Pide al gobierno federal que se abra una indagatoria independiente e imparcial de las ejecuciones, tortura y detenciones ilegales cometidas contra indígenas de esa comunidad de Ayutla. Es un ejemplo de lo que ocurre cuando militares realizan tareas de seguridad pública sin control ni rendición de cuentas, señala el Centro de Derechos Humanos de la Montaña
Chilpancingo, Guerrero, 8 de junio de 2020. La masacre de 11 personas en El Charco, municipio de Ayutla, el 7 de junio de 1998, es una agenda pendiente en materia de derechos humanos, consideró el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan y exigió al gobierno federal que abra una investigación exhaustiva, pronta, independiente e imparcial.
Para el organismo, masacres como ésta “es un ejemplo de lo que ocurre cuando el Ejército mexicano realiza tareas de seguridad pública, carece de controles civiles y mecanismos de rendición de cuentas”.
En un pronunciamiento con motivo de esos hechos, el organismo de derechos humanos, reprochó que a 22 años de que el Ejército masacró a 11 indígenas na savi, nunca se abrió una investigación en contra los militares ni se ha investigado la responsabilidad del Ejército mexicano.
Recordó que el saldo de la irrupción militar en esa comunidad indígena de Ayutla, fue de 11 ejecutados extrajudicialmente, 27 detenidos y torturados, así como cinco heridos.
“La madrugada del 7 de junio las tropas del Ejército mexicano llegaron a la escuela primaria Caritino Maldonado de la comunidad de El Charco, “sin observar los protocolos en materia de uso de la fuerza y armas de fuego dispararon contra los indígenas que se encontraban pernoctando en la escuela después de una reunión de autoridades comunitarias que habían sostenido”.
Dijo que el 6 de junio había iniciado una reunión de varios comisarios y principales de comunidades vecinas. “Analizaban y discutían cómo mejorar su alimentación y condiciones de vida, también recibían cursos de alfabetización”, explicó Tlachinollan y añadió que estaba programado que el día 7, al finalizar los trabajos, los promotores de salud darían atención médica a los pobladores, sin embargo por la madrugada llegaron a atacarlos los militares.
“La mecánica de los hechos y el saldo de asesinados y heridos dan cuenta que el Ejército mexicano usó la fuerza de manera desproporcionada. En la represión un niño fue herido de gravedad y 5 fueron detenidos, llevados a prisiones militares y torturados. Una estudiante universitaria corrió la misma suerte. Estuvo detenida junto con los varones”, recordó Tlachinollan.
Sin embargo agregó que nunca se abrió una investigación contra los militares que ultimaron a los campesinos y que el único expediente de investigación es el que se abrió contra 27 indígenas a quienes les imputaron diversos cargos y se les procesó, estando en prisión más de dos años. “Pero hasta la fecha no se han indagado los hechos de ejecución extrajudicial, tortura, lesiones y privación de la libertad de que fueron objeto, ni se ha investigado la responsabilidad del Ejército mexicano”, insistió Tlachinollan.
Mencionó que aun cuando el caso se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que el organismo ha emitido un informe de admisibilidad, en el plano interno “las graves violaciones cometidas en agravio de los indígenas no se han investigado”.
Recriminó que la comunidad del Charco sigue en la pobreza y marginación; “no cuenta con servicios adecuados de salud y educación; el camino de terracería que lleva a la cabecera de Ayutla está en pésimas condiciones y la violencia endógena sigue azotando la comunidad ante la indiferencia de las autoridades”.
Criticó que, por si fuera poco, las esposas y familiares de los indígenas ejecutados siguen sumidas en la miseria.
Para Tlachinollan, la masacre de El Charco es un ejemplo de lo que ocurre cuando el Ejército mexicano realiza tareas de seguridad pública, carece de controles civiles y mecanismos de rendición de cuentas, y agregó que estas “masivas violaciones a los derechos humanos se suman a otras más que han acontecido en Guerrero”.
Destacó que la impunidad en que se encuentran las fuerzas armadas “lacera la vida de las víctimas y de las familias y socava la vida democrática de la entidad”.
Para el organismo ésta es una agenda pendiente en la que el gobierno federal tiene que enfatizar para ofrecer verdad, justicia, reparación integral del daño y adoptar medidas de no repetición.
Consideró que violaciones graves a los derechos humanos como las de El Charco no deben ser soslayadas por los gobiernos, por el contrario, tienen el deber imperativo de esclarecer a cabalidad estos hechos.
Aclaró que si bien es cierto, al inicio de la actual administración federal se habló de justicia transicional y de comisiones de la verdad, “la idea no se tradujo a políticas y acciones de gobierno concretas, se han privilegiado otros temas en detrimento de este gran pendiente”, acusó.
Sostuvo que por lo anterior, es menester que el gobierno federal abra una investigación exhaustiva, pronta, independiente e imparcial para ofrecer, verdad, justicia reparación integral del daño y adopte medidas para que graves violaciones a los derechos humanos como la de El Charco no se reediten”.
Por la pandemia no hubo manifestación en El Charco; el FNLP llevó una ofrenda
Unos 15 integrantes del Frente Nacional para la Liberación de los Pueblos (FNLP), participaron ayer en un homenaje con motivo del 22 aniversario de la masacre de El Charco, en la Escuela Primaria Caritino Maldonado Pérez de esa comunidad del municipio de Ayutla.
El resto de las organizaciones, familiares de las víctimas y sobrevivientes de la masacre cancelaron su participación por la epidemia del Covid-19, informó el dirigente del FNLP, Hoguer Morales Miranda.
El 7 de junio de 1998 fueron masacrados por militares 10 indígenas Na Savi de pueblos vecinos a El Charco y un estudiante de la Universidad Autónoma de México (UNAM),
Durante la irrupción y el ataque de los soldados también resultaron heridos cinco indígenas, entre éstos un niño, y 27 indígenas más fueron detenidos y torturados.
Este año, por primera vez se suspendió la ceremonia luctuosa que venían realizando año tras año organizaciones locales y del país, así como familiares de las víctimas y sobrevivientes de esa masacre debido a la emergencia sanitaria por la epidemia del coronavirus, informó vía telefónica uno de los sobrevivientes, Efrén Cortés Chávez.
Integrantes del FNLP llegaron la mañana de ayer a la Escuela Primaria Caritino Maldonado Pérez de El Charco donde ocurrió la masacre hace 22 años.
“Creímos que como Frente no podíamos dejar desapercibido este 22 aniversario de la masacre de El Charco y subimos unas 15 personas a montar una guardia de honor y a colocar una ofrenda floral para reivindicar a nuestros compañeros caídos”, informó vía telefónica Morales Miranda.
El dirigente del FNLP, declaró que se encontraron la Escuela Primaria Caritino Maldonado Pérez vacía, a diferencia de otros años, “la gente de la comunidad se encontraba en sus actividades laborales en el campo de manera normal”, dijo.
Explicó que se hizo guardia de honor y ofrenda floral y se colocaron cadenas de cempasúchil a las cruces y una lona en la que se leía: “FNLP presente en el XXII aniversario de la masacre de El Charco. Ayutla de los Libres, Gro. Reivindicación y solidaridad con los compañeros caídos”.
Los miembros de esa agrupación permanecieron una hora en esa escuela que fue escenario hace 22 años de la masacre de los 10 campesinos y el estudiante de la UNAM.
Morales declaró que el pronunciamiento fue de exigencia de justicia, esclarecimiento del caso y castigo a los responsables materiales e intelectuales.
Texto: Zacarías Cervantes / Foto: El Sur
