Se debe buscar un mecanismo para regular a algunos grupos y desechar y desarmar a otros, pero el uso de la fuerza no es el camino, dice el vocero del FUPCEG, Salvador Alanís. La UPOEG no está fuera de control, es regulada por las autoridades de los pueblos, responde el abogado Manuel Vázquez.
Chilpancingo, Guerrero, 15 de enero de 2020. El director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) y representante de los desplazados por la violencia de Leonardo Bravo (Chichihualco), Manuel Olivares Hernández negó que el gobierno federal ya esté actuando en contra de los grupos de autodefensa que han provocado el desplazamiento forzado.
Dijo, asimismo, que es mentira que ya esté interviniendo la Guardia Nacional para garantizar el regreso de los desplazados a sus comunidades.
Mientras tanto, el vocero del Frente Unido de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero (FUPCEG), Salvador Alanís Trujillo declaró que el gobierno federal debe buscar un mecanismo para regular algunas autodefensas y desechar y desarmar otras, “para que podamos pacificar el estado”, pero advirtió que no es el camino correcto el uso de la fuerza y las armas para desarmarlas “porque se va a generar un caos en el estado”.
Por su parte, el abogado de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Manuel Vázquez Quintero declaró que la seguridad y justicia comunitaria que imparten los indígenas no es justicia por mano propia, como lo declaró el lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador, y rechazó que en el caso de la Policía Ciudadana se haya salido de control, pues es regulada por las autoridades de los pueblos.
En su conferencia mañanera del lunes, el presidente López Obrador declaró que ya se actúa en contra de las autodefensas en Guerrero, pero que llevará tiempo desarmarlas. Aseguró que se trabaja para convencerlas de que no hagan justicia por propia mano, y añadió que algunas “se promovieron inclusive desde el gobierno” y que ahora se le han salido del control.
El tema surgió cuando le preguntaron por qué el gobierno no ha sido capaz de quitar a los grupos armados en comunidades donde han provocado desplazamientos, como en Chichihualco.
El representante de los desplazados de ese municipio, Olivares Hernández dijo que es mentira que el gobierno federal ya esté actuando en contra de estos grupos de civiles armados que han provocado desplazamientos de decenas de familias.
Aseguró que no se ve voluntad de las autoridades para garantizar seguridad y estas familias puedan retornar a sus pueblos.
Mencionó que en este caso han pedido al gobierno federal que establezca un esquema de seguridad que implique el repliegue de los civiles armados que los desplazaron, y un perímetro de seguridad en las comunidades a las que regresen, pero que no les han dado respuesta.
También fue consultado Salvador Alanís, vocero del FUPCEG, agrupación que provocó los desplazamientos al asumir el control del corredor de Filo de Caballos a Xochipala en noviembre de 2018.
Aseguró que no todas las policías comunitarias de Guerrero son malas y que hay muchas que se pueden rescatar, pero que para eso se necesita diálogo, “no podemos avanzar en un tema tan delicado si el presidente de la República corta y prohíbe el diálogo con las policías comunitarias”.
Demandó que el gobierno federal retome el diálogo, “y veamos cuál sería el mecanismo de regular algunas y desechar y desarmar otras para que podamos pacificar el estado, de otra manera no creo que sea el camino correcto la fuerza y las armas para desarmar a las policías comunitarias, porque se va a generar un caos en el estado”, alertó.
Advirtió que en agrupaciones como el FUPCEG “tenemos muchísima base social y no se lo vamos a permitir”.
En cuanto a que algunas autodefensas ya se le salieron de control al gobierno y que otras se crearon alentadas por el mismo, Alanís Trujillo respondió que eso es verdad.
“Yo siempre he señalado al grupo paramilitar de la UPOEG que ha servido a los intereses del gobierno del estado y que ha trabajado para ellos, y ahora están sin control, primero les dan alas y después ya están sin control, matando a gente inocente y haciendo tantas cosas porque ya no se les puede someter a un orden”, declaró.
A su parecer estos grupos armados “sí tienen que ser desarmados de alguna forma, pero para eso tiene que haber un diálogo y un estudio para saber qué policías le sirven y cuáles no al estado”.
El abogado comunitario y de la UPOEG, Manuel Vázquez Quintero dijo que deben ser las comunidades las que revisen la actuación de los policías, “porque existe la libre determinación y creo que ellos como gobierno primero deben de analizar la situación que vivimos en el estado”.
Añadió que en efecto se tiene que revisar qué policías no están sujetas a las asambleas o están trabajando de manera descoordinada, “pero los que venimos de los pueblos indígenas sabemos cuáles son los protocolos para el nombramiento de nuestros policías”.
Del llamado que según el presidente López Obrador se ha hecho para que estas policías no hagan justicia por su propia mano, Vásquez Quintero declaró que esto no ocurre en la UPOEG, “porque hay de por medio una autoridad que hace la mediación, y hasta ahorita como defensor comunitario no he visto que algún pueblo se haga justicia por su propia mano”.
Informó que las sanciones que se aplican a los que delinquen se consensan en asambleas, en donde hay autoridades y son los comisarios municipales los que hacen la mediación.
Vázquez Quintero consideró que cuando menos los policías de la UPOEG no pueden salirse de control porque son las comunidades las que vigilan a sus policías.
Texto: Zacarías Cervantes / Foto: Lenin Ocampo Torres / Archivo
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