Integrantes del Movimiento Amplio de Mujeres también reclaman que aún no se reclasifican los 902 asesinatos de mujeres a feminicidios, lo que viola su derecho a la justicia y a una vida libre de violencia
Chilpancingo, Guerrero, 23 de junio de 2021. A cuatro años de la declaratoria de la Alerta por Violencia de Género (AVG) en Guerrero, integrantes del Movimiento Amplio de Mujeres protestaron frente a Ciudad Judicial, para denunciar que ahí siguen sin atender con perspectiva de género.
También reclamaron que aún no reclasifican los 902 asesinatos de mujeres a feminicidios, por lo que violan el derecho de las mujeres a acceder a la justicia y a una vida libre de violencia.
La activista por los derechos de las mujeres, María Luisa Garfias Marín, apuntó que en Guerrero hay un estado infractor, porque está violando el derecho de las mujeres a acceder a la justicia y una vida libre de violencia.
Las activistas leyeron un comunicado a unos metros de la entrada de Ciudad Judicial, debajo de un espectacular que ellas colocaron y en el que exhiben las cifras oficiales de las instituciones de seguridad y de impartición de justicia desde hace cuatro años, cuando se emitió la AVG, donde de 2017 a 2021 suman 902 mujeres que han sido asesinadas en el estado en este periodo, de los cuales sólo 77 han sido clasificados como feminicidios y únicamente seis de estos consiguieron sentencias condenatorias por el delito.
Sin embargo, dijeron que las organizaciones de mujeres en el estado tienen una estadística de más de mil casos, que han ocurrido desde que solicitaron la declaratoria de AVG.
En el acto estuvieron activistas, víctimas de violencia y sobrevivientes de intento de feminicidio, quienes pidieron a los tres poderes del estado y a los tres órdenes de gobierno, “acciones contundentes” que resuelvan la violencia contra las mujeres.
Los municipios alertados desde 2017 son Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo, Ometepec, Chilapa, Ayutla, Coyuca de Catalán, Tlapa e Iguala, pero advirtieron que en éstos no se han tomado medidas contundentes para combatir la violencia contra las mujeres y que prueba de esto es que no van a la baja las agresiones.
Garfias Marín recordó que “existe todo un protocolo para que los investigadores se apeguen a ello y puedan, desde un principio, iniciar las investigaciones (de asesinatos de mujeres) como un presunto feminicidio; sin embargo, los datos que da la Fiscalía solamente lo hace en relación con homicidios dolosos”, en ese sentido, acusó que “Guerrero es un estado infractor, porque no está cumpliendo con sus obligaciones y el Tribunal Superior de Justicia también es un órgano infractor, porque no reclasifica los hechos violentos cuando tienen las pruebas para ello”.
Otra de las asistentes, la feminista Rosa María Gómez Saavedra, dijo que a consecuencia de las omisiones en el Poder Judicial, Guerrero ocupa el segundo lugar nacional en impunidad, “demandamos a éste y al gobierno entrante, acciones contundentes que resuelvan la violencia contra las mujeres, las niñas y adolescentes, asignando presupuestos con perspectiva de género, transparencia de sus ejercicios, revisión y reformas del marco legislativo discriminatorio, y políticas públicas para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres”.
También la feminista Marina Reyna Aguilar comentó que fue el grupo de trabajo de seguimiento de la AVG el que evaluó “el no cumplimiento” de las recomendaciones hechas al gobierno estatal y los nueve municipios alertados. Estuvo también la ex diputada local perredista Yuridia Melchor Sánchez, quien señaló que en Tlapa y la región Montaña sigue sin atenderse el problema de la violencia de género y feminicida, a pesar de que es uno no de los municipios alertados.
Hubo un espacio en el que víctimas directas e indirectas de la violencia feminicida en Guerrero denunciaron que siguen sin recibir justicia, como es el caso de familiares de Sendy Vázquez Ramírez, asesinada en diciembre de 2019 en Chichihualco, caso en el que no se ha ejecutado la orden de aprehensión contra el feminicida Javier “N”, ex esposo de la víctima, quien huyó y se llevó a su hija, de entonces siete años, de quien se desconoce su paradero.
El hermano de Fabiola Yanet, asesinada a principios de 2020 en Chilpancingo, Francisco Javier Medina Alarcón, también denunció que el Ministerio Público y la Fiscalía General del Estado, “no han movido ni un dedo para investigar el caso”. Otro caso fue el de Xóchitl, quien es sobreviviente de intento de feminicidio, y relató que las autoridades le dijeron que “solamente que te maten” procedería su demanda contra su agresor, y sólo con apoyo de la feminista Marina Reyna ha logrado continuar con el proceso jurídico; por su parte, Alejandra Mateos Jiménez, sobreviviente de intento de feminicidio, recordó que a tres años de los hechos, el Tribunal Colegiado de Acapulco no ha cumplido con la detención de su agresor, quien ya fue declarado culpable y sentenciado a seis años de prisión.
En el boletín que las activistas leyeron, se recordó que el 23 de junio de 2016, organizaciones feministas, de derechos humanos y feministas solicitaron ante el Instituto Nacional de las Mujeres, la declaratoria de AVG contra las mujeres por violencia feminicida, y de acuerdo con los datos proporcionados por el Observatorio de Violencia Feminicida Hanna Harent, del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano, de la UAG, se demostró la existencia de mil 538 asesinatos de mujeres en el periodo 2003-2015, y a cuatro años de la declaratoria de AVG en el estado, el número de muertes violentas de mujeres en comparación al periodo anterior, tiene un incremento de 65 por ciento, es decir, 902 de 2017 a 2021.
Señalaron que en Guerrero “no hay justicia para las mujeres, debido a la existencia de instituciones de gobierno insensibles para la investigación de los hechos criminales y de impartición de justicia, como son la Fiscalía General y el Tribunal Superior de Justicia; el primero, porque no aplica el protocolo de investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva de género para el delito de feminicidio, que señala que todo crimen cometido en agravio de mujeres deberá ser investigado desde la perspectiva de feminicidio, lo que los lleva a calificarlos como homicidios dolosos y no como presuntos feminicidios; el segundo, porque a pesar de tener la facultad de reclasificar el delito de homicidio doloso por el de feminicidio o el de violencia de género por tentativa de feminicidio, cuando existen las pruebas suficientes para ello, no lo han hecho, generando que la impunidad por feminicidio se apodere de la entidad”.
Del poder Ejecutivo estatal, señalaron que a pesar de que han realizado acciones para cumplir con las medidas de prevención, seguridad, justicia y reparación, que acompañan a la declaratoria de AVG, “éstas no han impactado en la disminución de las violencias contra las mujeres en todo el territorio estatal, al contrario, han aumentado”, por la inexistencia de un diagnóstico previo de los tipos y modalidades de las violencias que garanticen una intervención de atención eficaz, pertinente y segura para la prevención, atención y erradicación; tampoco existe un programa de capacitación, formación y especialización para las y los servidores públicos.
Mientras que el Poder Legislativo tampoco ha cumplido totalmente las medidas de la declaratoria de AVG contra las mujeres por violencia feminicida, en lo que respecta a las reformas de la ley 553 para una vida libre de violencia, ni a las vinculadas a los derechos sexuales y reproductivos, para la homologación del Código Penal con la NOM-046-SSA-2005, mismo que dio origen a una segunda AVG por agravio comparado.
Además, los nueve municipios alertados también presentan rezagos en la implementación de las medidas de la declaratoria de la AVG, por indiferencia de los presidentes municipales y la falta de coordinación efectiva entre éstos con el gobierno estatal, así como la falta de transparencia en el ejercicio de los recursos financieros y acciones.
Texto: Rosalba Ramírez García/ Foto: Jesús Eduardo Guerrero
