Señalan la necesidad de “una política pública en aquellas entidades más vulnerables”, como Guerrero, una las cuatro con menor conectividad junto con Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Alertan sobre la tendencia en México a legislar para “un Estado censor y vigilante”
El Sur / Ciudad de México, 2 de marzo de 2021. La reciente propuesta de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para regular a las redes sociales, presentada por el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, generó una fuerte reacción crítica entre especialistas en tecnologías de la información y la comunicación, llamadas TIC, así como defensores de derechos humanos.
Más de 30 organizaciones civiles alertaron –en un comunicado difundido el 9 de febrero– sobre las múltiples carencias conceptuales de la iniciativa y cómo afectarían de manera grave el derecho a la libertad de expresión e información en el entorno digital.
Pero, en opinión del presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), Jorge Bravo, la iniciativa de Monreal se debería analizar a la luz de determinadas características del contexto mexicano; la persistente brecha digital, en primer lugar.
Frente a los casi 40 millones de mexicanos aún sin acceso a los servicios de internet, regular las redes sociales –con posibles afectaciones negativas al derecho a la libertad de expresión– “parece un despropósito”.
“No se han dado los pasos previos para llegar a una regulación de este tipo. Por ejemplo, conectar primero a los desconectados y tener una política pública enfocada en aquellas entidades más vulnerables como Guerrero, que se encuentra entre los cinco estados con menos conexión”, comenta Bravo en entrevista con El Sur.
De acuerdo con el Índice del Desarrollo de las TIC (IDT) elaborado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) en 2018, Guerrero se encuentra entre los cuatro estados con mayor rezago en conectividad junto con Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Su calificación es de 3.90 puntos, en donde 10 es el más alto nivel de desarrollo de las TIC. En México, el promedio nacional es de 5.07.
El estudio también señala que, en comparación con años pasados, la brecha digital entre las entidades con mejor y peor conectividad se ha ensanchado; las más rezagadas enfrentan mayores obstáculos para alcanzar el promedio nacional de desarrollo de las TIC.
Datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información de los Hogares (Endutih) 2018, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), reportan que 65 por ciento de los hogares en Guerrero no dispone de conexión a internet.
En zonas rurales, esta cifra llega a 87 por ciento: una carencia que se hizo aún más alarmante el año pasado, porque con la llegada de la pandemia de Covid-19, miles de niños, niñas y adolescentes guerrerenses no han podido acceder fácilmente a la educación a distancia.
El informe titulado Uso de las TIC y actividades por internet en México y publicado por el IFT en 2019, registra que del 31.8 por ciento de la población de seis años o más que usa estas tecnologías para capacitación o educación por internet, Guerrero resultó ser el penúltimo estado a nivel nacional.
¿Regular o censurar?
“Este tipo de iniciativas no nos sorprenden”, dice Juan Manuel Casanueva, director de SocialTIC, perteneciente a la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D). “Por lo general están mal fundamentadas y desconocen cómo funciona internet”.
En entrevista con El Sur, el investigador explica que en la propuesta de Monreal, lo más peligroso es que el Estado podría pedir a las plataformas digitales remover contenido o suspender cuentas de redes sociales bajo conceptos vagos, como “discursos de odio” o “noticias falsas”, y para la supuesta protección de datos personales.
“Si la iniciativa se llega a concretar, le dará facultades a alguna autoridad de gobierno para que pueda censurar o limitar las expresiones de diferentes cuentas bajo criterios arbitrarios. En lugar de garantizar los derechos humanos, se podrá restringirlos”, subraya Casanueva.
“Hay que ver qué pros y contras tiene la fórmula de que sea el gobierno el que regule. Los contras que hemos observado es que se convertiría en un Estado censor y vigilante que estaría al tanto de las conversaciones para ver a quién le convienen y a quién no”, coincide por su lado Jorge Hidalgo, presidente de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación (AMIC).
Otro punto de la iniciativa plantea que cada red social que cuente con al menos un millón de usuarios tenga que solicitar autorización al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para operar, requisito que no se pide en ningún otro país y que, encima, contradice al mismo Monreal, quien en 2020 sugirió desaparecer al IFT.
“En México hay más de 82.7 millones de usuarios de redes sociales y más del 98 por ciento se encuentran en Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, Pinterest. Un órgano como el IFT, que no cuenta con la autonomía que debería, ni los recursos necesarios, ¿va a tener la capacidad operativa para estar vigilando? Y además: ¿quién garantiza que las personas que estarían revisando el contenido digital no se convertirían en censores?”, cuestiona Hidalgo.
Menos libertad de expresión, más asesinatos de periodistas
“Los intentos de controlar la tecnología, la internet y los usuarios tienen esta contraparte que también es real: la falta de innovación, la desaparición de la subsecretaría de Comunicaciones, la falta de agendas digitales sectoriales de cultura, salud, educación, comercio”, insiste el presidente de la Amedi.
“Tienes a un Estado que se obstina en ser analógico y retrógrada, versus un intento por controlar precisamente lo que no entiende que tiene que hacer”.
Otro aspecto del contexto mexicano que es necesario considerar, continúa Bravo, tiene que ver con las dificultades para el libre ejercicio periodístico. Durante 2020 México fue el país más mortífero del hemisferio occidental, con cuatro periodistas asesinados por causas relacionadas con su trabajo. En este sentido, apunta, hay que evaluar cuidadosamente si la iniciativa de Monreal empeoraría la libertad de expresión y el derecho a la información.
“Lo de menos sería regular a las redes sociales, lo demás es ese contexto en donde hay un ataque frontal a la actividad de la prensa y un intento constante de controlar las plataformas, los contenidos dentro del ecosistema digital, por parte de un senador que ya tiene varias iniciativas cuyo común denominador es el control”, recuerda Bravo.
Los mismos derechos en el plano físico y en el digital
Los especialistas consultados coinciden en que el anteproyecto del líder de Morena en el Senado se elaboró sin tomar en consideración a organizaciones de la sociedad civil, activistas o académicos.
Sin un proceso de debate y construcción en donde confluyan los actores interesados –sociedad civil, empresas y gobierno– pueden generarse criterios que, en aras de evitar cierto tipo de expresiones, por ejemplo, terminen limitando la libertad de expresión.
“Para Monreal, un parlamento abierto es invitar a personas que hablen en el Pleno y que se transmita por Youtube. Eso no es parlamento abierto, al contrario, es bastante cerrado, y para un tema con tantas aristas hay que tener sesiones mucho más amplias”, comenta Jorge Hidalgo.
Si bien hubo un foro auspiciado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que generó retroalimentación en aspectos técnicos y jurídicos, la discusión no ha alcanzado mayor impacto e inclusión.
“Ahora es el momento ideal para debatir todo lo que está sucediendo con la convergencia digital, hacia donde están migrando muchas de las empresas, y empezar a poner los mejores marcos regulatorios y exigir ciertas prácticas de autorregulación –añade Hidalgo–. Pero no como se hizo con esta iniciativa, que más bien pareció estar dirigida a coartar la libertad de expresión”.
Según el presidente de AMIC, esta sería la oportunidad para definir y defender los derechos de los usuarios frente a un mundo cada vez más digitalizado. Para ello, acota, se hubiera podido designar la figura de un ombudsman digital.
“Nosotros enfatizamos que los derechos humanos son derechos independientemente de dónde estén: en el plano físico o en el plano digital. Son derechos reales. Con esta visión deberíamos estar viendo las leyes, porque muchas veces se busca legislar como si fueran nuevos derechos o contextos distintos cuando realmente son los mismos”, agrega, por separado, José Manuel Casanueva.
A las objeciones de especialistas y activistas digitales se suman las del ámbito empresarial. La Asociación Latinoamericana de Internet –integrada por Google, Facebook, Amazon, Twitter, Mercado Libre, Despegar, Expedia, Airbnb y Sales Force– alertó que, de aprobarse, la iniciativa atentaría contra lo establecido en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) al poner “barreras injustificadas al comercio digital” entre los tres países, “generando incertidumbre jurídica y limitando el flujo transfronterizo de datos”.
Ante los cuestionamientos recibidos tras dar a conocer su propuesta, el 8 de febrero, Ricardo Monreal la retiró y anunció que pospondría tres semanas la presentación oficial. Este martes se cumple el plazo marcado por el senador de Morena.
Texto: Caterina Morbiato
