“El camino hacia el norte es peligroso, pero es más peligroso vivir en Honduras”, expresa un migrante. Como en otras ocasiones, los centroamericanos atendieron una convocatoria anónima en redes sociales, que los invitaba a caminar en grupo rumbo a Norteamérica.
Ciudad de México, 1 de febrero de 2020. Un grupo de cerca de 150 personas, entre hombres y mujeres, jóvenes y niños, partió ayer de San Pedro Sula, Honduras, en la segunda caravana del año que intentará llegar a Estados Unidos.
Los hondureños se empezaron a reunir desde el jueves pasado por la noche, en la terminal metropolitana de autobuses, donde pernoctaron, indicó el sitio Tiempo digital.
De acuerdo con Notimex, pese a las restricciones que los integrantes de la primera caravana padecieron frente a los gobiernos de Guatemala y México, un hondureño expresó que “el camino hacia el norte es peligroso, pero es más peligroso vivir en Honduras”.
Como en otras ocasiones, los centroamericanos atendieron una convocatoria anónima en redes sociales, que los invitaba a caminar en grupo rumbo a Norteamérica.
Medios locales han indicado que a este contingente se integraron algunos migrantes que fueron regresados de la primera caravana y que posiblemente llegaron de El Salvador.
Con mochilas al hombro, los integrantes de la segunda caravana se dirigen a Guatemala, donde sólo podrán ingresar las personas que porten sus documentos personales.
En un reciente informe, el Observatorio Consular y Migratorio de Honduras señaló que del 1 al 26 de enero fueron regresados desde México a ese país cinco mil 615 personas.
México viola derechos humanos en detenciones de migrantes: ONG
Organizaciones internacionales denunciaron que México viola de manera sistemática los derechos humanos de las personas en movilidad mediante la implementación de una política de detención generalizada como medio para desincentivar la migración.
En un posicionamiento, asociaciones como la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) destacaron que la detención se debe efectuar solamente como medida de último recurso y en casos excepcionales.
Asimismo, indicaron que es una obligación internacional de los Estados garantizar un monitoreo periódico e independiente de todos los centros de detención de migrantes, adoptar medidas alternativas a la captura y respetar la prohibición de la detención de niños, niñas y adolescentes y personas en necesidad de protección internacional.
En ese sentido, condenaron el cierre de espacios para el monitoreo y la defensa de derechos de migrantes y solicitantes de protección internacional, en particular mediante la decisión del Instituto Nacional de Migración (INM) de suspender temporalmente “el ingreso a Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales de integrantes de Asociaciones Religiosas e Integrantes de Asociaciones de Sociedad Civil” en su oficio INM/DGCVM/0118/2020 del 28 de enero.
“La medida implementada por el INM no representa una acción aislada, al contrario, se suma a las acciones del Estado mexicano que buscan estigmatizar, obstaculizar y criminalizar la labor de personas y organizaciones que defienden los derechos humanos de la población migrante y en necesidad de protección internacional”, criticaron.
Aseguraron que antes de la publicación del oficio, organizaciones de sociedad civil, como el Centro de Derechos Humanos Fray Matías, denunciaron que autoridades mexicanas les negaron la autorización de acceder a estaciones migratorias para monitorear la situación de derechos humanos de los migrantes.
Además de WOLA, el posicionamiento fue firmado por la Asociación Coordinadora Comunitaria de Servicios para la Salud (ACCSS); el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); el Colectivo “Dignidad Sin Fronteras”, San Salvador, El Salvador; la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala (GHRC/USA); Deportados Unidos en la Lucha, México; la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD); Kids In Need of Defense (KIND) y Latin America Working Group (LAWG).
Texto: Agencia Reforma / Foto: Cuartoscuro
