En reunión con la Jucopo, representantes de las cinco casas de justicia adelantan que acudirían a la Suprema Corte y la CNDH. Recriminan a los legisladores que hayan dejado “para lo último” el acatamiento al fallo del máximo tribunal del país y que ahora pretenden organizar el ejercicio en un mes
Chilpancingo, Guerrero, 8 de marzo de 2022. Ante integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), señaló que la 63 Legislatura perdió una oportunidad histórica de representar a los pueblos originarios y afrodescendientes, dejando “para lo último” la organización de la consulta que les permitiría legislar sobre sus derechos, cuyo plazo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), vence el 14 de abril.
Los representantes de las cinco casas de justicia y asesores legales, ratificaron que no van “a convalidar procedimientos indebidos (para la consulta) fuera de tiempo, de completo desacato y desobediencia a la sentencia”.
No sólo eso, pedirán a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y al presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, que impulsen “los procedimientos necesarios para el debido cumplimiento de las sentencias”, soslayados por ésta y la anterior Legislatura.
Escucharon a la diputada del PT, Leticia Mosso Hernández, el coordinador de la facción del PRD, Raymundo García Gutiérrez, y el presidente de la Jucopo, el morenista, Alfredo Sánchez Esquivel.
Ante diversos a reclamos, los diputados sólo confirmaron que continuarán el proceso de consulta para atender la sentencia conforme al Protocolo para desarrollar de manera libre, previa, informada y de buena fe el proceso de consulta a las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos, hasta que la diputada Mosso respondió a señalamientos personales.
Destacó que la consulta permitirá conocer la opinión de la mayoría, no sólo de la CRAC, sobre la forma de hacer justicia comunitaria, dada la quejas en casos de matrimonios forzados y por los niños armados.
El consejero Regional CRAC-PC, en la Casa de Justicia Matriz de San Luis Acatlán, Juan Horta, replicó que también el ex gobernador Héctor Astudillo Flores usó los matrimonios forzados para desprestigiar a la coordinadora, luego que la Corte falló contra sus iniciativas de reformas y adhesiones, aprobadas en la 61 legislatura.
Precisó que los acuerdos matrimoniales son herencia de los españoles que continuó en municipios de Guerrero, Oaxaca y Veracruz, “es una herencia maldita que viene de la invasión. Hay usos y costumbres desde la época romana, que trajo un dicho: la costumbre se hace ley”.
Aclaró que la CRAC-PC no arma a niños, sino los grupos de policías comunitarios liderados por Bruno y Cirino Plácido Valerio que “recibieron alas” de los gobiernos de Ángel Aguirre Rivero y de Astudillo Flores, pero la gobernadora Evelyn Salgado Pineda ya le retiró la escolta y una camioneta blindada al primero.
“Con Aguirre Rivero, Bruno bajaba en helicóptero a Xaltianguis, y las más de 30 organizaciones de autodefensa que surgen en el estado después del 4 de abril de 2013, no salieron de la CRAC”.
Recordó que siendo coordinador de la CRAC-PC del 96 al 98, las autoridades federales y estatales reconocían que el territorio más seguro del estado era donde había presencia de la institución de seguridad y justicia. Así que “nos tiene sin cuidado el que usted u otros le echaran la culpa a la CRAC de problemas históricos que han permitido diferentes gobiernos y legislaturas, no de ahora sino de siglos”.
Primer debate en la preconsulta
De entrada, las autoridades comunitarias reclamaron el retraso de la reunión prevista a las 11 de la mañana, para hablar con el coordinador de la Jucopo por cinco minutos, y comenzó a las 2 de la tarde.
Sánchez Esquivel aseguró que el encuentro de ayer no tenía horario, y no sabía quién les dijo que sólo los atendería cinco minutos, porque en anteriores ocasiones todos han sido escuchados.
Por solicitud de los inconformes, ofreció una copia del protocolo en ese momento, y enviarles por escrito los documentos generados en el proceso, aclarando que todo lo que se realice será consultado en las comunidades de ascendencia indígena, en el qué, cómo, dónde y quiénes.
Al confirmar que los diputados pretenden realizar una consulta en un mes, la CRAC recordó que las sentencias de la Corte revirtieron “las reformas racistas y discriminatorias de 2018 a la Ley de Derechos y Cultura Indígena, por las luchas jurídicas y sociales de las instituciones de los pueblos”.
Así, “puso en su lugar la arbitrariedad, el desdén, la negación de los derechos históricos de nuestros pueblos”.
Anunció que no van a convalidar “sus indebidos procedimientos”, e irán de nueva cuenta a la CNDH y a la Corte a informar de la simulación que se pretende en la consulta, a ser los únicos garantes para reivindicar sus derechos.
Ante la advertencia, el perredista Raymundo García confirmó que el Congreso no tiene nada que esconder.
Horta Cruz consideró penoso que los diputados no reconozcan a la CRAC-PC como una institución representativa de los pueblos, porque revela que tampoco conocen los convenios y tratados, leyes y demás jurisprudencia que les da sustento legal.
“Prácticamente tres legislaturas con la actual, no han respetado los derechos de los pueblos indígenas, la CRAC es una institución soportada jurídicamente, todavía, por la ley 701, incluso en el artículo 14 constitucional que sigue vigente porque la suprema corte falló en contra de las reformas de 2018”.
Subrayó que nadie en esa mesa creía que podían sacar una reforma como lo marcan los estándares: libre, previa, informada de buena fe y culturalmente adecuada.
“Quedan 28 días laborales, 39 naturales. La reforma de Astudillo retrógrada de 2018, se llevó más tiempo de consulta con la Universidad Autónoma de Guerrero”.
De la comunidad afromexicana, Luis Ortiz Donato recalcó que una consulta al vapor del Congreso enoja mucho a las comunidades que realizaron 10 foros de consulta en 12 meses para impulsar una iniciativa que fue congelada en el Congreso local.
Recriminó también el tiempo de espera en la una cita de ayer, “ustedes no tienen empatía con nuestros pueblos, que son los que más hambre y marginación sufren. De verdad hago el exhorto, para que hablen con la verdad”.
El consejero regional, Sabás Aburto, recordó que, en 2017 el diputado de MC, Ricardo Mejía Berdeja, ahora Subsecretario de Seguridad del gobierno federal, presentó las iniciativas del ejecutivo, que sólo votó en contra la entonces diputada de Morena, María de Jesús Cisneros
Y dijo que pese a las acciones y reuniones para impulsar una reforma construida con las organizaciones y la CRAC, fueron ignorados
“Ustedes creen que pueden consultar y reformar la ley en 39 días. No van a cumplir con todas las fases de la consulta como debe ser. Si lo hacen va a caer otra vez. Entonces no engañen a la población indígena ni afromexicana”, señaló Aburto.
Alfredo Sánchez dijo que no intentan abrogar derechos de la CRAC, y respeta los intereses que llevaron a la 61 legislatura a reformar en materia de derechos indígenas, pero reiteró que están atendiendo el mandato de la Corte con un gran proyecto de consulta.
“Lo que acaban de señalar ustedes en su momento podrán juzgar y hacer lo que a derecho les corresponda, y seguiremos siendo respetuosos”, concluyó.
Enseguida, Raymundo García celebró que la CRAC se apoye en abogados, el ex diputado federal Rubén Cayetano García, Fernando Xochihua y Uriel Leal, para que evalúen el proceso de la consulta que tendrá fecha y hora para la participación, “no es una ocurrencia del Congreso, es un mandato de la Suprema Corte y debemos seguir lo que ahí está establecido”.
Mosso Hernández, a quien uno de la CRAC mencionó como esposa del diputado federal Victoriano Wences, aclaró que lleva dos legislaturas continuas como diputada plurinominal, es de la Montaña y conoce su región, pero nunca fue invitada a una reunión con la coordinadora, hasta ayer.
Destacó el apoyo de Wences a la coordinadora en la Montaña, “en patrullas, mantenimiento a unidades, no con todas con quienes han tenido confianza de acercarse con el licenciado, nuestro actuar es institucional”.
Añadió que tampoco fue parte de los 10 foros que realizaron con organizaciones sociales porque consideró que precisamente, no se cumplen los criterios de consulta que señaló la SCJN en las sentencias.
“Solamente se llamaba a integrantes de la CRAC, qué pasó con las demás comunidades, si bien es cierto que los conozco, y sé donde están, también debemos tomar en cuenta la voz de los demás sectores de las poblaciones indígenas”.
Entonces, mencionó los reclamos de las niñas en la Montaña, se necesita saber “si la población convalida la justicia que ustedes aplican… de forma institucional que quede claro, estaremos a favor de las mayorías. Así como los niños de 12 o 13 años con armas, “donde está el derecho a gozar de la niñez”
Concluyó que si el proceso de consulta no cumple con el mandato de la Corte, será la primera en impugnar.
Texto: Lourdes Chávez/Foto: Jessica Torres Barrera
