La solicitud es por su presunta participación en crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado en contra del movimiento social magisterial oaxaqueño en 2006 y 2007
El Sur / Ciudad de México, 13 de agosto de 2020. Luego de que un juez federal giró órdenes de aprehensión en contra del exprocurador de Oaxaca Evencio Nicolás Martínez Ramírez, el exdirector de la Policía Ministerial, Daniel Camarena Flores, así como de otros mandos ministeriales, por su probable responsabilidad en la desaparición forzada -en 2007- de dos integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), la LXIV Legislatura, pidió a la Fiscalía General de la República (FGR), investigue a los expresidentes panistas, Vicente Fox, Felipe Calderón; al exgobernador, Ulises Ruiz Ortiz y al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, por su presunta participación en crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado en contra del movimiento social magisterial oaxaqueño en 2006 y 2007.
El punto de acuerdo fue aprobado con 28 por los diputados de Morena y el PT. El PRI abandonó el salón de sesiones durante la votación.
En tribuna, la diputada de la bancada de Morena, Arcelia López Hernández –familiar del dirigente de la Sección 22 del SNTE, Eloy López Hernández–, dijo que quienes conocen la represión gubernamental al movimiento social y magisterial de Oaxaca de 2006 y 2007, celebran el proceso que derivó en las órdenes de aprehensión contra el ex procurador de Ruiz Ortiz.
“Reconocemos y celebramos, pero aún deben investigarse más hechos y más participantes en esos delitos de lesa humanidad que constituyen violaciones graves a los derechos humanos de los maestros de la heroica sección XXII y el movimiento social del pueblo de Oaxaca”, demandó.
“Los gobiernos de Felipe Calderón y Ulises Ruiz Ortiz cometieron detenciones arbitrarias; tratos crueles, inhumanos y degradantes; desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. La tortura fue sistemática y generalizada. Así lo determino la suprema corte de justicia de la nación como violaciones graves a los derechos humanos de los que intervinieron en ese movimiento social y magisterial”, refirió.
Recordó que Arcadio Fabián Hernández, Eleuterio José Jiménez Colmenares, Lorenzo Sampablo Cervantes, Alejandro García Hernández, Emilio Alonso Fabián, Esteban López Zurita, Bradley Ronald Will, Raúl Marcial Pérez, Alberto Jorge López Bernal, entre otros, son los nombres de las personas asesinadas durante el conflicto que la Comisión de la Verdad calificó como ejecuciones extrajudiciales.
López Hernández, criticó que esos crímenes continúan en la impunidad, y sin una línea de investigación que pueda llevar a la verdad y a la justicia.
Recordó que las investigaciones realizadas por la Comisión de la Verdad le llevaron a concluir que existen elementos para señalar a Ruiz Ortiz; a Nicolás Martínez Ramírez; al ex secretario de Protección Ciudadana, Sergio Segrestre Ríos; el director de la Policía Ministerial estatal, Daniel Camarena Flores, y el coordinador de Seguridad, Vialidad y Tránsito Municipal, Aristeo López Martínez, entre otras personas.
La misma Comisión, agregó, estableció la responsabilidad del Senado de la República, por desatender la solicitud de desaparición de poderes, privilegiando los intereses políticos enmarcados en la sucesión presidencial de 2006, en lugar de procurar la estabilidad, seguridad y paz en el estado de Oaxaca, donde se cometieron una serie de violaciones graves a los derechos humanos, luego de su negativa.
Por lo pronto, el Congreso de Oaxaca, con el voto de los diputados de Morena y PT, pidieron a la FGR, inicie de oficio las investigaciones relacionadas con los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado en contra del movimiento social magisterial oaxaqueño en los años 2006 y 2007 como los hechos ocurridos en la población de Asunción Nochixtlan Oaxaca acontecidos en 19 de junio del 2016.
Así mismo, castigar a los culpables del sexenio de Enrique Peña Nieto.
Tribunal confirma sanciones por la compra de acero a sobreprecio para la Estela de Luz
Un tribunal federal confirmó ayer sanciones por la simulación de compra de acero de mayor precio para la construcción del monumento Estela de Luz.
La Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ratificó la responsabilidad resarcitoria fincada en marzo de 2019 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) contra dos responsables de la obra, conmemorativa del bicentenario del inicio de la Guerra de Independencia.
Se trata de Andrés León Reguera, residente de obra a quien la ASF fincó responsabilidad de 216.3 millones de pesos, y de Juan Alberto Bravo Hernández, asesor técnico administrativo, quien debe responder por un daño de 230 millones de pesos a la Hacienda Pública federal.
Ambos trabajaban para la paraestatal III Servicios, que fue la encargada de contratar a las empresas privadas que ejecutaron la obra.
El 28 de abril de 2010, León y Bravo dictaminaron un supuesto cambio de acero inoxidable que incrementó en el costo del proyecto en 316.5 millones de pesos, pero el TFJA confirmó hoy que, en realidad, el nuevo acero era igual al original.
“No sólo no cambio el tipo de acero contratado originalmente (S-32101), sino tampoco el diámetro. Al 28 abril de 2010 las características del acero eran las mismas del contrato original”, explicó la Magistrada Nora Urby Genel, durante la sesión por videoconferencia del Tribunal.
El Tribunal también rechazó el argumento de que no hubo daño a la Hacienda Pública porque el dinero salió de Banjército y fue pagado a paraestatal III Servicios, ya que de todos modos los recursos fueron aplicados en forma indebida.
Leon y Bravo aun pueden impugnar la sentencia del TFJA mediante amparo directo ante un tribunal colegiado de circuito en materia administrativa.
De ser confirmadas en definitiva, las resoluciones de la ASF se convertirán en creditos fiscales, que corresponde al SAT ejecutar.
Frena juez imputación por defraudación fiscal a la esposa de Ahumada
Un juez federal prohibió llevar a cabo por tiempo indefinido la audiencia presencial en la que la Fiscalía General de la República (FGR) pretende imputar por defraudación fiscal a Cecilia Gurza, esposa del empresario Carlos Ahumada.
Al estimar que es una persona vulnerable ante un eventual contagio de Covid-19, Jesús Alberto Chávez Hernández, Juez Décimo Tercero de Distrito en Amparo, concedió la suspensión definitiva a Gurza contra la celebración de dicha diligencia.
De acuerdo con información del Poder Judicial de la Federación, esta suspensión impide llevar a cabo la audiencia en forma presencial, lo que abre la posibilidad de que la FGR solicite celebrarla nuevamente, pero bajo el sistema de videoconferencia.
Texto: Redacción / Foto: Twitter
