Es una muestra además del incumplimiento de la orden de la Corte de realizar una consulta sobre derechos indígenas, señala el vocero de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Raúl de Jesús Cabrera. Debe asumir su responsabilidad Alfredo Sánchez Esquivel, demanda el abogado Rubén Cayetano
Chilpancingo, Guerrero, 22 de abril de 2022. La modificación al contenido de la Ley 179 sobre el Sistema de Seguridad Pública del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, es una muestra de la manipulación que quiere hacer el Congreso para justificar que cumplió la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de hacer una consulta en materia de derechos indígenas, señaló el vocero de la casa de justicia de San Luis Acatlán, Raúl de Jesús Cabrera.
Informó además que la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), solicitó audiencia ante la Corte, para plantear sus argumentos contra la consulta del Congreso.
Con respecto a la modificación del contenido del artículo 30, fracción VIII de la Ley 179, denunció que “con eso vemos con claridad cómo el Congreso local ha manipulado todo lo que tiene que ver con los pueblos indígenas”.
“La manipulación viene desde la consulta y ahora, incluso, están manipulando lo que ellos mismos aprobaron. Se ve clarito que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) es el área que se ha encargado de subestimar a las comunidades indígenas”.
Para De Jesús Cabrera es triste el papel que están desempeñando los legisladores. “Según ellos hablan de que el Congreso tiene dignidad, que representa a las comunidades, sin embargo eso prueba que no es así”.
Agregó que si ellos dicen que quieren recuperar la dignidad del Congreso, “a nosotros como institución comunitaria nos parece deben hacerlo renunciando a sus curules”.
Siguió: “Deben renunciar para descargo de su propia conciencia, antes de esperar que los sancionen, porque los demás diputados están pidiendo que se sancione a la persona que realizó la modificación de la ley, pero no es sólo él, la manipulación viene desde atrás, desde la consulta”.
Además que no debe ser sólo una sanción económica, porque la van a cubrir con cargo al presupuesto, sino que “deben de renunciar”.
El vocero de la CRAC dijo que seguramente con esa modificación a la ley que aprobaron pretendían justificar lo que les mandató la SCJN, “sin embargo no se dan cuenta el tamaño de la afectación que están cometiendo contra las comunidades indígenas y a su institución comunitaria”.
Por su parte, el asesor jurídico de la CRAC, Rubén Cayetano García escribió en su cuenta de Facebook que “la insana” intención del presidente de la Jucopo Alfredo Sánchez Esquivel, al decir que fue un “error involuntario”, es para evadir su responsabilidad en ese asunto.
“Alterar el texto de un artículo transitorio de la Ley 179 de Seguridad Pública del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en su publicación, y decir que es un “error involuntario”, constituye una gravísima muestra de desprecio a la legalidad e incomprensión a la magnitud del problema”.
El ex diputado federal por Morena insistió que el Poder Legislativo ya es un “grave problema de ilegalidad para el Esta-do” y se puede convertir en un problema de ingobernabilidad.
Opinó que lo correcto es iniciar una investigación inmediata y pública para saber quiénes son los responsables materiales e intelectuales de ésta conducta ilegal e inverosímil, “que sienta un negativo precedente para el trabajo legislativo”.
Advirtió que no hacerlo implicaría no castigar “y entonces estaríamos frente a otra impunidad contra las y los guerrerenses”.
En espera de que la Corte les confirme audiencia
El coordinador de la CRAC, Raúl de Jesús Cabrera informó que ya integraron un expediente que enviaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que será la instancia que presentará el recurso de impugnación ante la SCJN en contra de la consulta que realizó el Congreso local para cumplir con la sentencia de la Corte que invalidó las leyes 701 y la 777 en materia indígena.
Agregó que las autoridades de la CRAC solicitaron una audiencia con la Corte para que vayan a argumentar por qué están en contra de la consulta; “vamos a explicar verbalmente cómo se dio el proceso y a argumentar todas nuestras pruebas que presentamos a través de la CNDH”.
Declaró que como autoridades comunitarias están obligados a explicar lo que hizo el Congreso, “porque éste quiere justificar que realizaron la consulta de acuerdo a la que mandató la SCJN, sin embargo ellos no realizaron la consulta, lo que hicieron fueron reuniones nada más para ir levantando la firma de las actas que ellos tienen”.
De Jesús Cabrera informó que por ahora están en espera de que la Corte les dé respuesta a su solicitud.
Texto: Zacarías Cervantes / Foto: Archivo
