Barcelona/Madrid (España), 27 de octubre 2017. La tensión acumulada desde hace semanas en España por el desafío soberanista en Cataluña estalló este viernes en una crisis sin precedentes cuando el “Parlament” en Barcelona aprobó la creación de una república independiente y el Senado en Madrid respondió autorizando al Estado para intervenir en la región.
Ambos pasos, inéditos en 40 años de democracia española, se dieron de forma casi simultánea y abrieron un nuevo capítulo en la crisis con consecuencias drásticas, que irán desde la destitución del Gobierno catalán de Carles Puigdemont hasta el previsible llamado de resistencia civil en las calles de la región nororiental.
El primer foco de conflicto se abrió en Barcelona, donde el Parlamento regional aprobó una resolución presentada para crear una “república independiente” en un plazo no estipulado: la ruptura decisiva con la que amenazaba desde hace meses Puigdemont.
“Constituimos la república catalana como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social”, indica la resolución presentada y respaldada por el grupo Junts pel Sì del “Govern” y el partido antisistema CUP (Candidatura de Unidad Popular) que lo apoya.
“El Parlament ha dado un paso muy esperado y por el que hemos luchado muchos ciudadanos de Cataluña. Vienen horas en las que tendremos que mantener el pulso de este país, tendremos que mantenerlo en el terreno de la paz, el civismo y la dignidad”, dijo Puigdemont tras el voto en la Cámara. Miles de personas reunidas en las calles celebraron la presunta creación de la nueva república.
Los juristas explicaron que el texto se limita a instar al “Govern” a iniciar un “proceso constituyente” que acabe en una Constitución catalana pero no implica una declaración de independencia, porque las fórmulas decisivas figuran en una parte no sometida a votación.
Incluso una declaración real habría tenido un valor limitado, porque ningún país parece dispuesto a reconocer una “república catalana” independiente ni la región está en condiciones de asumir el control de su territorio, lo que exigiría por ejemplo que España retirara sus jueces, policía, Ejército o funcionarios.
Sin embargo, el voto en el “Parlament” abrió un terremoto político y una catarata de reacciones políticas, judiciales y económicas, comenzando por la más drástica: la aprobación en el Senado de las medidas pedidas por el Gobierno de Rajoy para intervenir en la autonomía de Cataluña mediante el artículo 155 de la Constitución.
“Lo que ha sucedido hoy en el Parlamento catalán es la prueba inequívoca de lo necesario que era que el Senado aprobara esta propuesta que le ha hecho el Gobierno”, comentó Rajoy en su primera intervención tras la votación soberanista en Barcelona.
El mandatario conservador calificó de “acto delictivo” el voto del “Parlament”, “porque supone algo que no es posible, que es declarar la independencia de Cataluña”, y pidió “tranquilidad” a los españoles en una de las jornadas más tensas de la historia política de la democracia española.
El Gobierno reunió un Consejo de Ministros para ratificar la intervención. La destitución de Puigdemont y su Ejecutivo podría ser inminente. El objetivo es “volver a la legalidad” y convocar elecciones autonómicas en un plazo de seis meses, según el plan acordado el sábado por el Gobierno de Rajoy.
Madrid recurrirá también ante el Tribunal Constitucional la resolución independentista aprobada en el Parlamento de Cataluña, lo que motivará previsiblemente su suspensión.
Además, la Fiscalía General del Estado confirmó que presentará previsiblemente el lunes una querella contra contra los miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña y del “Govern” por un delito de rebelión, castigado con hasta 30 años de prisión.
El riesgo de esas consecuencias penales podrían explicar la ambigua fórmula usada en la resolución aprobada hoy en el “Parlament”, un modo de Puigdemont para contentar al independentismo y minimizar los frentes legales. También el hecho de que los diputados pidieran el voto secreto.
Mientras miles de personas celebraban aún en las calles de Barcelona, se desató una catarata de reacciones dentro y fuera de España, en su mayoría lamentando la escalada final en el conflicto y la ruptura de todos los puentes de diálogo.
“Sentimos vuestro dolor y angustia como dolores y angustias propias”, dijo el socialista Pedro Sánchez, líder de la oposición. “Estoy convencido de que la unión entre compatriotas prevalecerá. Cataluña seguirá siendo España”.
Desde Bruselas, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ratificó el apoyo de la Unión Europea (UE) a la postura del Gobierno de Rajoy: “Nada cambia para la UE. España sigue siendo nuestro único interlocutor”, escribió en Twitter. “Espero que el Gobierno español favorezca la fuerza de los argumentos, no el argumento de la fuerza”.
También Washington repitió su apoyo a Madrid en un comunicado del Departamento de Estado que afirma que “Cataluña es una parte integral” del país. “Estados Unidos apoya las medidas constitucionales tomadas por el Gobierno español para mantener España fuerte y unida”, indica el texto.
Texto: DPA/ Foto: Capturas de pantalla El Sur
