En un mitin en la Ciudad de México a seis años y seis meses de la desaparición de los 43, el abogado de las madres y padres reconoce un cambio en el mensaje de la CNDH a favor de las víctimas. Plantea que se debe investigar a los responsables de producir la recomendación tendenciosa y que trató favorecer al anterior gobierno
Ciudad de México, 27 de marzo de 2021. Voceros y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa lamentaron este viernes lo que consideran graves contradicciones en la actuación del gobierno actual respecto a las investigaciones del caso Ayotzinapa, al cumplirse seis años y medio de los crímenes cometidos en Iguala la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014.
“Hay funcionarios de la Fiscalía General de la República que se mantienen en esas estructuras y que están impidiendo llegar a la verdad. (Hay) instituciones sobre las cuales se desarrollan acciones timoratas, investigaciones superficiales. Son instituciones herméticas, como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que provee información del caso a cuentagotas y no permite un avance ágil de las investigaciones”, afirmó Vidulfo Rosales, representante legal de madres y padres de los estudiantes.
En declaraciones a los medios presentes en el mitin realizado junto al antimonumento +43, el abogado se refirió también al pronunciamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre la investigación del caso Ayotzinapa, difundido el miércoles pasado, en el cual admite que la Recomendación 15VG/2018 –emitida el 28 de noviembre de 2018— revictimizó a las víctimas directas e indirectas involucradas en los hechos, además de no cumplir con “los estándares internacionales en materia de derechos humanos, al no contemplar la búsqueda con vida de los 43 normalistas desaparecidos”.
Asimismo, la actual CNDH, encabezada por Rosario Piedra Ibarra, expuso que los responsables de la anterior administración no investigaron debidamente el papel del 27 Batallón de Infantería y que la Sedena ocultó información sobre su participación en la desaparición forzada de los 43 normalistas.
“Es el primer acto en donde la CNDH visibiliza en favor de las víctimas, y es importante que esté rectificando, que diga que hubo irregularidades en esa recomendación y que revictimizaron tanto a los padres de familia como a los estudiantes”, comentó el abogado.
Añadió que, con esa recomendación de 2018, la CNDH jugó un “papel triste” al intentar lavar la imagen del entonces presidente Enrique Peña Nieto, quien se preparaba a terminar su sexenio.
El titular de la CNDH, recordó Rosales, “se prestó a esa situación, sólo así podemos explicar que previamente teníamos dos informes importantes de la Comisión y al último salieron con una recomendación sin sustento en varios puntos”.
De ahora en adelante, siguió, sería necesario que la Comisión vigile las nuevas líneas de investigación y asegure que aquellas instituciones que se han mantenido herméticas, como el Ejército Mexicano, colaboren realmente. “Nos parece un mensaje que da un cambio. Después de estar desdibujada en el caso Ayotzinapa por años, es fundamental que ahora la CNDH haga esto”.
Rosales indicó que los funcionarios de la CNDH responsables de producir esa recomendación tendenciosa y que trató favorecer al anterior gobierno, deberían ser objeto de una investigación administrativa o penal. “No se puede permitir que un organismo con una alta responsabilidad en materia de derechos humanos sea tan laxo y en sus recomendaciones sea tan carente de sustento. No sólo es un tema legal, sino que tiene un impacto en las víctimas, obstruye las indagatorias y desvía el conocimiento de la verdad”.
En el mitin, el portavoz enfatizó que en el actual gobierno, la dinámica de las indagatorias se ha regido por “altibajos, avances y estancamientos”, sin llegar a resultados efectivos. Y mencionó al extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) como otra de las instituciones que no han sido sometidas a un proceso de investigación, a pesar de haber acumulado una cantidad relevante de datos acerca de lo acontecido en Iguala aquella noche.
“El circo de las elecciones no puede desviar la atención de los graves problemas que enfrenta el pueblo mexicano”, como la pobreza, la marginación, la afectación de los territorios de los pueblos indígenas, la dilapidación de los derechos laborales.
“Más de 70 mil desaparecidos a lo largo y ancho del país, no desaparecen por decreto presidencial o porque un gobierno llega. No podremos transitar a un México distinto si no esclarecemos el caso Ayotzinapa, no puede haber transformaciones si esto no pasa”, subrayó.
Para el próximo mayo, familiares y representantes de los 43 normalistas convocaron a una asamblea nacional popular en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
La fecha aún está por definirse y se informará a través de las redes sociales de padres y madres de los 43. Si las condiciones sanitarias y electorales lo permiten, habrá otras actividades públicas en distintos puntos de Guerrero.
El GIEI se queda todo el año
La labor del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el caso Ayotzinapa estaba acordada hasta el 31 de marzo, pero se decidió ampliar el plazo hasta el 31 de diciembre de 2021 en una reunión entre representantes del gobierno federal, de los familiares de los 43 y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
De acuerdo con asistentes a la reunión, los familiares de los estudiantes pedían que el mandato de los integrantes del GIEI se ampliara seis meses, hasta septiembre próximo. Sin embargo, el propio gobierno federal propuso que la contribución de los expertos continuara hasta concluir este año.
“Esta mañana sostuvimos la reunión del 179° Periodo Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos @CIDH para atender la medida cautelar emitida por este órgano en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de #Ayotzinapa”, informó en su cuenta de Twitter Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación.
Texto: Caterina Morbiato, con información de Agencia Reforma / Foto: Caterina Morbiato
