ha dado desde 1978 para buscar a su padre Rosendo Radilla, desaparecido cuatro años antes, caso que logró la primera sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) contra el Estado mexicano en 2009.
Atoyac concentra 400 casos de desaparición forzada en aquel periodo de represión hacia la guerrilla y la población en general por parte del Ejército que llegó a disponer de 24 mil elementos en 1971 en este municipio, una tercera parte del total de la institución, explicó.
Indicó que la impunidad que se mantiene ya cinco décadas, lapso en el que ningún militar ha sido culpado por estos casos, es la razón por la que siguen desapareciendo personas en el país.
Rechazó que sean 40 mil desaparecidos, según el conteo oficial, cuando hay 38 mil cadáveres en los Servicio Médico Forense (Semefo) en el territorio mexicano.
Por esto pidió que el presidente Andrés Manuel López Obrador declare al país en emergencia nacional y solicite apoyo internacional para la búsqueda e identificación de cuerpos.
La representante de la asociación Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos, Emma Mora Liberato, contó que su hijo fue secuestrado cuando tenía 14 años en el contexto de la “guerra contra las drogas”: “¿qué mal le podía hacer a una persona?”.
“Se me hace increíble pensar que mi hijo no lo tenga conmigo”, dijo entre lágrimas.
Relató que a partir de este hecho experimentó la corrupción, la impunidad, la falta de justicia y la indolencia de las autoridades, y también de la sociedad.
La organización que fundó en 2016 junto con otras familias se conforma actualmente de 236. Sin embargo las desapariciones siguen en el puerto y tan sólo en octubre van 17, informó.
Agregó que los secuestros se pueden dar en cualquier zona de Acapulco y a “plena luz del día”.
Indicó que el colectivo sólo quiere saber dónde están sus seres queridos, “nosotros no queremos sabes quiénes lo hicieron o por qué, para eso está la justicia”.
Pidió al gobierno federal que también se cree una comisión de la verdad como la que se hizo para el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La moderadora Jean Mendieta recordó que este evento se da un día después del otorgamiento de la medalla Belisario Domínguez a Rosario Ibarra de Piedra, quien encargó, en voz de su hija, al presidente López Obrador que la resguardara hasta que encuentre a su hijo Jesús Piedra Ibarra desaparecido en 1975 por fuerzas del Estado.
El evento concluyó con la consigna: “¿Dónde están, dónde están, nuestros hijos, dónde están?”.
Texto: Ramón Gracida Gómez / Foto: Carlos Alberto Carbajal
