De aprobarse contravendría los estándares internacionales de derechos humanos de las mujeres con los que el Estado mexicano se comprometió, al impedir que en la entidad se garantice el derecho de las mujeres y las niñas víctimas, señala Nadine Gasman
Chilpancingo. Guerrero, 6 de noviembre de 2020. El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), advirtió al Congreso local a través de un escrito dirigido al presidente de la Junta de Coordinación Política, Jesús Villanueva Vega, que el dictamen de la Comisión de Justicia sobre la causal del aborto por violación implica un grave retroceso para los derechos de las mujeres y las niñas, y de aprobarse sería un impedimento para que las víctimas de agresiones sexuales puedan acceder a la interrupción legal de un embarazo no deseado.
La dependencia federal pidió a los diputados locales considerar que los embarazos en niñas y adolescentes en muchas ocasiones son producto de violaciones sexuales por parte de familiares y hombres cercanos a ellas, y acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), en el 2016 Guerrero estuvo por encima de la tasa mundial sobre fecundidad de niñas y adolescentes con un 3.69 (10 a 14 años) y de 6.09 en niñas y adolescentes de 12 a 14 años.
En el escrito que también se publicó ayer en su página oficial, firmado por la presidenta Nadine Flora Gasman Zylbermann, ofreció ayuda técnica al poder legislativo del estado para rehacer esa regulación
Así la funcionaria expresó su preocupación por el dictamen que han denunciado feministas, aprobado el 27 de octubre por la Comisión de Justicia para reformar la fracción I del artículo 159 del Código Penal del Estado, de excluyentes de responsabilidad penal específicas por el delito de aborto.
Confirmó que “de aprobarse en los próximos días por el pleno del Congreso contravendría los más altos estándares internacionales de derechos humanos de las mujeres con los que el Estado mexicano se ha comprometido, puesto que impediría que en la entidad se garantice el derecho de las mujeres y las niñas víctimas de violación a interrumpir legalmente un embarazo no deseado producto del delito cometido contra ellas”.
Indicó que el dictamen busca establecer como plazo para la interrupción legal del embarazo 12 semanas de gestación, previa denuncia ante la autoridad correspondiente. Asimismo, propone que cuando se trate de una mujer menor de edad deberá ser acompañada de sus padres, tutores o representantes legales, ante las autoridades de salud y de investigación. De igual forma, que en caso de que el personal médico no cumpla con lo señalado, las autoridades realizarán lo conducente para fincar la responsabilidad profesional a dicho personal.
Señaló que es importante recordar que la denuncia ante las autoridades en un periodo dado tarda y obstaculiza el acceso de las víctimas de violación a los servicios de salud y corren el riesgo de ser revictimizadas.
Además, contraviene el marco jurídico de la norma 046, que indica que sólo las niñas menores de 12 años deben ser acompañadas para la prestación del servicio de la interrupción legal del embarazo.
Asimismo, dijo que la iniciativa finca responsabilidades profesionales al personal médico que asiste a una víctima de violencia sexual, irrumpe la lógica de la ayuda y asistencia necesaria a las víctimas, establecida en la norma 046 y en la Ley General de Víctimas.
Señaló que si el dictamen llegara a aprobarse en estos términos “implicaría un grave retroceso para los derechos de las mujeres y las niñas víctimas de violación, dado que se incrementarán los obstáculos ya existentes en la redacción del artículo 159 del Código Penal”.
Recordó que 2012, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), recomendó al Estado mexicano asegurar que en todas las entidades federativas las mujeres que tengan motivos legales que justifiquen la interrupción de un embarazo accedan a servicios médicos seguros, y se vele por la debida aplicación de la norma 046, en particular para las mujeres que han sido violadas, el acceso a anticonceptivos de emergencia, al aborto y a tratamiento para la prevención de enfermedades de transmisión sexual y el VIH/SIDA.
También el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, recomendó al Estado revisar y armonizar las legislaciones federal y estatal con miras a la despenalización del aborto y garantice el acceso al aborto legal, por lo menos en los casos de violación, incesto y aquellos que pongan en peligro la vida y la salud de la niña, y que el acceso al aborto legal no requiera de la autorización especial de un juez o un fiscal.
Recalcó que el Inmujeres ofrece asesoramiento técnico en la materia para que la toma de decisiones del Congreso estatal sea siempre poniendo en el centro los derechos de las mujeres y las niñas, “lo anterior, con fundamento en el artículo 4, 6 fracciones I, III y IV de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, 24 fracciones VI, VIII del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de las Mujeres”.
Texto: Lourdes Chávez / Foto: Jesús Eduardo Guerrero
