Madrid, España, 15 de diciembre de 2021. El fiscal general del Distrito de Columbia, Karl Racine, presentó ayer una demanda contra decenas de miembros de las milicias de extremaderecha de Proud Boys y Oath Keepers identificados durante el asalto al Capitolio de Estados Unidos el pasado 6 de enero por “conspiración” y delitos “terrorismo doméstico”.
Racine se sirvió de una antigua ley utilizada para perseguir a integrantes del Ku Klux Klan para acusar civilmente a 31 personas por sus actos durante aquel motín con el que los simpatizantes del ex presidente Donald Trump intentaron frenar la confirmación del triunfo de Joe Biden en la presidenciales de noviembre.
La demanda busca que los acusados respondan por “los millones de dólares” que la Administración invirtió en sofocar la revuelta, así como en el tratamiento médico que necesitaron más de 140 agentes de la Policía Metropolitana y del Capitolio heridos en aquellos disturbios.
“Nadie ha soportado como los valientes agentes de la ley las peores consecuencias de este despiadado ataque. Hombres y mujeres del Departamento de Policía Metropolitana de DC entraron en medio del fuego y la violencia con un objetivo en mente, acabar con la turba violenta y restaurar el frágil democracia de nuestro país”, distinguió Racine en una conferencia de prensa ayer.
“Los acusados, como saben, no eran turistas ni actuaban de forma patriótica. Eran justicieros, miembros de una turba, insurrectos que buscaban aplastar las libertades de nuestro país”, enfatizó el fiscal, que sin especificar cantidades, adelantó que serán “máximas sanciones económicas”.
La Fiscalía acusó a estas dos milicias de idear un plan para “aterrorizar” la capital de Estados Unidos a través del reclutamiento y la capacitación de nuevos miembros, a los que se facilitó armamento y equipo táctico, para viajar hasta las puerta del Capitolio en Washington.
Por otro lado, la Comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó ayer para declarar al exjefe de gabinete del expresidente Donald Trump, Mark Meadows, en “desacato criminal” al Congreso por negarse a testificar en la investigación sobre el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero, lo que implica remitir los cargos al Departamento de Justicia.
La votación de la comisión resultó favorable del lado demócrata, con 222 votos a favor y 208 en contra, y contó con dos votos republicanos, el de la representante republicana por Wyoming, Liz Cheney, y el del republicano por Illinois, Adam Kinzinger. Los cargos de los que se le acusa, por negarse a declarar ante el panel demócrata, se remitirán ahora al Departamento de Justicia, que será el que decida si enjuicia al ex congresista republicano.
NY obliga a Cuomo a devolver ganancias de su libro sobre la pandemia
El Comité de Ética del estado de Nueva York votó ayer a favor de obligar al ex gobernador Andrew Cuomo a devolver los 5.1 millones de dólares que ganó con la publicación de su libro Crisis estadunidense: lecciones de liderazgo de la pandemia de Covid-19.
Esta comisión aprobó por 12 votos a favor y tan solo uno en contra que Cuomo, quien dimitió como gobernador del estado tras la avalancha de acusaciones de acoso sexual en su contra, entregue en un plazo de treinta día la cantidad fijada a la Fiscalía de Nueva York, debido al uso indebido de fondos públicos para promover su libro.
El defenestrado Cuomo habría utilizado recursos y personal del estado de Nueva York, para escribir, publicar y promocionar su libro sobre la gestión de la pandemia, la cual también fue ampliamente criticada por las irregularidades que se habrían cometido en algunas residencias de mayores públicas.
En noviembre el comité presentó un informe preliminar, en el que también se ratificaban las acusaciones de agresión sexual que pesan sobre él, que reflejaba cómo en julio de 2020 Cuomo afirmó que escribiría su libro durante su tiempo libre sin contar para ello con el apoyo de personal y recursos del estado.
Por otro lado, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó ayer una legislación por la que prohíbe los productos provenientes de la región china de Xinjiang a menos que las empresas fabricantes puedan demostrar que estos no se fabricaron en condiciones de trabajo forzoso.
Texto: Europa Press
