Se llevaron a cabo operativos especiales para hallar afectaciones a derechos laborales en grandes empresas de hotelería, servicios informáticos, call center, farmacéutica, minería y producción de alimentos, asegura Zoé Robledo, director del Seguro Social.
Ciudad de México / El Sur, 16 de enero de 2020. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) descubrió que al menos 10 mil trabajadores han sido subcontratados de manera ilegal en 36 empresas.
“Es un esquema sofisticado de empresas que, cada vez que había una acción de autoridad, saltaban a otra empresa o movían a la nómina”, afirmó Zoé Robledo, director del Seguro Social.
Además, indicó, entre septiembre y diciembre de 2019 se identificaron mil 200 empresas con posibles esquemas de subcontratación ilegal, las cuales concentran a cerca de 860 mil empleados que podrían tener afectación en sus derechos laborales y de seguridad social.
Durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, el funcionario detalló que los siete operativos especiales se realizaron en grandes empresas con esquemas de subcontratación en sectores como hotelería, servicios informáticos, call center, farmacéutica, minería y producción de alimentos.
Para combatir esta práctica, anunció una campaña de difusión a nivel nacional para sensibilizar a los trabajadores sobre sus derechos laborales.
La estrategia incluirá información sobre la importancia de revisar sus datos ante el Seguro Social, así como el correcto registro salarial por parte de sus empresas.
Explicó que la verificación de la vigencia de derechos se puede realizar en línea para conocer cómo los tienen contratados los patrones.
“Eso va a permitir la denuncia ciudadana por parte de los propios trabajadores, que al final son los más afectados cuando vean que el monto de la pensión no corresponde a lo que estuvieron ganando porque los tenían registrados con un sueldo inferior”, expuso.
Añadió que estos operativos se han realizado por un grupo de trabajo interinstitucional en el que participa el propio Instituto, la Secretaría del Trabajo, el Infonavit, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
AMLO descarta reforma sobre outsourcing; Gómez Urrutia insiste en ella
El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró ayer que no hace falta ninguna reforma adicional para regular la subcontratación laboral, también conocida como outsourcing.
Según el mandatario federal, la legislación vigente permite a las autoridades vigilar a las empresas, así como perseguir y castigar a quienes incurran en prácticas abusivas.
–¿Es necesaria una reforma en el Congreso?
–No, esperamos que con el marco legal que se tiene se puedan resolver y desterrar estas prácticas, que ya no se sigan presentando estos fenómenos de evasión. Pienso que se puede lograr de esta forma. Desde luego el Congreso es independiente. Nosotros ya no queremos hacer modificaciones legales, o sea, consideramos que ya las reformas que se hicieron son suficientes.
El posicionamiento de López Obrador se da luego de que el senador morenista Napoleón Gómez Urrutia propuso modificaciones legales para restringir y hasta eliminar ese esquema laboral.
En un comunicado, Gómez Urrutia convocó a aprobar en el próximo periodo ordinario de sesiones el dictamen que presentó a las leyes Federal del Trabajo y del Seguro Social.
Explicó que lo anterior es necesario para regular la subcontratación, a fin de evitar más violaciones a los derechos laborales, como ocurrió en diciembre pasado, en el que fueron despedidos más de 60 mil trabajadores, la mayoría contratados por outsourcing, para evitar el pago de prestaciones de fin de año, como el aguinaldo.
El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, ofreció que haya Parlamento Abierto en la discusión de la reforma sobre el outsourcing.
La Procuraduría Fiscal perseguirá el outsourcing ilegal como crimen; usará la ley antifactureras
La Procuraduría Fiscal buscará erradicar el “outsourcing ilegal”, práctica que, con la reforma que entró en vigor este año, es considerada como delincuencia organizada.
En la conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, el procurador fiscal, Carlos Romero Aranda, hizo un llamado a las empresas que realizan esta práctica ilegal y a quienes contratan sus servicios a desistir.
“Precisamente lo que se busca es erradicar el outsourcing ilegal y es a través de la reforma aprobada y que entró en vigor donde podemos ver los riesgos que tienen tanto los contribuyentes que contratan el servicio de outsourcing como las empresas que prestan el servicio”, expuso.
“La reforma busca castigar como delincuencia organizada a todas las empresas que dan servicio de outsourcing ilegal, es decir tres o más personas que de forma permanente y reiterada llevan a cabo actividades ilícitas, como en este caso es la defraudación fiscal”.
Es decir, explicó el funcionario de la Secretaría de Hacienda, constituyen diversas cantidades de empresas cuyo objetivo es no pagar cuotas de seguridad social, del IMSS e Infonavit, minimizar la carga tributaria o desaparecer la relación laboral que exista.
Romero Aranda advirtió sobre el tipo de sanciones que pueden recibir quienes incurran en esta práctica.
“Al que contrata este tipo de servicios corre riesgos. ¿Qué riesgos puede correr? Que se le inicie una investigación, que se presente la querella respectiva, que se gire orden de aprehensión y que pueda ser sancionado hasta con 14 años de prisión por contratar este servicio”, detalló.
En el caso de quien presta este servicio ilegal, añadió, puede ser sancionado con prisión preventiva oficiosa o condenado hasta con 20 años de prisión.
Subrayó que estas prácticas ilegales se consideran como delito grave, lo que significa ir a la cárcel sin derecho a fianza.
La Secretaría del Trabajo crea grupo contra la subcontratación
Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, señaló que se formó un grupo de trabajo que atenderá la problemática de subcontratación ilegal y “abusiva”, el cual estará integrado por la STPS, IMSS, SAT, Infonavit, UIF, Hacienda y Procuraduría Federal de la Federación.
Indicó que el grupo interinstitucional combatirá delitos como defraudación fiscal a trabajadores, lavado de dinero y fraude a los institutos del gobierno federal.
Alcalde sostuvo además que la Constancia de Representatividad es la vacuna contra los sindicatos extorsionadores, ya que acredita que se cuenta con la representación de al menos 30 por ciento de trabajadores.
Al presentar a la Cámara Japonesa de Comercio e Industria de México los avances en la implementación del nuevo modelo laboral, explicó que la Constancia de Representatividad es para los nuevos contratos colectivos.
Texto: Agencia Reforma y Redacción
Entérate más
