Octavio Klimek Alcaraz
El pasado domingo 20 de febrero de 2022, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó los resultados del ejercicio de fiscalización superior de la Cuenta Pública 2020. Uno de los documentos presentados fue la Evaluación sobre la Protección y Conservación de Áreas Protegidas Naturales (sic), que es una evaluación de política pública, cuyo objetivo es “Evaluar los efectos que tiene la implementación de la política de medio ambiente y recursos naturales en la conservación y protección de las Áreas Naturales Protegidas, durante el periodo 2015-2020”. Es decir, su evaluación abarca parcialmente tanto información de la anterior administración federal, como la actual administración federal. Sus principales resultados son derivados de la aplicación del Índice de Implementación y de Gestión de Áreas Protegidas (Indimapa), basado en un sistema de 12 indicadores para evaluar el manejo y administración de las áreas. Es importante señalar, que el Indimapa es producto de un trabajo conjunto realizado en el marco de la Comisión Técnica Especial de Medio Ambiente (Comtema) de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), del que México, a través de la ASF forma parte junto con otros países latinoamericanos. Así, esta sistematización permite un diagnóstico común de las políticas públicas para la conservación de la biodiversidad en América Latina. Asimismo, la evaluación busca analizar el diseño de la política ambiental, en materia de protección y conservación de Áreas Naturales Protegidas (ANP); la situación de los efectos de la protección y conservación de las ANP, dirigida al mantenimiento y, en su caso, al incremento de su superficie y proporción respecto del territorio nacional, así como la prospectiva de la superficie de las áreas. (http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2020_1520_a.pdf).
El documento de la evaluación es extenso (168 páginas), así que sólo me permito presentar sus principales resultados con base en el año 2020. Es además muy valioso los datos crudos de cada ANP respecto a los indicadores que son presentados al final de esta.
En el 2020, la Conanp administró 182 ANP con una superficie total de 90 millones 831 mil hectáreas (al momento sólo se ha decretado un ANP más, con lo que actualmente son 183 ANP). A través del INDIMAPA, se identificó que, en conjunto, los resultados obtenidos en los indicadores permitieron verificar el logro del índice, a fin de evaluar el grado de implementación y gestión de cada una de las ANP; comunicar los resultados obtenidos y consolidados, así como monitorear sus avances y debilidades. Los resultados de 2020 se presentan a continuación:
México obtuvo un rango de atención medio en el índice de implementación y gestión, al contar con un promedio de 1.9 puntos en las 182 ANP de los 3.0 puntos posibles.
Durante el periodo 2015-2020, la implementación y gestión de las ANP en el país presentó una mejoría, al pasar de 75 a 91 ANP con un rango de atención alto, de 68 a 71 en un rango medio, y de 27 a 20 con un rango bajo, con una tasa de crecimiento anual de 3.9 por ciento y 0.9 por ciento, y un comportamiento anual descendente de 5.8 por ciento, respectivamente.
No obstante, aunque los avances en el periodo son significativos, en 2020, se identificaron áreas de mejora en cada uno de los 12 indicadores aplicados a las 182 ANP decretadas en el país, y que, en síntesis, se refieren a lo siguiente (página 100 a 101 de la evaluación):
1) En el indicador Programa de manejo, se identificó que, para 62 (34 por ciento) de las ANP no se había diseñado el programa, de los cuales, el 43.5 por ciento (27) se encontraba en proceso de elaboración; mientras que, para el 56.5 por ciento (35) no se han iniciado las gestiones para su ejecución.
2) Respecto al indicador Recursos humanos, en 42 (23.1 por ciento) ANP, no se llevaron a cabo las acciones prioritarias por la insuficiencia de personal. Al respecto, de 2015 a 2020, el capital humano de la Conanp presentó una disminución del 7 por ciento, al pasar de mil 284 a mil 194 servidores públicos.
3) En cuanto al indicador de Recursos financieros, en 71 (39 por ciento) de las áreas, los recursos no fueron consistentes con las necesidades de atención. En ese sentido, de los 847 millones 800 mil pesos ejercidos por la Conanp en ese año, el 76.2 por ciento (646 millones 311 mil 100 pesos) se dirigió, en términos generales, al pago de remuneraciones y prestaciones de los servidores públicos, al gasto de inversión, a la indemnización por expropiación de predios y arrendamiento de bienes informáticos, y la compra de combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos; mientras que el 23.8 por ciento (201 millones 488 mil 900 pesos) fue para el otorgamiento de subsidios para promover y fomentar las acciones de conservación y protección de los ecosistemas en las ANP del país.
4) Por lo que corresponde al indicador de Estructura administrativa, en 93 (51.1 por ciento) de las ANP no contaron con los bienes muebles suficientes y adecuados para atender sus necesidades de gestión. Al respecto, durante el periodo 2015-2020, no se asignaron ni ejercieron recursos en la Conano dirigidos al capítulo de gasto 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles, por lo que indicó que, dicha situación, limita la adquisición de mobiliario, equipo, embarcaciones con motores fuera de borda, sustitución de equipos propulsores que han cumplido su vida útil; además, de que la plantilla vehicular está conformada por modelos de más de 12 años de antigüedad en promedio.
5) Referente al indicador Consolidación territorial, en 32 (17.6 por ciento) de las superficies no se ha completado el proceso de regularización por la falta de documentación, de conclusión de las indemnizaciones y la existencia de terrenos en litigio y que, en 24 (13.2 por ciento), no se contó con la señalización y demarcación de sus límites terrestres y áreas marítimas.
6) En relación con el indicador Vigilancia y atención de contingencias ambientales, en 58 (31.9 por ciento) de las áreas no se contó con un programa para mitigar emergencias, de las cuales, el 48.3 por ciento (28) se encontraba en proceso de realización; mientras que, para el 51.7 por ciento (30), no se han iniciado las gestiones para su ejecución.
7) En el indicador de Investigación, en 43 (23.6 por ciento) de las ANP no se contó con información basada en investigaciones o no se utilizaron los resultados obtenidos con ellas para aplicarlas en la gestión de las áreas.
8) Respecto del indicador Monitoreo, en 132 (72.5 por ciento) de las ANP el seguimiento es insuficiente para generar información, principalmente, porque no se cuenta con personal capacitado o con acciones de vinculación con asesores o instituciones de investigación que la procesen; además, la supervisión está restringida a determinadas especies o zonas. En ese año, se identificó que, mediante el Programa para la Protección y Restauración de Ecosistemas y Especies Prioritarias, se conformaron 264 Comités de Vigilancia y Monitoreo Comunitario, mediante los que se tuvo una cobertura de acciones de vigilancia y recorridos en 3 millones 38 mil 454.8 hectáreas, que representó sólo el 9.4 por ciento de las 32 millones 285 mil 64.3 hectáreas de ANP susceptibles de ser vigiladas y monitoreadas.
9) En cuanto al indicador de Consejo asesor, en 69 (37.9 por ciento) de las áreas no se contó con ese órgano colegiado y, en 123 (67.6 por ciento), se determinó que su gestión fue nula o poco activa para proponer y promover medidas específicas para mejorar la capacidad de gestión en las tareas de conservación y protección de las superficies.
10) En correspondencia al indicador de Manejo por las comunidades tradicionales y/o locales, aun cuando en 139 ANP se dispuso de instrumentos que regularon el acceso y el uso sostenible de los recursos naturales por esas comunidades, en 109 (59.9 por ciento), no se contó con un sistema para registrar el seguimiento de los resultados económicos y sociales de la promoción de ese uso.
11) Referente al indicador de Uso público, en 13 (7.1 por ciento) ANP, la Conanp precisó que no se explotó ese potencial, en términos generales, por la falta de difusión para atraer la demanda, así como la insuficiencia de capital humano para ejecutar las acciones y darles seguimiento y que, en 121 (66.5 por ciento) la infraestructura no fue satisfactoria para los visitantes por la falta de mantenimiento.
12) En relación con el indicador Articulación, en 98 (53.8 por ciento) ANP no se presentó la intervención de las comunidades tradicionales y locales; en 17 (9.3) no se establecieron tramos de colaboración con los sectores social y privado y, en 16 (8.8 por ciento) no se definieron mecanismos de cooperación con el ámbito gubernamental para mejorar su gestión en la atención de sus necesidades.
Respecto de la meta Aichi 11, suscrita en 2010 dentro del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, con la cual México se comprometió a que, para 2020, al menos el 17 por ciento de las zonas terrestres y de las aguas interiores y el 10 por ciento de las zonas marinas y costeras, se conservarían por medio de sistemas de áreas protegidas, la superficie marina con decreto de ANP correspondió al 22.1 por ciento (69 millones 458 mil 600 hectáreas) de las 314 millones 992 mil hectáreas totales; mientras que la superficie terrestre cubierta por ANP fue del 10.9 por ciento (21 millones 372 mil 400 hectáreas) de las 196 millones 18 mil 900 hectáreas totales, por lo que para la primera se registró un cumplimiento del 120.5 por ciento de la meta, mientras que para la segunda se presentó un avance del 64.1 por ciento.
Ahora bien, de continuar con la tendencia observada en el periodo 2015-2020, no se atendería la meta del 17 por ciento establecida en el Plan Estratégico 2011-2020 del Convenio sobre la Diversidad Biológica ni siquiera al año 2030, ya que a dicho año se lograrían cubrir sólo 22 millones 625 mil hectáreas de las 33 millones 232 mil hectáreas necesarias; por lo que se requiere que la tasa promedio de crecimiento pase del 0.6 por ciento actual al 4.5 por ciento.
Creo, que la ASF nos indica de manera muy transparente y medible, que se debe hacer objetivamente para conservar la biodiversidad de México.
