Mañana se inaugura en Ayutla ese espacio que será administrado por Inés Fernández, mujer violada por militares en 2002, y un equipo de profesionistas me’phaa. Abel Barrera espera que represente una nueva relación de las instituciones con el movimiento indígena que se dio en respuesta a la militarización que hace 20 años perseguía a la guerrilla
Ayutla, Guerrero, 29 de julio de 2021. El sistema de justicia en Guerrero está lejos de proteger a las víctimas, para jueces y agentes del Ministerio Público la justicia es una mercancía, la venden, pero este viernes con la presencia de autoridades federales, estatales y del Concejo Municipal, “se inaugura una nueva relación de las instituciones con las mujeres indígenas de Ayutla, es hacer un compromiso público de que se van a respetar sus derechos humanos, de que van a respetar sus modos de pensar, de organizarse”, consideró el presidente del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
El reconocido defensor de derechos humanos se refirió así en entrevista virtual a la inauguración de mañana viernes en Ayutla del Centro Comunitario Gúwa Kúma La Casa de los Saberes, que ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) en el caso de Inés Fernández Ortega, una mujer me’phaa violada por militares en Barranca Tecuani en 2002. Inés administrará el lugar con un equipo de mujeres indígenas especialistas en psicología, derecho, medicina y servicio social.
Informó que tras condenar al Estado mexicano por la agresión, la Corte de la Organización de Estados Americanos (OEA) determinó reparaciones comunitarias, “analiza que la afectación a Inés trastocó la convivencia pacífica en las comunidades, se violentó la dignidad de las mujeres, se trastocaron sus derechos humanos y tiene que repararse de manera colectiva este agravio, por eso la construcción de este Centro Comunitario donde las mujeres tengan un espacio digno, que se sientan me’phaa sin hablar español, y que sus niños y niñas se formen en la cultura de los derechos humanos”.
En 2010 se dictó la sentencia a favor de Inés, una de las más importantes es que los jueces ordenan a las autoridades mexicanas, primero, que trasladen el caso de la jurisdicción militar a la civil, “ese fue uno de los grandes avances porque persistía el fuero militar, sólo el Ejército podía investigar al Ejército, y para dar garantías de imparcialidad y de acceso a la justicia la Corte ordenó litigar este caso en la jurisdicción civil”.
“Eso llevó tiempo, sigue habiendo reticencias, tuvimos que presionar para que la Procuraduría de Justicia Militar trasladara el caso a la justicia civil”, respondió a la pregunta de por qué ha tardado tanto echar a andar el Centro Comunitario, casi 11 años después de la sentencia.
“El año pasado tuvimos una audiencia con jueces de la Corte Interamericana y el Estado mexicano para evaluar el cumplimiento de la sentencia, el Centro Comunitario estaba abandonado, se negó presupuesto y la representación del Estado se comprometió a que en diciembre de 2020 quedaría concluido, fue en una audiencia de jueces de la Corte y del Estado, con Inés y Tlachinollan. Ahí se hizo el planteamiento, que concluyera, entonces el gobierno federal retomó el caso, se coordinó con el gobierno del estado para remodelar el lugar porque había mucho deterioro, había filtraciones de agua, se robaron muebles, un total descuido porque no se definía quién tenía que cuidar el inmueble”.
“Llevamos siete meses del 2021 y hasta este viernes se va a formalizar, a inaugurar este Centro y entregar a Inés Fernandez y a su equipo de especialistas me’phaa”, celebró.
Afirmó que ayudará a que las mujeres indígenas tengan acceso a los derechos fundamentales que les han negado por siglos: el derecho a la salud, a la educación, a la alimentación y a una vivienda digna, “las mujeres han estado silenciadas, entonces la apertura de este Centro es un reconocimiento público de la responsabilidad del Estado en estas violaciones a sus derechos humanos, hay una reivindicación de la lucha de las mujeres y sus derechos, un reconocimiento a su valor para hablar con la verdad en su lengua materna”.
“Inés logró romper con ese esquema de sometimiento hacia las mujeres indígenas, y desmontar esa estructura de poder militar que estaba impune, ahora los militares están siendo juzgados en instancias civiles, ese es un gran logro que a lo mejor no se dimensiona, pero es emblemático en el país porque los soldados tienen que ser investigados en el fuero civil y atender el reclamo de las mujeres indígenas”.
Se mantiene la militarización
En cuanto a la militarización en la región donde Inés Fernández Ortega sufrió la violación, Abel Barrera dijo que persiste como una política de Estado, “siguen comisionando al Ejército para combatir la siembra de enervantes, están instalados en regiones indígenas, más ahora con la Guardia Nacional que tiene un componente militar y que se está militarizando, el número de elementos incrementa”.
Si bien ya no son operaciones militares como la de 2002 donde el Ejército perseguía a organizaciones sociales y líderes, “porque tenían información, con eso de que interfieren las comunicaciones, de que había personas que se organizaban dentro de un grupo guerrillero. Esa fue una operación de contrainsurgencia, en ese contexto sucede la masacre de El Charco, de una guerra de contrainsrugencia, y las violaciones suceden en el mismo contexto, para generar terror, provocar a las comunidades, mancillar la dignidad de las mujeres como estrategia de guerra de baja intensidad”.
Aunque ya no hacen las violentísimas incursiones de antes, en las poblaciones indígenas se mantienen los militares, “se le ha dado carta de naturalización a la presencia del Ejército en regiones indígenas, los pueblos y la ONU han planteado que no se debe de militarizar, y si se hace, debe de consultarse a los pueblos”.
Ahora los soldados están más replegados pero no están en sus cuarteles, “están haciendo cuarteles en regiones indígenas y eso preocupa mucho, porque el caso de Inés es un referente de lo que puede seguir sucediendo, porque la formación del Ejército es para combatir enemigos con las armas en la mano, está entrenado para hacer la guerra”.
Ahora, expuso, con la figura de la Guardia Nacional se publicita que dará más seguridad, pero ocurre al contrario, como en el caso de Ayutla en donde existen dos sistemas de seguridad indígenas, la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), creadas para cuidar a los habitantes porque a pesar de la presencia militar, los crímenes siguen ocurriendo e incluso se incrementan.
De la UPOEG mencionó que es un modelo de autodefensa pues no tiene controles de quién será policía, los comandantes deciden qué hacer e impera el uso de la fuerza, en contraparte la Policía Comunitaria, “un modelo de seguridad más acabado que se rige por asambleas, coordinadores, la policía es parte de un sistema, no es el sistema”.
“Ambos son una respuesta ante la inseguridad y la ineficacia de la militarización, que no fue para garantizar seguridad, sino para reprimir, torturar y nunca veló por la seguridad”.
Tejiendo luchas
Ayutla tiene la particularidad de que las elecciones son por usos y costumbres, sus habitantes gozan de un gobierno comunitario, que según el análisis de Abel, “es perfectible, va a cumplir el primer periodo, cambió la correlación de fuerzas entre las comunidades indígenas y el poder municipal”.
“Los indígenas tuvieron voz y voto, y eso no sucedía, la asamblea le da consistencia y fuerza. El proceso de selección de autoridades es público, directo, transparente, es un modelo de democracia directa que hay que fortalecer”, llamó.
Expuso que en el modelo de partidos no hay rendición de cuentas, distribución de recursos, una relación transparente con los pueblos, y el modelo interétnico ayuda a ser incluyente, a incorporar pueblos, personas y visiones de cómo se tiene que gobernar.
Esto se conjuga con las políticas del gobierno federal de la Cuarta Transformación, “también entró el INPI (Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas) con caminos artesanales, para que de manera directa llegue el recurso a las comunidades indígenas, es lo que impulsa el gobierno de Andrés Manuel López Obrador”.
“Ayutla ha mejorado, hay otra perspectiva, construir el gobierno desde la base comunitaria, hay un cambio cualitativo, pero no es acabado, es un proceso que está creciendo”.
–¿Cómo ayudó la lucha de Inés y la sentencia de la Corte Interamericana a llegar a este momento en que se encuentra Ayutla?
–Son procesos que se fueron tejiendo a lo largo de los años, estas luchas, lo de Inés Fernández, hubo indígenas presos de conciencia que declaró Amnistía Internacional, la lucha de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), la lucha de las viudas de la masacre de El Charco, la sentencia de la Corte Interamericana por Valentina Rosendo, estas luchas se han conjuntado en este movimiento.
“Yo creo que el gobierno comunitario de Ayutla es de pueblos y donde convergieron organizaciones, hombres y mujeres que ayudaron a generar conciencia de que se tiene que respetar a los pueblos y a las mujeres, de que se tienen que proteger los derechos humanos”.
Destacó como un momento histórico el cumplimiento de uno de los puntos de la sentencia del caso Inés Fernández: el acto de reconocimiento público de “esta grave atrocidad que cometió el Estado mexicano”, que se hizo en la Plaza de la Paz, el centro de la ciudad de Ayutla, “ahí el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, del gobierno de Felipe Calderón, expresamente vino a pedir perdón, la disculpa pública se hizo con representantes de las comunidades indígenas, donde hay ese reconocimiento expreso, esos momentos históricos van a abriendo la brecha para que ahora los pueblos tengan un gobierno comunitario”.
Ahora en Ayutla, mencionó, se conjugan la presencia de la Policía Comunitaria, el gobierno comunitario, el Centro Comunitario de las mujeres me’phaa, una Casa de Atención para las Mujeres Indígenas (CAMI), “los políticos han lucrado con el poder, pero las comunidades indígenas, las mujeres que siguen caminando descalzas en la Montaña son las que con su lucha están cambiando el paisaje de la justicia en Ayutla de los Libres”.
Pendientes de la sentencia
Abel Barrera informó que no se ha dictado sentencia a los militares señalados del grave delito de tortura sexual, eran dos soldados señalados pero uno fue asesinado en prisión, y del que queda detenido no ha concluido el juicio.
La Coidh ordenó que se instalara en Ayutla una agencia del MP que atendiera la violencia a la mujer y no se ha hecho, “a las autoridades del estado les hace falta una perspectiva de los derechos humanos, hacen un trabajo mecánico, sin mística, sin compromiso con las víctimas, siguen revictimizando, siguen lucrando con la justicia, hay muchas fallas en el sistema de justicia estatal, por eso los pueblos indígenas está revitalizando sus instituciones, están encontrando que sólo en sus instituciones puede haber un cambio”.
Es decir, faltan todas las capacitaciones para el personal del Ejército y del gobierno del estado en derechos humanos.
“Se tiene que investigar a lo que era la Procuraduría General de Justicia (ahora Fiscalía) que permitieron que no prosperara y se perdieran las pruebas del caso de Inés. Son cómplices de esta situación”.
El diagnóstico de Guerrero
Guerrero es un estado con mucha violencia, tiene dos alertas de violencia de género porque las autoridades no han protegido a las mujeres, van a la alza los feminicidios, los asesinatos de niñas se multiplican, en las agencias del Ministerio Público no hay cambios para proteger a las víctimas y piden dinero para hacer las investigaciones, acusó Abel Barrera.
“O se arreglan con el agresor, le piden dinero, piden dinero para convencer al MP de arreglar algún asunto. El sistema de justicia estatal en protección a las víctimas está lejos, necesita cambios sustantivos en el personal, se vende la justicia y se pone en indefensión a víctimas, hay un sistema de oprobio e impunidad”.
La situación se mantiene a pesar de los señalamientos, sentencias de organismos internacionales en casos como el de Inés Fernández, Valentina Rosendo Cantú, Rosendo Radilla Pacheco, los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, en los que todos estuvo involucrado el Ejército.
Está pendiente el tema de los desaparecidos, “el caso Ayotzinapa que el presidente adoptó para resolver, no tiene solución, va lentísima la justicia, en Guerrero estamos con muchos pendientes en administración de justicia, los jueces no se guían por imparcialidad, objetividad, independencia, pesa mucho el tema mercantil de la justicia”.
Aún así, consideró que con la inauguración programada para mañana viernes del Centro Comunitario Gúwa Kúma La casa de los Saberes, se inaugura una nueva relación de las instituciones con las mujeres indígenas de Ayutla.
“Es un acto simbólico que marca una nueva ruta de trabajo, será un proceso lento porque no todas las comunidades saben de este espacio, pero su presencia en Ayutla del equipo de Inés y las profesionistas me’phaa se espera un nuevo movimiento de mujeres indígenas por tener espacios dignos, y que nunca más haya niñas violadas, discriminadas, ni mujeres sometidas por el Ejército”.
Texto: Rosendo Betancourt Radilla
