Esas manifestaciones no deben ser delito, las autoridades deben tener mecanismos de disuasión y de contención, porque es una forma para expresar demandas legítimas, sostiene el abogado de los padres de los 43
Chilpancingo, Guerrero, 16 de diciembre de 2021. Aún con mayoría de Morena en el Congreso de la Unión, sigue la tendencia de criminalizar la protesta social, como en los gobiernos del PRI, señaló el abogado de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra, en referencia a la reforma que sanciona hasta con siete años de prisión la toma de casetas y el cobro de peaje.
En consulta telefónica sobre la validación en el Senado de la reforma a la Ley de Vías Generales de Comunicación, el abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, señaló que en Guerrero también han venido criminalizando la protesta social, endureciendo delitos que tienen que ver con las manifestaciones.
Señaló que a finales del 2000, se tipificó como delito pintar edificios públicos en Guerrero, “no obstante que atenta contra la libertad de la expresión, en la vertiente del derecho a la protesta”.
A nivel federal, sigue esa tendencia al establecer como delito toma de casetas que ha sido una forma de protesta de organizaciones sociales y colectivos.
“Desde mi punto de vista no debe ser delito, las autoridades deben tener mecanismos de disuasión y de contención de esa forma de protesta, porque es una forma como expresan demandas legítimas”.
Aclaró que los ciudadanos organizados están en su derecho de manifestarse, el Estado, que tiene el monopolio de la fuerza, puede implementar mecanismos de disuasión de la protesta, sin criminalizar las conductas duras o violentas de protesta.
Sin embargo, “convertir la protesta en un delito es un retroceso, se da un paso regresivo, sigue con la tendencia que han mostrado gobiernos autoritarios”, denunció.
Estimó que en el afán del presidente Andrés Manuel López Obrador, de que los organismos estatales como Pemex, Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), generen ingresos, la toma de caseta va en detrimento del proyecto político de los programas sociales.
“Esa visión de decir ‘se merman las arcas públicas es debatible’, sin embargo ello no implica que tenga que recurrir a la criminalización”.
Aclaró que aún no conoce de fondo el planteamiento de la reforma, pero deberían convocar a un un análisis más exhaustivo a especialistas y defensores de derechos humanos sobre las formas de protesta de grupos sociales, y bajo ninguna circunstancia colocar a los manifestantes fuera de la legalidad.
Detalló que las formas de manifestación de la lucha social y las posiciones políticas son muy variadas, y nadie puede decirle a las organizaciones qué hacer o pensar.
“Eso discutimos en las normales rurales, que las llaman violentas por sus formas de manifestación, pero el gobierno ni nadie está facultado para instruir cómo debe ser la protesta social, esa la definen las organizaciones”.
Señaló que hay muchas formas de protestar: concentrarse en una plaza con banderas blancas, aplaudiendo, con cantos; para algunos es infructuosa y deciden tomar oficinas públicas. Otros dirán, ‘eso tampoco ayuda, vamos a cerrar carreteras”, y otros dicen ‘vamos a tomar casetas, y ahí vamos a pedir la cooperación”, que puede ser cuestionable, no obstante cada organización decide su forma de manifestación política”.
Subrayó que detrás de cada protesta hay una posición política e ideológica, que si transgreden o ponen en riesgo bienes públicos o a terceros, el Estado puede intervenir para disuadir y contener.
Para ello, existen mecanismos de organismos internacionales y protocolos policiales de cómo intervenir ante una protesta que se puede tornar dura o violenta.
Es decir, que no incurran en el uso excesivo de la fuerza, matando manifestantes, o que los lleven a la cárcel por protestar.
Reconoció que en América latina hoy es tema de debate ¿hasta dónde es legítimo que el gobierno reprima a las organizaciones?, ¿cuál es el parámetro para que el gobierno diga que el cierre de una carretera es ilegal, cuando detrás de la acción hay demandas de derechos?, ¿por qué el derecho a libre tránsito debe estar por encima del derecho a la la justicia o el derecho a la vida, a la salud, a la justicia o a la alimentación?, ¿cuál es el parámetro que la autoridad debe tomar para que prevalezca el libre tránsito de las personas?”.
Consideró que es momento propicio para que en México comience esta discusión.
Texto: Lourdes Chávez
