El Estado se puede quedar con bienes relacionados con once delitos graves sin importar si hay acusaciones o sentencias penales contra los delincuentes, determina el Pleno por 9 votos contra 2
Ciudad de México, 16 de junio de 2021. La Suprema Corte de Justicia estableció ayer que la extinción de dominio solamente procede respecto de bienes cuya legítima procedencia no esté acreditada, pues de otro modo no es posible que las Fiscalías inicien este tipo de demandas.
Por 9 votos contra 2, el Pleno de la Corte aclaró que el artículo 22 de la Constitución, reformado en marzo de 2019, cambió radicalmente los requisitos para demandar la extinción, que es un juicio civil por medio del cual el Estado se puede quedar con bienes relacionados con once delitos graves sin importar si hay acusaciones o sentencias penales contra los delincuentes.
La extinción, que en países como Colombia ha sido exitosa para combatir a la delincuencia organizada, fue introducida en México en 2008, pero tuvo poco éxito al seguir íntimamente relacionada con los procesos penales.
La reforma de 2019 buscó romper el vínculo entre extinción y proceso penal, explicó la Corte, pero parece haber hecho aún más difícil que prosperen estas demandas, y la mayoría de los ministros enfatizó que la Corte no puede modificar requisitos estrictos que se pusieron en la Constitución.
El resultado es que la Corte ha anulado varios artículos de la Ley Nacional de Extinción de Dominio de agosto de 2019, algunos de los cuales hacían más fácil el trabajo de las Fiscalías y otros que lo dificultaban.
“Conforme al nuevo diseño constitucional de la extinción de dominio, el hecho de que un bien esté relacionado con la investigación de hechos ilícitos como instrumento u objeto del delito ya no es suficiente para que proceda la acción, pues, además, es imprescindible que no esté acreditada su legítima procedencia de los bienes”, afirmo la Corte.
En otras palabras, basta acreditar que el bien tuvo un origen lícito para que la extinción no proceda, postura que provocó fuertes intervenciones de los ministros Yasmin Esquivel y Javier Laynez, únicos disidentes.
“Tenemos atribuciones suficientes para darle alcance mayor a las normas constitucionales, cuando con ello se optimice la protección de derechos humanos de las víctimas y la población en general, abatiendo el poder económico de la delincuencia, de manera que también proceda la extinción sobre todo el patrimonio que haya servido para estos ilícitos que tanto lastiman a la sociedad”, pidió Esquivel.
La ministra aludió al crecimiento exponencial del poder económico y la capacidad táctica del crimen organizado, que le permite mantener bajo asedio a comunidades de estados como Michoacán y Guerrero, al tratar de convencer a sus colegas, sin éxito, de expandir la posibilidad de extinción hacia bienes de origen lícito.
Desde la sesión del lunes, ministros como Jorge Pardo habían advertido que el Constituyente desvirtuó la figura de la extinción de dominio como se entiende a nivel internacional, pero que no es función de la Corte corregir esta situación.
En la sesión de ayer, la Corte eliminó una porción del artículo 7 de la ley nacional, que permite extinguir bienes “de origen lícito” utilizados para ocultar otros bienes de origen ilícito o mezclados con estos.
Lo anterior, nuevamente, porque el 22 de la Constitución ya no permite extinguir bienes cuyo origen lícito esté acreditado.
Otro requisito legal que se quitó ayer a las Fiscalías fue probar “el conocimiento que tenga o deba haber tenido el titular, del destino del bien al hecho ilícito, o de que sea producto del ilícito”, pues ya no está en el 22 de la Constitución.
La discusión seguirá este jueves con temas pendientes como la venta anticipada de bienes aun no declarados extintos por un juez.
“Tramposa” la consulta extraordinadia de Arturo Zaldívar, dice el senador morenista Germán Martínez
La consulta extraordinaria que el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, promueve entre los Ministros es alentada con el ánimo de quedar bien con Dios y con el diablo, reprochó ayer el senador morenista German Martínez Cázares.
En medio del rechazo de litigantes y miembros del Poder Judicial al “regalazo” que promovieron el Gobierno de la 4T y sus legisladores para extender el mandato de Zaldívar como presidente de la Corte de cuatro a seis años, el Ministro presentó ayer cinco preguntas que deberá responder el Pleno del máximo tribunal.
“Esta consulta es tramposa, marrullera, de abogado que no quiere dar la cara para decir ‘no acepto los 22 meses de exceso’”, sostuvo el legislador michoacano.
“¿Por qué Zaldívar no quiere dar la cara y decir que no acepta una prórroga?”, se le cuestionó.
“Porque quiere quedar bien con Dios y con el diablo, pero eso no se puede, por eso está metido en una ratonera, en un problema del que no va a salir bien librado el Poder Judicial”, respondió el senador.
Magistrados y jueces denuncian campaña de descrédito por parte de López Obrador
A través de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED), impartidores de justicia de todo el país denunciaron que nunca antes habían sido objeto de una campaña de descrédito en su contra desde la cúpula del poder político para minar su credibilidad ante la ciudadanía.
Los jueces y magistrados de circuito que integran esta agrupación, sin mencionar nombres, manifestaron su preocupación por las constantes acusaciones que hay en su contra “como nunca antes.
LA JUFED manifestó que esta estrategia de hostigamiento cotidiano en su contra, desde las más altas esferas del poder político obedece también a las resoluciones de las juzgadoras y juzgadores para “frenar actos arbitrarios de la autoridad”.
La agrupación lanzó en sus redes un artículo titulado: “El imperativo de defender la independencia judicial” en el que denuncian el hostigamiento para desacreditarlos.
Texto: Agencia Reforma / Redacción
