Destacan en este año la desaparición y asesinato de Arnulfo Cerón, de cinco miembros de una familia en Acapulco, las masacres en Tepochica y en un bar de la playa Condesa y los conflictos en Zirándaro. La dirigente me’pha Obtilia Eugenio Manuel, desaparecida cuatro días, recibió después el Premio Nacional de Derechos Humanos.
Acapulco, Guerrero, 31 de diciembre de 2019. La desaparición y asesinato del dirigente Arnulfo Cerón, al igual que cinco integrantes de una familia de Acapulco, las protestas por el fertilizante, la violencia en Zirándaro y las masacres en Tepochica y en un bar de la playa Condesa marcaron 2019 en Guerrero, según el recuento de las notas publicadas en El Sur.
Estos casos relevantes en el panorama informativo del estado se derivan de la violencia del crimen organizado. Fuera de este problema, destacan las protestas de campesinos por el reparto de fertilizante del programa federal, y la desaparición durante cuatro días de la presidenta de la Organización del Pueblo Indígena Me’ Phaa (OPIM) de Ayutla, Obtilia Eugenio Manuel, y de un integrante de su organización, Hilario Cornelio Castro
Arnulfo Cerón
El 11 de octubre el activista y luchador social del Frente Popular de la Montaña, Arnulfo Cerón Soriano, desapareció cuando salió de su casa en la colonia Lázaro Cárdenas, de Tlapa.
Desde el principio sus compañeros señalaron como responsables al presidente municipal, del partido Morena Dionicio Merced Pichardo García, del grupo político del delegado federal, Amílcar Sandoval, y a su jefe de Gabinete, Marco Antonio García Morales, por las descalificaciones que hicieron en contra de Arnulfo, quien les exigió transparencia en los recursos públicos, obras, fertilizante y trato digno al comercio, además los acusó de tener nexos con el crimen organizado.
Tras varios días de búsqueda el 20 de noviembre fue encontrado el cadáver de Cerón Soriano en la carretera Tlapa-Igualita, en el lugar conocido como Los Tres Postes o colonia Nueva Esperanza.
Cuatro días después, en su visita a Tlapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ofreció que habría justicia para este caso.
Es por esto, dijo, que el caso del activista de la Montaña y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa no pueden ser considerados crímenes de Estado, “cuando no se trata de crímenes de Estado, siempre se llega a la verdad, si hay voluntad política de la autoridad; cuando son crímenes de Estado, entonces es muy difícil saber”.
En el acto estuvieron presentes, Pichardo García y García Morales, el primero fue enviado a la última silla del presídium, no habló y López Obrador le negó el saludo; el segundo estuvo entre la multitud.
El 18 de diciembre Marco Antonio García Morales, conocido como Tony, fue detenido por agentes Ministeriales del estado por su presunta responsabilidad en la desaparición y asesinato del dirigente.
Siete días después un juez le dictó vinculación a proceso por desaparición de particulares.
Fertilizante
El verano de 2019 estuvo marcado por las protestas por el retraso de la entrega de fertilizante. Junio y julio fueron los meses más intensos con 32 bloqueos y 11 saqueos de bodegas, y la retención de 28 funcionarios públicos, entre ellos tres presidentes municipales, dos delegados federales, 12 “Servidores de la Nación” y dos de sus coordinadores.
La primera movilización registrada fue el último día de mayo cuando campesinos de 27 comunidades de los municipios de Heliodoro Castillo y San Miguel Totolapan, retuvieron a 30 militares del 68 Batallón de Infantería y 10 policías estatales asentados en el poblado de Puerto del Gallo, en los límites de la sierra con Atoyac, quienes fueron liberados al siguiente día tras una reunión con autoridades.
Las protestas se extendieron hasta octubre cuando en la fecha 16 integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) abrieron la bodega de la empresa Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) y entregaron el fertilizante almacenado a más de 200 campesinos que les faltaba el insumo.
A pesar del malestar de los campesinos guerrerenses, en su primer informe de gobierno, López Obrador festejó en Palacio Nacional la entrega de “147 mil toneladas de fertilizante de manera gratuita a 270 mil productores del estado de Guerrero”.
El secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca (Sagadegro), Juan José Castro Justo, informó en su comparecencia en el Congreso local el 27 de noviembre que 50 mil campesinos se quedaron sin el apoyo del programa.
Zirándaro
La violencia en Zirándaro explotó a partir del 10 de noviembre cuando se reportaron enfrentamientos en las comunidades de Las Parotas del Cuartel, Los Pinos, Los Alacranes, de Zirándaro, y San Rafael del lado de Coyuca de Catalán.
En esa región se disputan el territorio los grupos delictivos La Familia Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según reportes de las autoridades.
A pesar de las primeras denuncias realizadas el 18 de noviembre por el presidente municipal, el morenista Gregorio Portillo Mendoza, el gobierno estatal tardó diez días en reconocer la violencia.
Tras la declaración del alcalde que en una semana de violencia aproximadamente 120 familias (unas mil personas) de unas 20 comunidades de Zirándaro y del colindante Coyuca de Catalán fueron desplazadas y alojadas en la cabecera municipal y en Guayameo, el gobernador Héctor Astudillo dijo dos días después que no había evidencia.
El presidente de Zirándaro contestó denunciando que crecieron las amenazas en su contra por sus declaraciones y que las autoridades estatales lo llevaban a la confrontación con cáteles de la droga al poner en entre dicho la información que difundió, expuso en Facebook en la fecha 22.
A los cuatro días, 16 después de los primeros enfrentamientos, el secretario de Seguridad Pública, David Portillo Menchaca, acudió al municipio de la Tierra Caliente acompañado por el presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, y del encargado de la Guardia Nacional, Alberto Torres Salado, para verificar el número de desplazados que hay y reconoció a las víctimas después de recibir sus denuncias.
El Sur publicó el 12 de diciembre la declaración del alcalde Portillo Mendoza, quien dijo que 126 familias emigraron a Estados Unidos para buscar asilo político a raíz de la inseguridad en la que viven.
Tepochica
Un presunto enfrentamiento el 15 de octubre dejó 14 civiles armados y un militar muertos en la calle principal de la comunidad de Tepochica, a unos 5 kilómetros de la cabecera municipal de Iguala, cerca de la carretera federal México-Acapulco, en la salida hacia Chilpancingo.
En la edición del día siguiente, El Sur narró que arriba de una camioneta Ford negra doble cabina quedaron abatidos ocho de los civiles de 28 a 35 años, todos con impactos de bala en diferentes partes del cuerpo, tanto de frente como en el costado izquierdo.
Colgando de una pierna en la batea hacia el costado derecho de la camioneta quedó otro en el piso de ese mismo lado quedó muerto uno más. En el concreto de la calle, atrás de la batea de la camioneta, estaban los otros cuatro, tres boca abajo y uno boca arriba.
López Obrador declaró en la conferencia mañanera que el militar fallecido habría abatido con una ametralladora a los 14 civiles, luego de un enfrentamiento con un convoy de hombres armados.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó un día después que inició de oficio un expediente de queja por el enfrentamiento.
El 24 de diciembre se publicó en estas páginas el reportaje del periódico español El País que informó de un documento del gobierno federal al que tuvo acceso y que concluye que todos los civiles murieron en el intercambio de balazos, que duró apenas dos minutos, y exonera a los militares.
La nota señaló que el Ejército tiene antecedentes de ocultar ejecuciones extrajudiciales como en Tlatlaya, donde soldados asesinaron entre 8 y 15 personas en 2014.
Mr. Bar
El 21 de julio fue reportado a las 6:50 de la mañana el asesinato a balazos de cinco hombres, dentro del establecimiento Mr.Bar, ubicado en la avenida Costera, frente al hotel Fiesta Americana.
En conferencia de prensa en Casa Guerrero, al día siguiente, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Jorge Zuriel de los Santos Barrila, los señaló de pertenecer al crimen organizado y que en el lugar donde fueron asesinados se reunían para coordinar el cobro de cuotas y recabar los recursos económicos, de manera diaria, y fueron ultimados por el grupo contrario.
La familia de la Simón Bolívar
En la madrugada del 15 de octubre una familia que vivía en la colonia Simón Bolívar, ubicada en la parte alta de la Emiliano Zapata, fue privada de su libertad por hombres armados que irrumpieron en su casa.
Las víctimas eran René de 11 años y Pedro de 16; su madre Adriana Gutiérrez Rendón, estudiante de Psicología de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG); la abuela de los menores, Honoria Rendón Ríos, de 70 años, e Hiram Josué Almazán Gutiérrez, de 19 años.
La falta de resultados inmediatos provocó pronunciamientos públicos y movilizaciones para encontrarlos.
El 15 de noviembre, un mes después de su desaparición, los cinco cuerpos fueron encontrados en fosas clandestinas en la Simón Bolívar, en el punto conocido como La Milpa.
Obtilia, premio nacional de derechos humanos
El 12 de febrero el sacerdote Alejandro Solalinde denunció vía Twitter la desaparición de Los dirigentes de la Organización del Pueblo Indígena Me’ Phaa (OPIM) de Ayutla, Obtilia Eugenio Manuel e Hilario Cornelio Castro.
Un día después el secretario de la organización y esposo de la víctima, Cuauhtémoc Ramírez confirmó el hecho y agregó que Obtilia venía huyendo de Ayutla rumbo a Chilpancingo porque las amenazas de muerte arreciaron en su contra desde el sábado 9.
La desaparición motivó la movilización de policías estatales para localizarlos, lo cual se logró después de tres días de búsqueda y que también provocó que las víctimas abandonaran el estado.
En una entrevista que se publicó en la edición de este periódico de la fecha 21, Obtilia Eugenio Manuel denunció que constructores de la obra pública en Ayutla, vinculados con el crimen organizado fueron quienes la desaparecieron.
La indígena me’phaa de Ayutla recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos el 10 de diciembre de manos del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.
En su intervención dijo que “hoy tengo la oportunidad de decir ante usted (López Obrador), ante el pueblo, lo que pienso. Por eso pido que la violencia contra las mujeres en los pueblos, montañas, sierras, ciudades, calles, transportes, en fábricas, en oficinas, escuelas y universidades se acabe de una vez por todas. Ya no queremos ni un violador más en nuestro camino”.
Texto: Ramón Gracida Gómez / Foto: Jesús Eduardo Guerrero
