Octavio Klimek Alcaraz
Hace unos días, tuve conocimiento de un decomiso de animales silvestres en el aeropuerto de la Ciudad de México. El decomiso fue debido a la procedencia ilegal de 15 mil tortugas dulceacuícolas con categoría de especies en riesgo. Al parecer se pretendía comercializarlas en China. Dudo que haya personas detenidas por este delito, algo que lamentablemente es una noticia cotidiana. No tengo gran información sobre el caso en particular, pero me da pauta a escribir sobre el tema de la delincuencia ambiental, que pulula con gran impunidad a lo largo y ancho del país.
El tráfico de la vida silvestre se nutre de la demanda irresponsable de personas, que también cometen un delito adquiriendo de manera ilegal vida silvestre y son por tanto técnicamente delincuentes. En el tráfico ilegal de la vida silvestre aplica el refrán de “Tanto peca el que mata la vaca, como el que le agarra la pata”. Aquí, debe quedar claro, que a diferencia del tráfico de drogas, que genera su demanda por personas enfermas debido a su adicción, lo que obliga a tratarlos con una óptica de salud pública, en el tráfico ilegal de la vida silvestre, quien compra o consume vida silvestre de origen ilegal, en la mayoría de los casos lo realiza por simple placer, no por una enfermedad o hambre. Se debe comprender que ni socialmente ni culturalmente se puede ser permisivo con una persona que adquiere vida silvestre del mercado ilegal. Habría que valorar la necesidad de que ese tipo de consumidores de vida silvestre deban recibir castigo justo y correctivo por su acción ilegal.
En la actualidad, la mayoría de los delincuentes ambientales entienden que cometen un delito, no pueden justificar la ignorancia. Seguramente, muchos de ellos son empujados a la delincuencia por la necesidad. Ahí es donde la sociedad está fallando en procurar alternativas de una vida digna a comunidades o personas relacionadas con la captura o colecta ilegal de la vida silvestre. Hay, que actuar al respecto por las instituciones responsables del desarrollo de los gobiernos. Sin embargo, hay que comprender que, al cometer un delito ambiental, se le genera un daño tanto a la naturaleza, expresada en sus elementos como la biodiversidad, el agua, suelo o aire, como también a los propios seres humanos, al deteriorarse las bases de la propia vida humana. Entonces, no es sólo un asunto ético y moral, de derechos de la naturaleza o de derechos de los animales a vivir en libertad. Tiene que ver finalmente con nosotros, toda la sociedad en su conjunto, al afectar de manera directa e indirecta la propia existencia humana.
Hoy es evidente que la trama de la vida en el planeta es frágil y débil para sostener el modelo capitalista imperante, un modelo basado en la simple ganancia a través del crecimiento económico, sin entender de límites biofísicos de los ecosistemas. Se cae a pedazos uno de sus principales dogmas, de más mercado y menos Estado. A lo largo y ancho del planeta, los barones de las empresas exigen la intervención económica del Estado, que ellos mismos han debilitado. Finalmente, los únicos para dar la batalla en contra de la crisis estructural de la pandemia del coronavirus son precisamente los Estados.
Todos los datos científicos diagnostican que los ecosistemas del mundo están muy enfermos y sus signos vitales son de extrema gravedad. Con el tráfico ilegal de vida silvestre se les enferma aún más. Hoy sabemos que la teoría del caos es real, que el efecto del aleteo de una mariposa en Brasil sí puede generar un tornado en Texas. Jamás quedó tan claro, como ahora en el 2020, con el caso de un animal silvestre que transmitió el coronavirus a la persona que lo comió en el rincón de un mercado chino y que nos ha llevado a una pandemia global. Esto ha trastocado el devenir de la generación actual y el de las futuras generaciones.
Todo eso hace a los delincuentes ambientales sumamente peligrosos para la sociedad en su conjunto, no sólo ahora, sino desde siempre, ya que las consecuencias eran difusas, pero ahora son concretas, directas. Eso debe quedar claro: no es posible ya ser tan permisivos y ver con indiferencia la venta ilegal de animales y plantas de la vida silvestre, especialmente las de especies en riesgo.
En general, no se trata de ignorantes cazadores o capturadores de animales silvestres o colectores de plantas silvestres que se encuentren en riesgo. Ellos son casi siempre la parte primera de la cadena del tráfico ilegal de la vida silvestre, normalmente la de la menor ganancia económica en dicha cadena. Es un hecho que las redes de tráfico ilegal de la vida silvestre se han vuelto cada día más complejas y sofisticadas. Extraer, acopiar, transportar, distribuir y comercializar vida silvestre de manera ilegal al otro lado del mundo exige recursos de todo tipo, logística, relaciones y organización. Estas redes de delincuentes ambientales están incrustadas en las instituciones financieras, en empresas fachada, en diversas áreas de los gobiernos. Pero los delincuentes no son estúpidos; en la práctica, demostrar que son delincuencia organizada es difícil.
Uno de los casos más conocidos en el mundo es el tráfico de la vejiga natatoria seca o “buche” de la totoaba, Totoaba macdonaldi, pez endémico que tiene únicamente su espacio de vida en las aguas marinas del Alto Golfo de California. Se conoce que es un ingrediente en la medicina tradicional china, lo que la ha llevado a apodarla como la “cocaína acuática”, debido a las enormes cantidades de dinero que genera su comercio en el mercado negro asiático.
Agrava el hecho de que la captura, el comercio y tráfico ilegal de la totoaba ha afectado de manera negativa a la vaquita marina, Phocoena sinus, un mamífero marino endémico, cuyo espacio de vida único y restringido es precisamente las aguas marinas del Alto Golfo de California, donde se localiza la totoaba. Esto, como es conocido ha provocado que se encuentre en grave riesgo de extinción desde hace varios años.
México debe por tanto detener el tráfico ilegal del “buche” de totoaba, para intentar evitar la extinción de la vaquita marina. Mala señal para el país sería el día que se llegue a anunciar su extinción. Una de las medidas necesarias en un marco integral de políticas públicas para detener ese tráfico ilegal es para la impunidad con la que se realiza, sin castigo para quienes especialmente lucran con su captura y comercialización
Sin embargo, con la reforma al sistema procesal penal en el 2008 y la transición a un nuevo Código Procesal Penal, se establecieron nuevos parámetros para la prisión preventiva, así los delitos contra el ambiente, que antes eran considerados como graves, quedaron excluidos de los que merecen la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Esto ha provocado, que quienes son detenidos por tráfico ilegal de buche de totoaba sean dejados en libertad y finalmente, en el largo proceso judicial, no sean castigados por el delito. Absoluta impunidad ambiental. Existe la necesidad de que los delitos ambientales, como es el tráfico ilegal de la vida silvestre, vuelvan a ser considerados graves, y sean de prisión preventiva oficiosa a través de la urgente y necesaria reforma constitucional al artículo 19 en la materia. Se tienen, además, que revisar las penas previstas, hay que inhibir en lo posible que se cometa este tipo de delitos.
Concluyo señalando que México, como país, tiene que parar la impunidad ambiental. Los delincuentes tienen un gran negocio con el tráfico de vida silvestre, como lo ejemplifica el caso de la totoaba, buenas ganancias económicas y nulo riesgo de estar en prisión por sus delitos. Hay, que quitar en lo posible ese atractivo de depredar en la naturaleza.
