Metales Pesados
Tryno Maldonado
El 28 de enero se llevó acabo la quinta asamblea entre el Concejo Indígena de Gobierno (CIG) y los pueblos que integran el Congreso Nacional Indígena (CNI), “la casa de todos los pueblos indígenas”, del que forman parte las comunidades zapatistas y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Esta asamblea se da en una época en que la contrainsurgencia del Estado mexicano se ha recrudecido en el sureste del país, particularmente en Chiapas.
La asamblea tuvo lugar a unas semanas de que, en un 16 de febrero como éste pero de hace 25 años, fueran firmados los Acuerdos de San Andrés. Hay que recordar que dichos acuerdos fueron rotos unilateralmente en los hechos por el gobierno mexicano: el hoy ex secretario de Educación, Esteban Moctezuma, entonces secretario de Gobernación en la administración de Ernesto Zedillo, orquestó la traición y la emboscada a la comandancia del EZLN.
Han pasado muchas cosas desde entonces. Mucho camino se ha andado en los procesos organizativos. Las autonomías han crecido y se han reforzado. El tejido de la libre autodeterminación se ha afianzado. Todo esto a pesar de los renovados intentos del Estado mexicano por aniquilar aquellas fuerzas que no pueda cooptar. Todo aquello, sobre todo, que tenga que ver con la autonomía. Una de las palabras más detestadas por la 4T.
“El movimiento indígena venía generando una tendencia que iba en ascenso, pero no estaba en capacidad de confrontar al Estado por la vía armada”, recordó el abogado Carlos González, parte de la coordinación del CIG-CNI. “En 1992 por primera vez se da la posibilidad de conformar un movimiento indígena más organizado y con más visión; en 1994 había perspectivas de crecimiento disímiles que se reflejaron en la negociación de los Acuerdos de San Andrés. El levantamiento zapatista fue un antes y un después, un hito, en la historia de los movimientos indígenas. Puso a la vista nacional e internacional un mundo que estaba oculto, que era subterráneo: sus formas de organización y sus luchas”.
La reforma al artículo 27 constitucional que permitió la privatización de los territorios de los pueblos indígenas y la entrada del Tratado de Libre Comercio fue el contexto adverso en el que los pueblos cada vez más organizados alzaron la voz para decir “Existimos, tenemos derechos y exigimos una profunda reforma del Estado para ser reconocidos en un nuevo proyecto de nación que el liberalismo vino construyendo durante 200 años”. El levantamiento zapatista implicó una modificación profunda, creó las posibilidades que ya estaban en una perspectiva distinta: “los pueblos empezaron a juntarse distinto a la lógica de aislamiento de la Revolución mexicana; empezaron a generar organización colectiva. Lo que se aceleró con las mesas de San Andrés”. Más tarde, en 1996, esa semilla daría origen al Congreso Nacional Indígena: “el espacio de unidad más importante, independiente, que tienen los pueblos originarios en México”.
El 22 de agosto de 2020, una comunidad autónoma zapatista fue nuevamente blanco de ataques paramilitares. El centro de comercio Nuevo Amanecer del Arcoíris, en el crucero de Cuxuljá, municipio autónomo Lucio Cabañas, dentro del municipio oficial de Ocosingo, fue saqueado e incendiado. El ataque estuvo a cargo de un grupo de paramilitares pertenecientes a la Organización de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao). Este atentado se inscribe en un contexto constante de diversas agresiones contra las comunidades zapatistas. Todo ello, ante la negligencia cómplice de las Fuerzas Armadas y los gobiernos federal y estatal.
En los recientes días las caravanas de solidaridad conformadas por 15 organizaciones y acompañadas por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas han documentado lo que Raúl Zibechi califica de “microacciones contrainsurgentes que representan una guerra de altísima intensidad” contras las comunidades zapatistas.
A decir de Zibecchi (La Jornada, 12/02/21) “las estrategias contrainsurgentes son múltiples, como lo demuestra su acción durante el último siglo en América Latina. Combinan masacres con programas sociales, feroces dictaduras que en cierto momento promueven aperturas democráticas que se reducen a convocar elecciones. La contrainsurgencia moderna tiene un sólo objetivo: abatir a las y los diferentes, despojarlos de sus territorios, reconstruirlos para la acumulación salvaje de capital y tener a la población absolutamente controlada. En síntesis, buscan aniquilar cualquier atisbo de autonomía de abajo”.
Cabe, por lo tanto, hacer ver que si bien la 4T ha utilizado y ha cooptado los símbolos y las formas de organización de los pueblos indígenas –tequios, bastones de mando, por ejemplo–, la realidad es que en los hechos lleva a cabo una intensa guerra de desgaste y aniquilación contra las comunidades que resisten la imposición de sus programas clientelares y sus megaproyectos extractivistas, y que ejercen dignamente en organización su derecho a la libre autodeterminación.
