▼ Por aparte, MP, ministeriales y peritos demandan al Congreso local un incremento salarial y bonos para 2018
Los obligan a laborar seis días, no pueden inconformarse o protestar porque de inmediato sufren represalias, se quejan. El Grupo Táctico de Reacción Inmediata Centauro es una “faramalla” que “inventó” el subsecretario de Seguridad Pública, José Alfonso Díaz López, dicen. En Chilpancingo hay 300 efectivos en tres turnos que cuentan con 10 patrullas, la mayoría en mal estado.
Nota: Zacarías Cervantes
Foto: Archivo El Sur
Chilpancingo, Guerrero.- Sin equipo, armamento, vehículos ni combustible suficientes, los más de 3 mil policías del estado tienen que hacer frente al grave problema de violencia e inseguridad que se vive en la entidad, y son obligados a cumplir agotadoras jornadas de seis días consecutivos de trabajo, por únicamente tres de descanso.
Ante estas circunstancias, los agentes, además, no pueden inconformarse o protestar porque de inmediato sufren represalias, como ocurrió con los 176 que fueron despedidos en junio pasado. O bien, como castigo, son cambiados a zonas de alto riesgo, como Chilapa, la sierra o Tierra Caliente.
Los policías denunciaron, que el recién formado Grupo Táctico de Reacción Inmediata Centauro es una “faramalla” que “inventó” el subsecretario de Seguridad Pública, el teniente del Ejército mexicano José Alfonso Díaz López. A los integrantes de este grupo únicamente les entregaron 30 motocicletas nuevas, y las otras 60 fueron reparadas y pintadas dos días antes de que el gobernador diera el banderazo al nuevo grupo, el 9 de octubre pasado.
Temerosos de las represalias, un grupo de policías pidió hablar a escondidas con este reportero para contar las graves condiciones laborales a las que son sometidos a partir de la protesta de finales de mayo pasado, que derivó en el despido de 176 policías el 1 de junio.
Entonces, los agentes demandaban jornadas de tres días de trabajo por tres de descanso, pero en represalia les aumentaron a seis días consecutivos de trabajo por tres de descanso; la demanda se debió a que faltan elementos en la corporación, ante las constantes protestas sobre todo en la capital, donde hay solamente 300 policías en tres turnos, que cuentan con sólo 10 patrullas, la mayoría en mal estado.
Un policía denunció que durante los seis días de trabajo, que a veces se prolongan a ocho, no pueden ir a sus casas, y comen y duermen en el cuartel o a bordo de las patrullas en los sitios donde se encuentren desempeñando su trabajo. Además tienen que permanecer “estáticos” en algún sitio para no gastar gasolina, porque la ración no les alcanza para patrullar las 24 horas.
“Así no podemos rendir buenas cuentas, ni dar buenos resultados, son jornadas agotadoras y siempre los delincuentes nos superan en armamento, vehículos y en movilidad”, se quejó uno de los policías.
Para los agentes consultados, esa es la causa de que no haya resultados en la prevención de la violencia e inseguridad que cada día aumenta en la entidad, “si trabajar 24 horas corridas es desgastante, ahora imagínese seis días”, se quejó uno de los policías.
Los mandos militares reprimen a los policías y no dan resultados en el combate a la violencia, se quejan
Los agentes también contaron que en las principales área de la Secretaría de Seguridad Pública están al frente militares, quienes únicamente han logrado el control al interior de la corporación mediante la represión a los agentes, pero no han dado resultados en el combate a la violencia y la inseguridad.
En la subsecretaría fue designado hace dos meses el teniente del Ejército mexicano, José Alfonso Díaz López, a quien le atribuyen la creación del Grupo Táctico de Reacción Inmediata Centauro; recordó que el día que el gobernador dio el banderazo al nuevo grupo fueron colocadas adelante para la fotografía las motocicletas nuevas, y otras 60 fueron reparadas y pintadas dos días antes del evento, el 9 de octubre, en la Universidad Policial (Unipol).
Ese día, el secretario de Seguridad, Pedro Almazán Cervantes dijo en su discurso que las motocicletas fueron adquiridas con un remanente del Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública de 2014 y 2015, pero cuando los reporteros le preguntaron al final del evento a cuánto ascendió la inversión, el funcionario evadió responder.
El día del banderazo, el secretario Almazán Cervantes informó que el nuevo grupo policial se creó para mejorar el tiempo y la capacidad de respuesta ante los hechos delictivos. El grupo fue formado en sólo dos meses, y se dijo que “es pionero y único en este tipo en el país, y que su principal distintivo es el empleo de motopatrullas que, por la movilidad ofrecen rapidez, capacidad de adaptación y desplazamiento en casi todo tipo de terreno.
Los agentes explicaron que el problema es que la mayoría de las parejas se tienen que mover en motocicletas viejas y con escaso combustible.
Contaron que el proyecto original era conformar un grupo de 300 elementos, 150 serían asignados a Acapulco y 150 a Chilpancingo, pero solamente se alcanzó a reunir a 180 elementos, la mitad fueron enviados a Acapulco y la otra mitad en Chilpancingo.
A los policías de este grupo les ofrecieron un bono de riesgo e incentivos, pero a casi un mes de que comenzó a funcionar, siguen con las mismas percepciones que el resto de los policías estatales.
Los policías se quejaron de que ese día, 30 de sus compañeros recibieron simbólicamente uniformes y armamento nuevo para “lucirlos” durante la ceremonia encabezada por el gobernador, pero que al final les quitaron los uniformes y el armamento nuevo.
Otra queja de los agentes es la militarización de todas las áreas de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, contaron que uno de los jefes cuestionados es el coordinador en la región Centro, Ramiro Espinoza Jiménez, quien antes estuvo a cargo de los centro de Cómputo, Control, Comunicación y Comando (C4), y actualmente está también a cargo de la Unidad de Análisis Táctico, que es el área adonde llega toda la información.
Se quejaron de que el funcionario fue designado en el área recientemente, a pesar de que en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero fue despedido del Sistema Estatal de Información Policial (Sipol), después se fue a la Policía Federal, de donde ahora llegó como comisionado al C-4.
Los agentes declararon que los militares designados en los principales cargos de la Secretaría de Seguridad Pública no ha servido para abatir la violencia y la inseguridad, y que únicamente han logrado “poner orden” dentro de la corporación mediante la represión y las amenazas a los agentes que se inconforman por las condiciones laborales “inhumanas” a las que son sometidos.
Piden MP, ministeriales y peritos al Congreso local un incremento salarial y bonos para 2018
Nota: Rosalba Ramírez García
Chilpancingo, Guerrero.- La Asociación de Agentes del Ministerio Público, Policía Ministerial y Peritos AC de la Fiscalía General del Estado (FGE), pidieron a través de un oficio a integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local, que para el presupuesto 2018 les incrementen su sueldo, un bono de fin de año y el bono de alto riesgo.
El documento lo firmó, como presidente de la organización Juan Rivera Altamirano; el secretario Jesús Castrejón de la Cruz; también Salvador Vargas Carrasco; Enrique Gil Mercado; los delegados de Ministerios Públicos, Juan Ramón Rodríguez y Elizabeth López Peña, y los delegados de peritos María Guadalupe Hernandez Vega, Clemente Vázquez Berber y Jesús Apatiga Basilio.
En el que explican los servidores públicos de la FGE que la mayoría de las veces, las capacitaciones que realizan, como la del nuevo sistema penal acusatorio, las realizan con recursos propios.
Afirman en el documento que también trabajan horas extras “a cualquier hora del día o noche, desvelados, sin comer y trasladándonos a zonas de alto riesgo”.
Pidieron que se dignifique su trabajo con “mejores salarios y prestaciones”, solicitud que han realizado al fiscal Javier Olea Peláez, incluso al gobernador Héctor Astudillo Flores, pero no han tenido respuestas favorables a sus solicitudes.
Al Poder Legislativo le solicitaron incremento de sueldo, para que sea “digno, decoroso y suficiente”, para el que pidieron que se tome en cuenta “el alto riesgo de nuestras labores”.
Compararon los sueldos de los ministerios públicos, policías ministeriales y peritos de otros estados, donde afirman que ganan 30 mil pesos mensuales.
También pidieron que la “dotación complementaria”, que se refiere a un bono de fin de año, sea incrementada o se mantenga el que se dio el año pasado, de 20 mil pesos, para titulares del Ministerio Público y 14 mil para los auxiliares, 16 mil para los peritos y 4 mil a policías ministeriales.
Pero también que el bono de alto riesgo sea entregado a todos los trabajadores, pero principalmente y más altos a los operativos, como son los peritos y policías ministeriales, “nos vemos la cara con los delincuentes en las declaraciones. Así como en las audiencias orales, corriendo el riesgo de arriesgar la integridad física y familiar”.
En el documento informan que el personal con categoría de auxiliar del Ministerio Público y administrativos de la FGE, reciben mensualmente mil pesos por el concepto de “alto riesgo”.
Lea toda la información en nuestra edición de este sábado 4 de noviembre:
▼ Páginas 5 y 8
