En un conversatorio organizado en el 15 Congreso Nacional de Investigación Educativa hay llamados a la movilización ante el recorte presupuestal para 2020. El gobierno federal cree que todas las universidades son iguales a las de la “estafa maestra”, señalan rectores e investigadores de distintos centros educativos del país reunidos en Acapulco.
Acapulco, Guerrero, 21 de noviembre de 2019. El modelo de financiamiento de las universidades públicas en el país ya no es sostenible, por los problemas que arrastran estas instituciones, alertaron rectores e investigadores en el Conversatorio Financiamiento, Transparencia y Crisis en las Universidades Públicas, en el que también se llamó a movilizarse contra el recorte presupuestal.
En el conversatorio, que se llevó a cabo en un salón del centro de convenciones Mundo Imperial, como parte de las actividades del 15 Congreso Nacional de Investigación Educativa, participaron los rectores de las universidades autónomas Benito Juárez de Oaxaca, Eduardo Bautista Martínez; del Estado de Morelos, Gustavo Urquiza Beltrán; los investigadores del Instituto de Investigaciones Económicas, Imanol Ordorika Sacristán, y del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, Javier Mendoza Rojas, ambos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Al conversatorio no asistieron los rectores de las universidades de Nayarit, Jorge Ignacio Peña González; ni de Zacatecas, Antonio Guzmán Fernández. Ahí se dijo que su inasistencia se debió a que atendían los problemas que enfrentan por la falta de financiamiento.
El conversatorio partió de la idea del recorte presupuestal, donde la postura del gobierno federal es que todas las universidades son iguales a las que participaron en la estafa maestra.
La estafa maestra es el nombre que se le dio a un mecanismo usado por el gobierno federal priista, entre 2016 y 2017, mediante el cual desaparecieron 7 mil 670 millones de pesos y en el que participaron ocho universidades públicas: la Universidad Autónoma del Estado de México y su Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (Fondict); Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Universidad Autónoma del Carmen (Campeche) y las tabasqueñas Popular de la Chontalpa, Universidad Juárez Autónoma, Politécnica del Golfo de México, Instituto Superior de Comalcalco y Tecnológica de Tabasco, de acuerdo con un reportaje publicado en el portal Animal Político.
La dinámica de participación de los invitados al conversatorio fue que el moderador José Narro Cornejas, quien es tesorero del Consejo Mexicano de Investigación Educativa (Comie), formularía tres preguntas y después, uno a uno los invitados irían dando sus puntos de vista.
Las preguntas que se plantearon a los participantes fueron: “¿Cuál es su perspectiva de los cambios que se tienen que realizar, para modificar los esquemas de asignación presupuestal en los diferentes órdenes de gobierno, de cara a una mejor sostenibilidad financiera?; el aumento de la matrícula, la obligatoriedad y la gratuidad de la educación superior ¿qué implicaciones tiene en materia financiera, desde su punto de vista como rectores e investigadores?; al pensar en la ley de educación superior que se viene ¿cómo hacer que funcione para resolver problemas financieros en las instituciones y cómo debería ser su proceso de elaboración y discusión?”.
Los problemas que arrastran las universidades públicas, de acuerdo con los participantes en el conversatorio, son el crecimiento desordenado de la plantilla laboral en las tres últimas décadas, pago de prestaciones no reconocidas, envejecimiento de trabajadores que se enfrentan al problema del pago de pensiones y jubilaciones; mala planeación financiera; aristocracia dorada con camionetas blindadas, palacios, sueldos elevados amparados en su autonomía y poca democracia en el nombramiento de autoridades.
El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos aseguró que en dos años ha aportado información a la investigación sobre la estafa maestra, pero el problema se ha politizado. Pidió que se cierren las carpetas de investigación y que se aplique la ley.
No todas son corruptas
El rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez, de Oaxaca, señaló que la política anticorrupción del gobierno federal hace señalamientos generales “que socavan las posiciones de nuestras instituciones, ‘todas son corruptas’, precedida por el escándalo mediático de la estafa maestra”.
Eduardo Bautista señaló que en la estafa maestra no se involucró a las universidades, “sino a algunos actores” de esas instituciones, y sostuvo que se deben hacer deslindes y precisiones para encauzar las responsabilidades de las irregularidades encontradas. “Son actores muy específicos, muy puntuales, sobre quienes debería recaer la correspondiente responsabilidad y sanción en su caso. No sobre nuestras instituciones”.
Agregó que las universidades están al borde de la asfixia y en un contexto de descrédito “que no es justo”. Abogó porque los problemas de las universidades se atiendan de manera institucional y no en el marco de “presunta corrupción”.
Eduardo Bautista llamó a que no existan criterios que discriminen a unas universidades del presupuesto, para favorecer a otras, porque esas valoraciones de carácter político propician un entorno en el que hay diferencias en el costo por alumno. Dijo que este trato desigual origina problemas, como el que sucede en Oaxaca, donde la cobertura de la Universidad Autónoma Benito Juárez es del 19 por ciento, mientras la media nacional es del 39 por ciento.
Agregó que otra de las desigualdades que propicia el trato diferenciado en el presupuesto para las universidades, es que hay maestros que reciben un salario de 50 pesos por hora clase, mientras que otros reciben hasta 200 pesos.
Dijo que la obligatoriedad de la educación superior debe venir acompañada de políticas compensatorias, “dar más a quienes hemos sido tratados de manera injusta”.
Sobre la nueva Ley de Educación Superior, el rector de la Universidad Benito Juárez consideró que se debe abordar el agotamiento del sistema de financiamiento de las universidades públicas, que en esa nueva ley se debe dar claridad en cuanto a la distribución presupuestal. “No podemos tener universidades de primera, de segunda, de tercera”.
Problemas estructurales
El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Gustavo Urquiza Beltrán, sostuvo que los problemas que afectan a las universidades públicas del país son problemas estructurales, “no son problemas derivados de la corrupción o de malos manejos de las administraciones de las universidades”.
Sostuvo que el problema de la estafa maestra no es de la institución, sino de las personas que participaron en ese mecanismo.
Indicó que este año logró ahorrar más de 700 millones de pesos, sin afectar los programas educativos de la universidad, y con ese dinero podrá pagar salarios hasta diciembre, pero no tendrá dinero para el pago de aguinaldos, prima vacacional, ni pagar Infonavit, SAT o seguro social.
Gustavo Urquiza informó que desde 2015 esta universidad no cobra cuotas a los alumnos, “dejó de percibir más de 140 millones de pesos”, y eso es parte del déficit que enfrenta la institución.
El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos señaló que los gobernadores eluden la responsabilidad de las universidades públicas, porque cuando se les solicita dinero, mandan a los rectores con el gobierno federal.
Consideró que en la nueva ley debería establecerse un nuevo modelo de financiamiento, que llegue directo a las universidades, no como sucede actualmente, donde primero llega al gobierno estatal, porque “si trae problemas el rector con el gobernador, se la va hacer cansada”.
Recortes
Del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, Javier Mendoza Rojas, señaló que la crisis de las universidades se debe a la política de financiamiento que ha aplicado el gobierno federal, pues con los panistas se alentó a ampliar la cobertura y se crearon fondos extraordinarios, pero con el priismo se redujeron los fondos en unos 40 mil millones de pesos, en los últimos cinco años.
Indicó que de 2000 a 2019, el presupuesto a las universidades públicas creció en un 75 por ciento, pero la matrícula aumentó en 127 por ciento y el subsidio por alumno, en este año, se ha reducido en un 25 por ciento.
Indicó que la gratuidad de la educación superior tendrá un costo para el estado de 17 mil millones de pesos al año y se aplicará de manera gradual, de acuerdo con la información que ha dado la Secretaría de Hacienda, pero el problema es que en ese fondo no se incluyó en el presupuesto para el próximo año y será hasta que se apruebe el presupuesto, cuando conozcan si se incluirá esa partida en el gasto público federal.
Javier Mendoza opinó que se debe meter a la cárcel a quienes estafaron “al abogado, el rector, el tesorero, a esos aplíquenles la ley, pero no a las universidades”.
Agregó que es urgente revisar el sistema de financiamiento a las universidades y a las escuelas de nivel medio superior, porque el riesgo es que “el día de mañana nadie va a tener pensión”.
Movilizar a las universidades, plantea Imanol Ordorika
Del Instituto de Investigaciones Económicas, Imanol Ordorika Sacristán, señaló que el problema de la corrupción en las universidades públicas se ha vuelto “una descalificación permanente”.
Planteó la duda sobre la pertinencia de que las universidades en crisis convoquen a sus consejos universitarios y a sus sindicatos, “a venir a expresarse colectivamente frente al Congreso de la Unión”, como lo hace Antorcha Campesina, que es una organización desprestigiada, pero hace uso de su poca o mucha fuerza.
“Si el rector se para frente a los universitarios y les dice ‘no les voy a pagar el aguinaldo’, el que se va a llevar las mentadas de madre va a ser el rector. Si el rector encabeza a sus consejos, a sus sindicatos, a sus académicos, a sus estudiantes para venir al Congreso, a decir ‘ellos no nos dan para pagar el aguinaldo’, entonces se está trasladando la fuerza en el punto en el que debiera de estar. Yo creo que deberíamos de pensar en estrategias de ese tipo, sin cerrar el diálogo”.
Agregó que los universitarios de las zonas urbanas son los que llevaron a López Obrador a la presidencia, y se debe hacer valer esa fuerza.
Consideró que las universidades debieran poner denuncias penales, “las que fueran necesarias”, por la estafa maestra.
Texto: Daniel Velázquez / Foto: El Sur
