Ciudad de México, 1 de enero de 2021. Las fallas en la implementación de órdenes de protección derivaron en feminicidios, alerta el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2021-2024, publicado el jueves en el Diario Oficial de la Federación.
“Uno de los recursos que la (ley) contempla para atender las situaciones de violencia que pongan en riesgo la integridad y la seguridad de las mujeres son las órdenes de protección”, señala.
“Sin embargo, se han dado casos en que, a pesar de contar con estas medidas, mujeres han sido víctimas de feminicidio”, agrega en el documento publicado el jueves en el Diario Oficial de la Federación.
Dichos casos, advierte, revelan la carencia de un análisis acucioso que permita medir y prevenir los riesgos.
“No se cuenta con personal policial dedicado a su instrumentación y seguimiento, ni existen procedimientos homologados de registro y evaluación de eficacia”, apunta.
Si los servicios de atención fallan, indica, la cadena de eventos procesales que le siguen puede traducirse en la falta de acceso a la justicia.
“Si el Estado aspira a garantizar vidas libres de violencia, uno de sus ejes de actuación debe ser mejorar el acceso a atención oportuna, de calidad y libre de discriminación y esta es una responsabilidad que administraciones anteriores no cumplieron”, recalca.
Entre enero y noviembre de este año, 3 mil 462 mujeres fueron asesinadas en México, lo que da un promedio de 10.3 al día.
Cultura patriarcal
El Programa advierte que, a pesar de diversas reformas legales aprobadas en los últimos años, prevalece un alto grado de impunidad en los casos de violencia contra las mujeres, por ineficacia estructural de las fiscalías y la persistencia de una cultura patriarcal en la administración de justicia.
Del total de averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas por delitos en la materia, detalla, solo 11.66% llegan a ser conocidas por un juez.
“La impunidad no es esporádica, sino sistémica; no es particular, sino institucional; tiene raíces estructurales que inciden en lo individual (y) está centrada en una cultura patriarcal que ya no tiene cabida”, subraya.
Existe, alerta, un gran déficit de policías y jueces capacitados para investigar, procesar y juzgar de acuerdo con los más altos estándares nacionales e internacionales los casos de violencia contra las mujeres, en los que siguen influyendo los prejuicios, estereotipos discriminatorios y el desinterés.
“Un componente fundamental para diseñar, implementar y evaluar políticas públicas destinadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres es reivindicar el derecho al acceso a la justicia, bajo debida diligencia y con perspectiva de género, como una obligación irrestricta y responsabilidad sancionable de las y los operadores del sistema de procuración y administración de justicia en México”, remarca.
“Sin embargo, esta obligación no cobra vida en nuestro país”.
Texto: Cesar Esteban Flores Rodríguez / Agencia Reforma
